29 maggio 2009

EU: sistema penitenciario en crisis

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 29 de abril de 2009.
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"Tres décadas de crecimiento de la población en las prisiones de Estados Unidos ha llevado al país a un peligroso umbral: por primera vez, más de una persona de cada 100 está actualmente confinado in una cárcel de Estados Unidos", afirma el PEW Center On The States, fundación estadunidense dedicada a la investigación cuyo objetivo es "crear conocimientos para resolver los más importantes retos sociales de la actualidad".

El documento titulado Uno cada 100, detrás de los barrotes en América, publicado a finales de 2008, señala que una de cada 30 personas de entre 20 y 34 años se encuentra en prisión. Destaca que en el caso de la población afroestadunidense la proporción "es uno de cada nueve".

Los datos de que presenta el PEW son confirmados por las estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDJ), las cuales indican que "hasta la mitad de 2008 (30 de junio), 2 millones 310 mil 984 ciudadanos se encontraban en una cárcel federal o estatal en el país". A esta cifra, añade los "5 millones 100 mil ciudadanos que se encuentran en libertad bajo fianza, bajo palabra o dentro de algún programa de reinserción".

Según el PEW, estas cifras se traducen en que "1 de cada 45 ciudadanos del país están bajo alguna forma de supervisión judicial", lo cual, cruzado con los datos anteriores, "significa que 1 de cada 31 estadunidenses está bajo alguna forma de control judicial".

Todo lo anterior, explica el PEW, arroja el siguiente dato: "casi 7 millones y medio de estadunidenses se encuentran con el sistema de readaptación del país".

Aunado a lo anterior, el reporte del PEW señala que "en 2007 los costos de mantenimiento de las cárceles, estatales y federales, en el país ha rebasado los 49 mil millones de dólares, contra los 12 mil que costaba el sistema penitenciario en 1987". Un aumento constante que "de seguir así aumentaría en otros 25 mil millones para el año 2011".

Encarcelados y droga

Gil Kerilkowske, nuevo "zar antidrogas" de la Casa Blanca, enfrenta el problema del elevado número de presos en Estados Unidos y de los crecientes costos que implica mantener el sistema penitenciario en este país.

El pasado 14 de mayo declaró que la llamada "guerra contra las drogas ha fracasado en su intento por reducir el mercado estadunidense de narcóticos ilícitos", y admitió que "ese esfuerzo ha llenado las prisiones de la nación".

Las palabras del nuevo encargado de enfrentar al problema del tráfico y el consumo de sustancias ilícitas en Estados Unidos encuentran sustento en los últimos datos disponibles del Departamento de Justicia: A finales de 2005, al menos 333 mil personas estaban presas por delitos relacionados con las drogas, una cifra que corresponde a más del 20% del total de la población carcelaria.

La misma fuente reporta que en 1981, cuando la administración republicana de Ronald Reagan lanzó la llamada "guerra a las drogas", los presos por los mismos delitos eran apenas 21 mil 700.

Del total de detenidos por delitos de este tipo en 2005, 21% estaba preso en cárceles estatales y 55%, en prisiones federales.

Las estadísticas del Departamento de Justicia señalan, además, que más de 50% de los detenidos relacionados con drogas no tenía algún antecedente penal en el momento de ser aprehendido.

Sin embargo, lo que llama la atención son los datos relativos a los ciudadanos estadunidenses que se encuentran en libertad bajo fianza, bajo palabra o inscritos en algún programa de reinserción social. La información aportada por el PEW, según la cual en 2008, uno de cada 45 ciudadanos estaría en esta condición, encuentra confirmación en los datos del Departamento de Justicia.

A finales de 2007, la información oficial señalaba a 5.1 millones de ciudadanos en este estado judicial. De éstos, 824 mil se encontraban libres bajo palabra. Y de esta cifra 37% seguían bajo juicio por delitos relacionados con las drogas. El resto de este sector de la población, es decir 4 millones 293 mil ciudadanos, estaba libre bajo fianza, y 27% de ellos, por delitos ligados al tráfico, la posesión o consumo de substancias ilícitas.

