30 agosto 2009

Indiferencia

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 30 de agosto de 2009
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Mediterráneo es el mar que separa el continente europeo y el africano. Literalmente significa en medio de las tierras. Quizás así los romanos lo entendían: un mar que separa dos tierras, mas que también las une. Un puente, una conexión, entre dos tierras distintas, pero cercanas. Eso era ese mar. Porque hoy ya no lo es. Hoy es el territorio de agua teatro de las tragedias migrantes y es el espejo claro de la indiferencia humana.

El 20 de agosto pasado, una balsa fue interceptada por un barco de la armada italiana unas cuantas millas al sur de las costas italianas. En ella, cinco migrantes de Eritrea. Su aspecto: Parecían fantasmas [...] El cuerpo esquelético, la mirada perdida en el vacío, dijo un operador del Centro de Acogida que los recibió. El testimonio de los cinco supervivientes describió la tragedia: Éramos 78 personas las que salimos de Libia hace más de 20 días. Somos los únicos que sobrevivimos. Nuestros compañeros morían y los tuvimos que tirar al mar. Los sobrevivientes fueron una mujer, dos hombres y dos menores de edad. Esta enésima tragedia del mar, que suma estos 73 a los ya más de 15 mil muertos a las fronteras de Europa en los últimos 20 años, resume y reúne todas las características de la actual coyuntura por lo que tiene que ver con la política migratoria italiana y los trasfondos sociales que ésta está teniendo. Porque este caso, además de confirmar la peligrosidad y las trágicas consecuencias de las políticas migratorias hoy vigentes en distintas partes del mundo (esto es la externalización de las fronteras y la represión de las corrientes migratorias), pone en evidencia la separación, la fractura inevitable entre el nosotros y el ellos.

En este contexto, el pronombre nosotros, que identifica a las poblaciones nacionales que refuerzan sus fronteras frente la temida invasión de migrantes, se refuerza y se caracteriza hoy más que nunca por su egoísmo social y su intrínseca maldad, quizás durante largo tiempo reprimida, pero hoy libre de expresarse al amparo de quienes hoy gobiernan, es decir los sectores más francamente racistas de la clase política italiana. Este nosotros (quien escribe es de origen italiano), que en la actual crisis se pone en la búsqueda ansiosa de una nueva identidad frente las incertidumbres del futuro próximo, no logra encontrar otra manera de existir sino en la confrontación competitiva (aunque con enormes ventajas) con ese otro ellos.

Ese ellos son los migrantes, los extranjeros, los diferentes, los que vienen de lejos o simplemente de otro lado, los que vienen aquí, en nuestras tierras, a buscar la fortuna que no pudieron construir en su propia tierra. Ese ellos, son los migrantes, cuya única culpa, efectivamente, es la de tener un sueño y un deseo distinto para sus propias vidas. Ellos están solos, en ciertos casos literalmente, como en esta enésima tragedia del Mediterráneo, en otros metafóricamente. Estos migrantes están abandonados, a veces en medio del mar, en donde, durante 20 días, estuvieron a merced de los eventos naturales aunque, atestiguan, al menos 10 barcos pasaron cerca de nosotros y ninguno nos rescató, otras veces frente a las leyes cada vez más represivas.

La distinción entre nosotros y ellos se determina a través de la nueva ley, no escrita: la indiferencia. Y esta indiferencia es el punto de arribo al que ha llegado la sociedad italiana (y quizás europea). Es por eso que no sorprenden las tomas de posición del gobierno italiano al poner en duda la veracidad de los testimonios de los supervivientes. De la misma manera, entre los comentarios ciudadanos a la tragedia se asoman dichos como el siguiente: la verdadera tragedia son los cinco supervivientes. Sin embargo esa indiferencia se alimenta también de elementos tan concretos como son la necesidad de reforzar una imagen gubernamental puesta en entredicho por la crisis económica que está acercando a la pobreza a millones de ciudadanos y por los continuos escándalos del que es protagonista el primer ministro. Y entonces que al menos el gobierno sea bueno en su misión de salvarnos de los invasores neobárbaros, los migrantes, a través del rechazo en alta mar (ilegal bajo distintos acuerdos internacionales), de la repatriación forzada (al límite de la condena a muerte, en los casos de potenciales refugiados), del abandono en el mar (que viola la más antigua ley del mar: el rescate de los náufragos).

La oposición a leyes injustas o prácticas ilegales es fundamental, así como la constante denuncia y visibilización de los problemas. Sin embargo la indiferencia que se está apoderando del corazón y de las mentes de millones representa hoy un peligro tan real como lo fue en otras épocas y en otros contextos. Sería peligroso no tomar en cuenta esta creciente apatía, pues no es deseable mañana revivir el embarazoso sentido de culpa que no nos hizo impedir la deportación y la muerte de millones en los campos de exterminio nazi. Esta indolencia que nos conquista inexorablemente se carga hoy de mayor potencial arrepentimiento, pues hoy no existe dictadura tan feroz como aquella que nos obligue, de cierta manera, a cerrar los ojos frente a las tragedias que ocurren en nuestro horizonte. Combatir esa desidia es hoy necesario y inevitable si queremos rescatar los principios de un mundo mejor y posible, y no seguir a la deriva hacia el peor de los mundos probables.

23 agosto 2009

Barruntos de fascismo

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, nº 1712, el día 23 agosto 2009.
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Cerca de Florencia, en las calles de la ciudad de Massa Carrara, se enfrentaron a golpes militantes de la Asociación de Solidaridad Proletaria (ASP) –un grupo de activistas de izquierda– con miembros del llamado Socorro Social y Seguridad (SSS), organización vinculada al partido de extrema derecha Fuerza Nueva.
Los militantes de la ASP caminaban por las calles del centro histórico de Massa­ Carrara, el pasado 25 de julio, cuando escucharon consignas e himnos fascistas que provenían de una cafetería, cuyo dueño los saludó al estilo nazi: el cuerpo erguido y el brazo derecho tendido al frente. Entre los clientes de la cafetería se encontraban militantes del SSS. Ambos grupos intercambiaron insultos, y minutos después volaron sillas y botellas.
El resultado: tres militantes de la ASP detenidos, tres policías heridos y varias personas sujetas a investigación judicial.
Se trató del primer enfrentamiento violento provocado por las llamadas “rondas”: organizaciones civiles neofascistas que realizan supuestas labores de “vigilancia y de seguridad” en sus barrios, pero que en realidad denuncian, hostigan o atacan a inmigrantes o a militantes de grupos de izquierda.
El Congreso italiano aprobó la Ley No. 733-B, el pasado 2 de julio, que permite la existencia de estas “rondas”. La ley entró en vigor el sábado 8 y establece que las administraciones locales (municipios) podrán “utilizar la colaboración de asociaciones de ciudadanos no armados con la finalidad de señalar a las fuerzas del orden eventos que puedan causar daño a la seguridad urbana o situaciones de malestar social”.
El principal impulsor de esta iniciativa fue el Partido de la Liga del Norte, que integra la coalición del gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi. Su intención era legalizar las actividades de una de sus organizaciones: la Guardia Nacional Padana (GNP), la cual tiene “miles de miembros” en las regiones del norte del país que trabajan para tener “control ciudadano” sobre el territorio que habitan, según pregona su página en internet.
Existen otras organizaciones lideradas por representantes del fascismo italiano, entre las que destaca la Guardia Nacional Italiana (GNI). El pasado 13 de junio sus dirigentes ofrecieron una conferencia de prensa para presentar la imagen de sus militantes: uniforme color caqui con rayas negras a los costados del pantalón, cinturón negro, corbata negra y una banda también negra atravesada en el pecho. El “águila imperial”, símbolo del antiguo imperio romano, adorna la parte frontal de su gorra militar. Sobre la bolsa derecha de la camisa aparece un listón con los colores de la bandera de Italia y la inscripción en latín Domine dirige nos (Dios, guíanos). Un brazalete exhibe la imagen del “Sol Negro”, una figura parecida a una esvástica de 12 puntas que simboliza el esoterismo del norte de Europa.
Los objetivos de la GNI: “Garantizar un punto de encuentro para todos los italianos que quieren hacer algo concreto por su patria (…) Formar verdaderos patriotas nacionalistas que presten sus servicios al Estado italiano, a su unidad, a su Constitución y a su seguridad”, según se lee en su portal.