Costos prohibitivos

El 2 de abril pasado, Joe Klein, escribió en la revista Time, sobre la discusión por la legalización de la mariguana: "Cada año nos gastamos 68 mil millones de dólares en el sistema de readaptación y, de aquellas personas presas, una tercera parte está condenada por delitos no violentos relativos a las drogas".

Añadió que en el sistema judicial se gastan cerca de 150 mil millones de dólares y que 47.5% de los arrestos por droga son relativos a la mariguana".

De ser ciertos estos datos, se confirmaría las tesis sostenidas por el reporte del PEW relativas a los excesivos costos de mantenimiento del entero sistema de readaptación en Estados Unidos.

En su más reciente reporte, el PEW dice: "El año pasado (2007), se gastaron más de 44 mil millones de dólares en el sistema de readaptación nacional, lo cual representa, con las debidas proporciones inflacionarias, un aumento de 315% desde 1987."

Además, señala el documento, "con el aumento esperado de la población encarcelada, estos costos aumentarán de 25 mil millones".

En este aspecto, el PEW afirma "que evidentemente la primera causa (de esta situación) es el costo que conlleva cada preso". Y explica: "El promedio de gasto por cada preso fue de 23 mil dólares en 2005, con un máximo de 44 mil en Rhode Island y un mínimo de 13 mil, en el estado de Louisiana".

Además, abunda el documento, actualmente "hay 13 estados del país que gastan poco más de mil millones de dólares en su sistema de readaptación local".

El récord de gastos, según el PEW, "lo tiene el estado de California que dedicó a este rubro poco más de 8,800 millones en 2008", de tal manera que dicha entidad "hoy simboliza de modo vívido el peligro para las financias del sistema de readaptación estatal".

Otro rubro económico importante señalado por el estudio del PEW es el de la salud. Explica el documento: "De acuerdo con los datos del Consejo de Gobiernos estatales, el costo de los servicios de salud en las cárceles estatales suma más de 10% del total." De estos, continúa, "la mayoría son destinados a problemas de salud ligados al elevado hacinamiento que existe en las cárceles del país: contagios de algunas enfermedades (hepatitis C, por ejemplo), difusión del HIV, heridas causadas por peleas, uso de drogas". En este último aspecto, los datos del USDJ señalan que "en 2005, 78.7% de los presos en las cárceles federales hacía algún uso de drogas (mariguana, cocaína, heroína, anfetaminas, etcétera), contra 83.2% de los presos en las cárceles estatales".

Por otro lado, señala el PEW, "la otra grave causa de los elevados costos (del sistema de readaptación) es el envejecimiento de la población presa".

"Entre 1992 y 2001, la población presa mayor de 50 años aumento en 173% y de seguir la situación actual, se estima que en 2010 ese sector alcanzará a ser una tercera parte del total de presos en Estados Unidos".

Al respecto, el PEW estima que cada preso mayor de 50 años cuesta al estado más de 70 mil dólares anuales. La conclusión de esto, agrega, es que "hay crímenes tan atroces que requieren una vida tras los barrotes. Pero los estados están gastando más dinero para aquellos presos que son mucho menos peligrosos para la salud social".

Otro costo importante indicado es el relativo al personal de vigilancia. "Casi medio millón de personas trabajan en las cárceles estatales. Sin embargo", sigue el documento, "estamos lejos de tener el personal suficiente para todos los institutos de readaptación total".

Por esta razón, "uno de los costos mayores en este aspecto es el abuso de las horas extras requeridas a los trabajadores".

El estudio señala también que "la confianza que tiene el gobierno en el sistema de readaptación social para los ciudadanos culpables de crímenes menores conlleva también otros costos, aparentemente menos obvios". Entre estos, el PEW señala "la dificultad para los presos que trabajan de ganar más de un salario mínimo, lo cual se refleja inevitablemente en el cuidado de los hijos que se encuentran afuera de las cárceles, en la compensación para las víctimas de tales delitos e inclusive en el pago de los impuestos".

El resultado de todo lo anterior, abunda el PEW, "es que en el año fiscal 2006 por los estados de la federación americana, los fondos destinados al sistema de readaptación han representado 9.2% del total, sólo por detrás del rubro transporte, pero por mucho delante del sector educativo y médico público".

El reporte concluye que Estados Unidos ha "estado anclando sus políticas punitivas a muros y morteros. La tangible sensación que produce la presencia de cárceles [...] ha sido una arma nunca cuestionada en nuestra batalla en contra del crimen". Sin embargo, subraya el documento, "numerosos estudios demuestran que nuestra ciega confianza en la detención (de ciudadanos) está pagando siempre menos dividendos en la prevención del crimen".

"Dicho en otras palabras --concluye el PEW--, seguir expandiendo nuestro sistema de readaptación social rendirá cada vez menos frutos y costará cada vez más."

28 maggio 2009

Outsourcing (tercerización), respuestas desde los trabajadores

Cuaderno de Investigación .008

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Coordinadores: Luis Bueno Rodriguez y Matteo Dean
Autores: Oscar Ermida, Álvaro Orsatti, Enrique Martínez, Francisco Retama y Alejandro Vega







(de la Presentación del texto)