Los camisas caqui

Después de esa exhibición de los dirigentes del GNI, varios partidos de izquierda advirtieron sobre el peligro de que existan grupos como el de las “camisas caqui”, en clara alusión a las “camisas negras” de la época de Mussolini.
Marco Minniti, responsable de temas sobre Seguridad del opositor Partido Democrático (PD), exigió el 14 de junio ante reporteros que el gobierno “ponga freno a este desconcertante delirio”.
Ese mismo día, Massimo Donadi, presidente de los diputados del Partido Italia de los Valores (IDV, por sus siglas en italiano), señaló también a la prensa que “las camisas caqui recuerdan muy de cerca a las SS”. Y añadió: “La GNI evoca de nuevo la más terrible página de la historia europea (…) Son una ofensa a nuestra historia y a nuestra democracia”.
Sin embargo, Gaetano Saya, fundador y líder moral de la GNI, afirma: “Nosotros seguimos nuestro camino. Nuestra organización está registrada como asociación civil. No estamos violando ley alguna”.
En entrevista telefónica con el reportero, Saya considera que “son estupideces” las referencias que vinculan a su organización con el fascismo. Sostiene que las llamadas “rondas negras” o “camisas caqui” son “una cortina de humo” inventada por “los periodistas italianos, los cuales son unos mentirosos, difamadores de profesión”.
En 2002 el procurador de Justicia de Milán, Armando Spadaro, enjuició a Saya por “discriminación racial” debido a que reprodujo en su página de internet una frase de Hitler acerca de la “superioridad de la raza aria”.
Apenas el pasado 14 de junio, el procurador Spadaro inició una averiguación previa para determinar si existen elementos para acusar a la GNI de violar la ley 645 de 1952 que prohíbe la reorganización del partido fascista en Italia. Sobre Spadaro, Saya dice: “Es un payaso. Es un comunista subversivo que tiene que ser arrestado”.
Saya explica que la GNI está registrada como organización nacional para la “protección civil”. Enumera sus dos principales tareas: ofrecer seguridad y solidaridad a los italianos, “quienes se sienten en peligro a causa de la enorme masa de inmigrantes extranjeros, que nosotros llamamos no italianos, que roban, violan, asaltan, trafican droga, matan”, dice. Es por ello que “hemos propuesto a todos los italianos que se sienten patriotas a que vistan la camisa nacionalista de color caqui”.
Precavido, señala que su organización no tiene facultades para imponer el orden, sino para llamar a las fuerzas policiacas en caso de que detecte la comisión de algún delito. Pero no oculta su posición sobre los inmigrantes: “Los italianos son despedidos y los no italianos son contratados. ¿Podemos permitir esto? No, nosotros no lo vamos a permitir nunca. Hasta allí llegará nuestra represión: feroz, dura e implacable”.
De acuerdo con el sitio web de la GNI, esta organización cuenta con más de 2 mil voluntarios dispersos por toda Italia. Saya expresa que la mayoría de sus miembros son ciudadanos “de todo tipo de origen social e ideológico” que tienen un punto en común: “están cansados de sufrir los abusos de los inmigrantes”. Reconoce que “el núcleo fundador del movimiento está compuesto por personas que proceden del cuerpo de los Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de la Policía”.
Insiste: “No somos nazis y el fascismo pertenece a la historia”. Sin embargo, comenta que “el próximo 4 de noviembre haremos una manifestación en Roma en la que juraremos fidelidad a la patria, pues los italianos somos un pueblo de héroes que por mucho tiempo fue aniquilado, humillado, pero ahora el viento de la historia ha vuelto a soplar en Italia y el mundo verá por tercera vez la fuerza de Roma y de sus legiones… Dios está con nosotros”.