¿Qué es el outsourcing? ¿Cómo le llamamos y cómo lo definimos? ¿Cómo lo regula
la legislación laboral en México? ¿Y en el resto de América Latina? ¿Cuáles son las
posiciones del mundo sindical internacional frente a este fenómeno? Y, finalmente, ¿cuáles
son las posibles respuestas y acciones a tomar para invertir la tendencia que hace de
este fenómeno un recurso más en mano empresarial para restar derechos laborales y
para frenar la capacidad organizativa de las y los trabajadores?
En síntesis, la finalidad del presente libro podría ser la de contestar estas preguntas.
Es un texto amplio y complejo que trata de abarcar los numerosos aspectos que tiene
en sí el problema. Lejos de pensar que el outsourcing sea una novedad en el modelo
productivo vigente, los autores y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical
A.C. (CILAS) –quien coordinó la publicación del texto que tienen en sus manos– están
firmemente convencidos de que si bien el outsourcing es un fenómeno añejo en la
producción capitalista, en los últimos años éste ha adquirido formas, modalidades y
facetas cada vez más complejas y se ha convertido en una –entre varias– herramienta
importante por parte del capital para ganar ulterior terreno en la dialéctica trabajo-
capital. El uso del término inglés para definir a este proceso es claramente arbitrario,
como bien se comprende a lo largo de estas páginas, toda vez que los distintos autores
que en ellas intervienen lo llaman subcontratación, tercerización, etc.
Sin embargo, es necesario subrayar que el presente libro es el fruto, antes que
todo, de un proceso iniciado en el 2002 y que ha visto al CILAS involucrado en una
investigación –aunque bien se le podría llamar investigación– que ha tratado de enten-
der, interpretar y explicar al problema en cuestión. En efecto, con la participación de
investigadores de Brasil, Sudáfrica, India, Corea del Sur y México (CILAS) –posterior-
mente se integró Ucrania–, en ese año se inició un proceso de investigación de varias
empresas transnacionales holandesas que, en la medida en que fue auspiciado por los
sindicatos de Holanda, tenía muy presente la necesidad de que sus resultados fueran
útiles para la coordinación sindical en los planos nacional e internacional, así como para
facilitar sus procesos de negociación. Parte de esta investigación estaba referida justa-
mente a las prácticas de outsourcing de esas empresas. Por otra parte, en abril de
2007 se publicaba –por parte del CILAS– un reporte (“Outsourcing. Tercerización y
subcontratación en México”, Cuadernos de Investigación 004, CILAS, México) en el que,
de forma aún aproximada y no exhaustiva, se comenzaba a tratar de explicar los oríge-
nes y las razones del crecimiento desbordante y multifacético del fenómeno; al mismo
tiempo, se ilustraban los principios del estudio de dos casos muy concretos de outsourcing
en México. A estos primeros pasos les siguieron otros, entre ellos la realización de un
seminario internacional en noviembre de 2008; este libro es el fruto de ese camino
emprendido. No es el último, pero sí esperamos sea una primera piedra angular que
nos permita entender la problemática.
Los lectores comprenderán, a lo largo de estas páginas, que el nombre que se le da
al problema asume una importancia relativa –con excepción de la exigencia de una
uniformidad lexical al menos en el contexto lingüístico continental– ya que los conteni-
dos del proceso cobran mayor importancia. En efecto, en una primera parte el texto
aborda definiciones y conceptos con la intención de ofrecer un panorama lo más com-
pleto posible de la amplia terminología utilizada tanto en el ámbito académico como en
el laboral y sindical, mientras se comienza a definir qué es el outsourcing y cómo se
aplica. Los autores enfrentan estas dos últimas tareas con cierta audacia pues, como se
entenderá, es cada vez más difícil definir algo que cambia, se modifica y se vuelve a
definir con tanta rapidez. Tan solo para que este trabajo saliera a la luz se tuvieron que
aportar modificaciones y revisiones acerca del concepto mismo de outsourcing, lo cual
nos enseñó -por si fuera necesario- que el outsourcing es una problemática compleja y
mutante.
En la segunda parte el libro trata de dibujar el panorama, complejo también, de la
legislación mexicana e internacional (en América Latina) acerca del tema. En el primer
caso, el de la legislación mexicana, cabe subrayar la importancia del análisis que aquí
se reporta, pues la llamada Iniciativa Lozano en los artículos referentes al outsourcing
(que la propuesta de ley llama subcontratación) no hace nada más que legalizar y
ratificar la práctica ya afirmada por la vía de los hechos. Hay después una explicación
bastante exhaustiva de las posiciones sindicales, en particular manera de las Federa-
ciones Sindicales Internacionales (FSI), acerca del tema.
En la tercera parte se abordan cuatro casos mexicanos de aplicación del outsourcing.
Son casos ejemplares porque abordan la que en el texto definimos ‘subcontratación
interna’, es decir, el más claro y franco caso de simulación laboral; por otro lado, uno de
los casos analizados se refiere al de las empresas proveedoras de personal (en este
texto ‘suministro de mano de obra temporal’) y es, creemos, otro de los límites al que
este proceso puede llegar: ‘rentar’ al trabajador, lo cual significa hacer del trabajo un
bien de comercio. Ilustrar estos casos permite al lector no sólo aterrizar el fenómeno
en la realidad cotidiana nacional, sino también entender que el outsourcing se ha des-
bordado a todos sectores productivos: el financiero, el manufacturero y el de servicios,
entre otros.
Finalmente, quizá la parte más importante del libro –al menos para aquellos lecto-
res que buscamos análisis acompañados por soluciones– es la última; en ella se repor-
tan algunas experiencias sindicales y legislativas, además de ofrecer ideas, puntos de
vista y algunos recursos para poder enfrentar al problema en su conjunto.
Nunca como hoy ha sido apremiante enfrentar al problema del outsourcing. Más allá
de cualquier postura ideológica y no obstante que los autores y editores del libro quisié-
ramos a una sociedad -y por ende a un mundo laboral- más equitativa, donde no haya
patrones y trabajadores asalariados sino tan sólo trabajadoras y trabajadores, lo cierto
es que el presente texto no proporciona utopías, sino sueños e ideas posibles en su
realización concreta y práctica. En el escenario actual en que se publica este libro, el de
una crisis financiera que ya llegó a crisis económica, creemos que es urgente reflexio-
nar y comenzar a actuar para que esta herramienta productiva - como muchas otras -
no se convierta en instrumento para arrebatar aún más derechos laborales en México,
en América Latina y en el mundo en general. Nos queda claro, por ejemplo, que la
reforma laboral promovida desde el seno del mundo empresarial mexicano y apoyada
por el actual gobierno (la llamada Iniciativa Lozano) no busca proteger a las y los
trabajadores de México, sino más bien restringir todavía más sus derechos, todo con la
finalidad de que seamos las y los trabajadores quienes paguemos por la crisis.
Finalmente queremos subrayar que el presente texto, realizado gracias a la colabo-
ración de distintos autores procedentes de diversos ámbitos de investigación (laboral,
sindical, legal, académico, etc.), busca dos cosas más. La primera, involucrar a la ma-
yor cantidad posible de sujetos en este debate, no solamente para que haya mayor
pluralidad de interpretación sino sobre todo porque consideramos que éste, junto a
otros, es uno de esos temas que le atañe al mundo laboral y, por ende, a la sociedad
que lo produce. La segunda tiene que ver con el lenguaje utilizado en el texto. Lejos de
querer encerrarnos en el laberinto del léxico meramente académico, el texto ofrece un
lenguaje que sirve y es posible entender desde el punto de vista de los investigadores,
pero también desde el punto de vista de los menos expertos en cuanto a investigacio-
nes y análisis, mas seguramente expertos del tema en cuanto víctimas del mismo: las
y los trabajadores.

23 maggio 2009

Ser migrante refugiado

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 23 de mayo de 2009
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Son millones ya. En todo el planeta. En tan solo pocas semanas, y solamente en una región aislada del mundo, se produjeron alrededor de dos millones de desplazados. Potencialmente todos sujetos a que pudieran pedir refugio en cualquiera de las pacificadas y garantizadas democracias occidentales.

No se cuentan, en cambio, los cientos que cada día salen de los países del centro de África rumbo al norte, rumbo a Europa, en búsqueda, ellos también, de esa protección que no se encuentra en sus estados de origen. Y no se trata nada más de los pocos perseguidos políticos, sino de muchas mujeres y hombres que escapan de las numerosas guerras existentes en el continente y de las cuales nosotros, los occidentales, tan poco conocemos.

Luego están el también sin número de ciudadanos de países que conocemos mejor, que también se encuentran en guerras absurdas, como son, por ejemplo, Afganistán e Irak. Y finalmente están todos los que escapan, en este mundo, de la guerra y de las crisis que ponen en riesgo sus vidas.

Son estos los nuevos refugiados del siglo XXI. Ellos quienes, según la Convención sobre el Status de Refugiado, deberían de poder gozar de tan humano derecho: él de ser protegido y tener garantizada su integridad física y psicológica. Según la citada Convención, refugiado es aquella persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. Resulta claro que los arriba mencionados entran todos y sin excepción en esta categoría. Y sin embargo así no son las cosas.

Un ejemplo tajante lo está ofreciendo la Unión Europea (UE) en estas semanas. Uno de sus miembros, Italia, está rechazando en sus fronteras a cientos de migrantes que justamente en esta temporada -y por toda la temporada más cálida del año- están tratando de llegar a pisar suelo europeo. Y a pesar de las criticas, el gobierno italiano tiene razón cuando afirma que está realizando el trabajo sucio para la UE, ya que, junto al Estado español y a Gracia, es el país más al sur de la Unión.

El problema, a la luz del tema de las presentes reflexiones, reside en realidad en la supresión de facto del elemental derecho al refugio del que se habla más arriba. Porque efectivamente, la mencionada Convención afirma también que el derecho al refugio será solamente para aquellos que se encuentren físicamente en el territorio del estado al que quieran pedir protección. Es por eso, que impidiendo la llegada a territorio nacional, el gobierno italiano -y los demás junto a él- están de facto prohibiendo el goce de ese derecho.