Desde las sombras

El pasado 13 de junio, durante la citada conferencia de prensa, la GNI presentó como su presidente nacional a Maurizio Correnti, exteniente del grupo especial “Los Alpinos” del Ejército italiano, y como comandante general a Augusto Calzetta, excoronel del cuerpo de Carabineros.
En 2007, la Procuraduría de Justicia de Massa Carrara inició un juicio en contra de Calzetta por los delitos de “asociación delictuosa”, “tráfico de cadáveres” y “fraude”. Según notas de prensa sobre el caso –aún abierto en el tribunal local–, Calzetta era encargado del cementerio de la ciudad, cargo que aprovechaba para despojar a los cadáveres de objetos de valor (joyas, piezas dentales de oro, ropa) antes de incinerarlos.
En 2005, Calzetta y Saya fueron enjuiciados por la Procuraduría de Justicia de Génova. Y es que, tras los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Saya fundó el Departamento Estudios Estratégicos Antiterrorismo (DSSA, por sus siglas en italiano), al que se incorporó Calzetta. Esta organización se dedicaba a investigar de manera ilegal a personas y a supuestos grupos terroristas islámicos asentados en Italia. Lo hacía en forma paralela a los servicios secretos italianos, pero mantenía estrecho contacto con varios de sus agentes y funcionarios. La Procuraduría genovesa concluyó que el DSSA realizaba actividades clandestinas sin autorización oficial y ordenó su disolución y la detención de sus líderes, Saya entre ellos.
El DSSA estaba formado por “un conjunto de espías, neofascistas y policías que no solamente tenían contacto con el servicio secreto militar, sino que tenían acceso a los bancos de datos del Ministerio del Interior”, explicó el pasado 4 de junio Saverio Ferrari, investigador de la organización civil Observatorio Democrático y experto en el tema de movimientos subversivos de derecha en Italia.
Durante una entrevista publicada por el portal Peace of Reporter, el investigador recordó que “la Procuraduría bloqueó el sitio de internet del DSSA. En éste anunciaba que crearía grupos para proteger al país. Además, decía que tenía una estructura paramilitar uniformada que, según sus planes, intervendría en auxilio de las fuerzas armadas en caso de emergencia nacional”.
La relación de estas organizaciones con las fuerzas políticas de derecha no es un secreto. El mismo Saya reconoce que muchos de los miembros de la GNI pertenecen también al Movimiento Social Italiano (MSI, el partido surgido en 1946 y heredero del Partido Nacional Fascista de Mussolini) o al Partido Nacionalista Italiano”, creado apenas en abril pasado.
En el sitio web de la GNI se admite que esta organización tiene “relaciones de amistad con Fuerza Nueva”, cuyo presidente nacional es Roberto Fiore, a quien un tribunal de justicia señaló como uno de los presuntos responsables de la mayor matanza terrorista en Italia: el bombazo del 2 de agosto de 1980 en Bolonia, que dejó 85 muertos. Sin embargo, Fiore aprovechó que fue liberado del arraigo provisional al que fue sometido para escapar a Londres. Vivió ahí 20 años. En ese tiempo fundó una agencia de de colocación de empleos temporales. Hizo una fortuna. Cuando en el año 2000 el tribunal no encontró evidencias sobre su participación en esa matanza, Fiore regresó a su país y con el dinero que ganó en Londres financió la creación del partido Fuerza Nueva.
Según Ferrari, incluso el primer ministro italiano Silvio Berlusconi tuvo contacto con Saya en 2005, cuando “se dirigió a su organización en la búsqueda de una alianza electoral. Saya estaba en arraigo domiciliario, así que la esposa de éste acudió a la cita con Berlusconi. El encuentro no produjo ningún acuerdo”.
Dos días después del enfrentamiento en Massa Carrara, el 27 de julio, el alcalde de esta ciudad, Roberto Pucci, declaró que no sospechaba que las cosas “llegarían a este punto”. Y anunció: “Prohibiré las rondas organizadas por la derecha. La propias siglas SSS son una provocación”.
El 8 de julio la Procuraduría de Justicia de Milán inició una averiguación previa por “apología del fascismo” en contra de la “ronda” Blue Berrets. Esta organización –cuyo presidente es Vincenzo Scavo, miembro del MSI– prestó hasta el pasado 6 de julio “el servicio de vigilancia en la red de transporte metropolitano” de la ciudad. Para ello suscribió un acuerdo con el gobierno local, el cual le pagó 220 mil euros.
En entrevista con Proceso, Sergio Zulian, miembro de la asociación Racismo Stop, dice que “en Italia existen amplios sectores de la sociedad –cuyos representantes gobiernan al país– que apuestan a una salida autoritaria de la actual crisis económica”. Explica que estos dirigentes de derecha “utilizan una serie de episodios de crónica roja, algunos de ellos graves, para fomentar el miedo entre la población y ofrecer respuestas radicales y emotivas en el plano de la seguridad, las cuales limitan los derechos de la ciudadanía”.
Este modelo de seguridad, según Zulian, “es muy ambiguo, porque se promueve que los ciudadanos sean los que participen, que sean comunidad, pero lo hace a través de la exclusión social y la militarización del territorio”.
El activista italiano señala que la Ley 733-B “ofrece a grupos de extrema derecha la oportunidad de salir a la luz y estar presentes en diversos territorios del país”.
Y concluye: “Es evidente que este tipo de políticas evocan lo peor: los monstruos de la historia”.

Il presidente autorizzó le squadre paramilitari

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 23 agosto 2009
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«A partire dalla metà del 1994, l'esercito messicano ha ricevuto l'approvazione presidenziale per istituire squadre militari con l'incarico di promuovere la formazione di gruppi armati nell'area del conflitto in Chiapas. Lo scopo era quello di appoggiare il personale (sic) indigeno locale nella resistenza nei confronti dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (Ezln)».
Questo è quanto si legge in un telex inviato il 5 maggio 1999 dall'ufficio messicano della Dia, il Servizio Segreto Militare americano, alla sede centrale a Washington. Il documento, recentemente declassificato dal governo americano e reso pubblico dall'organizzazione National Security Archive (Nsa), aggiunge un commento tragico: «Inoltre, durante il mese di dicembre 1997, quando accadde la strage di Acteal, ufficiali dell'Esercito messicano erano coinvolti nella supervisione dei gruppi armati presenti nella zona Altos, in Chiapas».
L'informazione viene finalmente a confermare ciò che sin dall'epoca dei tragici fatti di Acteal si diceva da più parti, in particolar modo nei settori della società civile affini alla lotta zapatista, ovvero che il governo messicano stesse promuovendo la formazioni di gruppi paramilitari in Chiapas per contrastare la guerriglia indigena. Questa versione, sempre negata in seno al governo dell'allora Ernesto Zedillo, è riapparsa con forza proprio in questi giorni, dopo che la Suprema Corte di giustizia della nazione (Scjn) ha rilasciato, «per irregolarità processuali», 20 indigeni accusati del massacro del 22 dicembre 1997 nel villaggio di Acteal (il manifesto, 15 agosto 2009).
Il documento, che coinvolge direttamente anche l'amministrazione dell'allora presidente Carlos Salinas de Gortari (cui successe Ernesto Zedillo, nel dicembre 1995), racconta nei dettagli la strategia adottata dall'esercito messicano per la formazione dei «gruppi armati», stessi che vengono definiti paramilitari solamente nel titolo del messaggio: «Coinvolgimento dell'esercito nei gruppi paramilitari in Chiapas». Spiega il documento: «Nei primi giorni dell'estate 1994, l'Esercito creò squadre di intelligence specializzate (Humint) responsabili di raccogliere informazioni tra gli indigeni nella zona Altos e Cañadas (rispettivamente nel centro dello Stato e nel sud, ndr) ».
Continua il telex: «Questi gruppi erano composti principalmente da giovani ufficiali, con il grado di capitano, e alcuni sergenti che parlavano il dialetto (sic) regionale. Gli Humint erano composti da tre o quattro persone ed erano riassegnati a rotazione ad altre zone dello stato ogni tre mesi». Per ragioni si sicurezza, spiega il documento. Poi aggiunge: «Per guadagnarsi il sostegno delle comunità locali e per raccogliere maggiori informazioni, i gruppi Humint appoggiavano i gruppi armati con addestramento e protezione di fronte agli organi di giustizia ed ai reparti militari dislocati nella zona».
Infine, l'informazione dei servizi americani, spiega che anche se «la stampa ha posto l'attenzione pubblica sul fatto che l'Esercito stesse appoggiando i gruppi armati, nessun membro dell'Esercito è stato mai trovato direttamente colpevole, né l'esistenza degli Humint è stata mai rilevata».
Dal passato al presente del messaggio, il 1999, il telex dice che «anche se la pratica dell'appoggio diretto ai gruppi armati si è ridotta, gli Humint continuano ad operare nell'area del conflitto e dipendono dai gruppi armati per la raccolta d'informazioni relative ai simpatizzanti dell'Ezln».
I documenti resi pubblici dal Nsa sono quanto mai provvidenziali. Lo scandalo generato dalla scarcerazione di 20 dei 75 condannati a diverse decine d'anni di reclusione, ha riportato in auge il dibattito circa la strategia adottata dal governo messicano per affrontare l'Ezln. Si diceva allora e si sostiene ancora oggi, che, seguendo i lineamenti dei manuali di guerra irregolare realizzati dall'esercito statunitense, il governo messicano stesse promuovendo la creazione di gruppi paramilitari in Chiapas perché realizzassero il «lavoro sporco», ovvero tutta una serie di compiti «politicamente delicati»: minacce, omicidi, pressione armata, sfollamenti, terrorismo psicologico e fisico, ecc...
Per anni negata, questa versione viene finalmente confermata e nel modo più tragico: poche linee, telegrafate, per descrivere una realtà di terrore e morte, culminato con la peggiore strage della storia recente messicana. Rimane da chiedersi, a questo punto, se anche gli attuali gruppi armati presenti in Chiapas e che continuano ad esercitare la violenza sulle basi d'appoggio dell'Ezln - tutti civili - siano anche loro il frutto di tali strategie. La risposta, oggi, è meno difficile da trovare.

15 agosto 2009

Regularizando a los "ilegales"

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 15 de agosto de 2009
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Parece contradictorio, pero la realidad es esta: las clamadas y reclamadas regularizaciones de ciudadanos migrantes ilegalmente residentes en un territorio son un instrumento, uno más, que sirve al sistema de represión de las corrientes migratorias. Es preciso decir que esto no significa en lo absoluto no fijar como horizonte inmediato la necesidad de las regularizaciones, que representan sin duda una salida concreta y real para la vida de millones de personas, quienes, por no tener un papel, pierden de hecho sus derechos ciudadanos. Es imposible, por ejemplo, olvidar las imágenes de cientos de personas constituyendo largas filas afuera de las oficinas gubernamentales en la espera de poder entregar el amplio papeleo que suele pedirse en estos casos. Miles de seres humanos que esperan y concretan en algunos casos la posibilidad de salirse, escaparse, de un estatus absurdo y terrible: la ilegal estancia. Absurda, porque es evidente que ningún ser humano puede ser ilegal. Terrible, porque expone alma y cuerpo a la explotación, al chantaje, al miedo.

Y sin embargo los actos legislativos que abren paso a las regularizaciones masivas en los países que hospedan a migrantes irregulares se configuran en la gran mayoría de los casos como una válvula de escape, por un lado, y un instrumento de control, por el otro. Es curioso, pero fácil de entender: desde un punto de vista legislativo, las regularizaciones pertenecen siempre o casi al área de los decretos urgentes, emergenciales, excepcionales. Por una cuestión ideológica evidentemente, pues las regularizaciones no pueden ser parte del discurso represivo, toda vez que éste se centra cada vez más en la llamada mano firme. ¿Cómo puede un gobernante que en su discurso pregona la cero tolerancia hacia la inmigración ilegal contemplar en sus propuestas de ley la regularización? Sería francamente una contradicción. Así las cosas, la contradicción se delega a la emergencia, a la presión ejercida por la realidad. Esa misma realidad que demuestra el fracaso de las actuales políticas represivas del fenómeno migrante, pues además de ser racistas y discriminatorias –en una palabra: injustas–, producen de manera estructural migrantes ilegales, ciudadanos orillados al margen de la sociedad y del derecho que otorgaría protección a los ciudadanos. Por esta razón, frente a la contradicción estructural de un sistema generalizado que apunta en la criminalización de los migrantes, impidiendo la libre circulación de las personas y que produce clandestinos, la única solución es la regularización masiva y periódica de miles de personas. Ejemplo de ello es la recientemente aprobada ley de regularización en Italia (que se presume otorgará papeles a 10 mil extranjeros), que siguió de apenas pocos días al llamado paquete seguridad, promulgado el 8 de agosto pasado.

Esta política, que bien puede entenderse bajo el lema de el garrote y la zanahoria, responde no solamente a la necesidad de enfrentar dicha contradicción, sino también a la de controlar a los migrantes en el territorio. Las regularizaciones son entonces un formidable instrumento que permite al gobierno en turno decidir y definir la cantidad y la calidad de la masa de indocumentados presentes en el territorio. Un control necesario si aceptamos que esa misma cantidad de gente –y su calidad, por lo que tiene que ver con procedencias, edades, capacidades laborales, etcétera– representa lo que parafraseando a Marx se podría definir el ejército migrante de reserva: una multitud de personas dispuestas a aceptar trabajos y condiciones de vida llevadas a los extremos, dispuestas a hacer lo que sea para efecto de sobrevivir. Esta multitud de personas presentes en el territorio son la contraparte de los que se quedan aún afuera, los que aún no lograron cruzar los muros y las fronteras. Y si para estos últimos la necesidad o menos de mano de obra barata y chantajeada se regula gracias al abrir o cerrar de los canales de acceso a un país, para los ilegales ya presentes la llave que regula el flujo son precisamente estos decretos regularizadores.

Hablar de válvula de escape y de control significa también hablar de contener los posibles resultados de la marginalidad a la cual se condenan millones de seres humanos. Las protestas repentinas e improvisas, o las más bien organizadas movilizaciones tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea que tiene por protagonistas a los migrantes, son siempre una señal de alarma importante para los gobiernos.

Por ejemplo: la capacidad y la fuerza que ha tenido el movimiento migrante en Estados Unidos para imponer la urgencia de una reforma migratoria que incluya la regularización de los casi 12 millones de ilegales es impresionante y solamente la estupidez de la anterior administración no pudo apreciarla. Sin embargo, sigue de pie una duda: ¿podrá el actual gobierno estadunidense vencer las resistencias internas y el nuevo contexto de crisis económica para regularizar a los migrantes en ese país? ¿Cuál es el cálculo necesario para decidir entre necesidades concretas (desempleo) y riesgo de una rebelión mayor a la de 2006? Y por otro lado: ¿llegará el momento en que al sistema globalizado de represión de los migrantes se le escapará de las manos la situación?

Assoluzione di Stato per una Strage di Stato

Il presente articolo é stato pubblicato sul sito italiano Global Project il 15 agosto 2009
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Alle tre di notte del 13 agosto, hanno lasciato il carcere di Amate 20 degli oltre 80 condannati in via definitiva per la strage del 22 dicembre 1997 nella comunità di Acteal, nella regione Los Altos dello stato messicano del Chiapas, in cui persero la vita 45 tra uomini, donne e bambini. Rilasciati su ordine diretto della Corte Suprema di Giustizia (SCJN) messicana, i 20 indigeni sono immediatamente tornati nelle loro comunità d’origine, sulle montagne che circondano Acteal e Chenalò, capoluogo municipale della zona. Nei prossimi giorni, lo stesso supremo organo di giustizia messicana deciderà la sorte di altri 6 indigeni implicati negli stessi fatti.
La scarcerazione di parte dei colpevoli della strage del 22 dicembre 1997 che segnava l’inizio del periodo più cruento dell’attività paramilitare in Chiapas, organizzata e promossa dal Governo federale messicano dell’allora presidente Ernesto Zedillo contro la ribellione dell’EZLN, piove come una doccia fredda sui familiari delle vittime di quel giorno tremendo. Ed anche se la decisione della SCJN non smette di sorprendere chi in questi anni ha cercato giustizia per una delle stragi più efferate degli ultimi vent’anni di storia messicana, è chiaro ai più che questa è solo la logica conseguenza di un lungo processo di revisionismo storico, prima che giuridico, che l’attuale governo, assieme a diverse organizzazioni “accademiche” e della “società civile”, ha promosso.
Il 22 dicembre 1997, nel tardo pomeriggio, un gruppo importante di paramilitari irrompeva nella comunità di Acteal, i cui abitanti aderivano all’organizzazione Las Abejas, simpatizzante ma non appartenente all’EZLN. In un contesto che vedeva l’allora governo messicano impegnato nel contrasto della ribellione indigena attraverso la creazione di numerosi gruppi paramilitari nella regione (secondo i dettami dei manuali statunitensi di “contro guerriglia”), la strage di Acteal segnava il culmine di un lungo periodo di pressione violenta ed armata esercitata contro le comunità base d’appoggio (quindi civili) dell’organizzazione zapatista. Ma segnava anche l’inizio di un ciclo di attacchi paramilitari diretti e mattanze contro quelle stesse comunità che sarebbe continuato per diversi mesi. Si chiamava “guerra di bassa intensità”, ma mieteva vittime innocenti comunque, come una guerra vera e propria. Ed anche se sin dall’inizio la complicità delle autorità era evidente (la polizia statale presente sul luogo e testimone oculare dell’evento protette e “scortò” gli attaccanti; funzionari del governo locale modificarono la scena del delitto prima che vi giungessero gli uomini della Procura; l’Esercito messicano fornì di fucili d’assalto gli attaccanti pochi giorni prima della strage; ecc.), tanto che il governatore dello stato, Julio Cesar Ruiz Ferro, e l’allora ministro degli interni federale, Emilio Chuayffet Chemor, dovettero dimettersi, nel corso degli anni la Procura Generale della Repubblica (PGR) riuscì solamente ad individuare una ottantina di esecutori materiali della strage. Gli autori intellettuali e i mandanti scomparvero dalla scena. Chi riappare con prepotenza invece sono i colpevoli d’aver sparato, d’aver aperto ventri e crani con i machete, d’aver inseguito chi scappava su per le scarpate pur di salvarsi. 20 degli oltre 80 paramilitari, ampiamente riconosciuti da decine di testimonianze dei sopravvissuti di quel giorno, sono liberi, perché secondo la tesi della SCJN, sono stati condannati in seguito a un processo penale imbottito di vizi di forma e di prove “fabbricate” dagli investigatori della PGR. Insomma: le testimonianze sono valide, ma le prove a confermarle sono fasulle o fabbricate o comunque non valide secondo il codice di procedura penale messicano. Quindi, il processo si dovrebbe rifare, ma senza le prove raccolte in un primo momento.
Una scelta garantista, si potrebbe sostenere, se non fosse per il contesto che circonda questa storica decisione della SCJN. Un contesto che getta ombre lunghissime sull’operato dei giudici e soprattutto dell’attuale amministrazione federale messicana. Il processo di revisione del “caso Acteal” è il risultato di accordi trasversali tra personaggi legati all’allora cupola del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI, di Ernesto Zedillo), il Centro di Ricerca e Docenza Economica (CIDE, organo dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione) e il Partito Azione Nazionale (PAN, di Calderon). Accordi tali che lo stesso Calderon durante la campagna elettorale del 2006 aveva promesso che il suo governo avrebbe lavorato perché l’intero processo agli 80 condannati per la strage di Acteal fosse rivisto. Con un sostegno di questo tipo, è stato gioco facile per gli avvocati del CIDE preparare per oltre due anni i fascicoli di 46 dei condannati, promuovere un'aggressiva campagna mediatica sui maggiori organi d’informazione del paese e chiedere infine alla SCJN un giudizio definitivo sul caso.
Dicono i giudici della Corte Suprema: “La sentenza emessa oggi non giudica la colpevolezza o meno degli imputati”, ma solo la legalità del procedimento di condanna. Gli avvocati del CIDE, intanto, festeggiano “perché siamo riusciti a creare un precedente che impedirà in futuro alla PGR creare casi, creare prove e mettere in carcere innocenti”. Ed allora si domanda ai “garantisti” del prestigioso centro di ricerca: “Perché questo caso e non qualche altro caso delle decine di vittime innocenti della giustizia messicana?”. Il caso è paradigmatico, sostengono. Ma non spiegano cosa abbia di paradigmatico questo caso, i cui autori materiali, tutti, sono stati riconosciuti dai sopravviventi. Forse la risposta è un’altra: Acteal, la sua strage e le sue vittime, sono oggi l’ennesimo caso paradigmatico che dimostra la capacità dello stato messicano di produrre stragi ed autoassolversi, anche davanti all’evidenza, anche davanti all’indignazione nazionale ed internazionale.

 
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