Los rechazos se realizan en alta mar -de manera absolutamente ilegal, inclusive en el cuadro de la
legislación europea-, en esas aguas consideradas internacionales. A las acusaciones formuladas en este sentido por distintos actores internacionales, el gobierno italiano ha contestado simplemente afirmando que los migrantes que llegarían en barcos hacinados no son potenciales refugiados.

Sin embargo, datos del mismo gobierno refutan tales tesis toda vez que afirman exactamente el contrario: de más de 38mil personas llegadas por esa vía, más del 75% habría pedido protección al estado italiano en 2008. Y de estos, más de la mitad ya consiguió dicha protección. Al mismo tiempo, para limpiar el debate de cualquier posible interpretación, el mismo Alto Comisario de la ACNUR corrigió a los pocos días del primer rechazo las creencias generales afirmando que el derecho al refugio vale también en aguas internacionales. Dependería simplemente de la nacionalidad del barco que socorra a los navegantes.

Lo que vale subrayar es el acotamiento no solo normativo que se ha venido dando de forma paulatina a tal delicado derechos de todo ser humano. Hoy en día, el derecho al asilo político y al refugio humanitario es un derecho residual, un derecho que está quedando en los últimos lugares en la larga lista de los derechos humanos, ya de por sí pisoteados por doquier.

Hay entonces un largo camino legislativo que ha introducido decenas de normativas vueltas a restringir tal derecho. Un camino exitoso, ya que si bien las demandas de refugio y asilo han venido creciendo, se han definitivamente reducido los canales para interponer tales demandas.

Mas lo que más urge subrayar es el hecho de que posiblemente en las intenciones europeas no haya la clara voluntad de borrar tal derecho, sino nada más de volverlo discrecional. Dicho en otra palabras, los gobiernos de la UE, en lugar de cancelar el derecho al refugio, quieren quitarle certeza y volverlo un derecho otorgado arbitrariamente por el gobierno en turno.

El argumento, muchas veces utilizado, es el de el aumento de demandas de asilo respondería, en realidad, a la voluntad de darle la vuelta a las cada vez más estrictas normas migratorias. Quizás sea cierto en parte -y si lo fuera hay que considerarlo muy legítimo. En realidad pero, tal aumento responde a un contexto globalizado en el que la guerra, la persecución y la violación de los derechos humanos se están volviendo cada vez más presentes. Hacer del derecho al asilo y al refugio un instrumento discrecional, absolutamente en manos de gobiernos y de los deseo políticos de los partidos en turno, es hoy el objetivo -casi alcanzado- en la vanguardista Unión Europea.

17 maggio 2009

Democracia racista en Italia

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 17 de mayo de 2009
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Thomas Hammarberg, comisario por los Derechos Humanos del Consejo de Europa, emitió el 16 de abril el reporte acerca del viaje que cumplió en Italia entre el 13 y 15 de enero del presente año. Y las conclusiones, como era de esperarse, son tajantes. La visita, que sigue a la del año pasado realizada en junio, produjo un documento en que el comisario ubica cuatro aspectos en los que la protección de los derechos humanos estaría fallando.

En el primer punto, el documento menciona los derechos de las poblaciones gitanas. El reporte afirma que si bien el gobierno italiano dio cabida a las recomendaciones que el consejo europeo señalaba el año pasado –cuando los gitanos fueron blanco de las políticas represivas del gobierno italiano con todo y clima de emergencia–, los estándares de vida y los niveles de diálogo entre las partes aún son precarios. Además se señala que el comisario está profundamente preocupado por los amplios operativos en asentamientos gitanos gestionados por las fuerzas del orden y que ayudan a crear un clima de estado de emergencia y favorecen la alarma pública.

Por otro lado, el reporte matiza la legislación migratoria y sobre asilo adoptadas o en proceso de consideración por parte del gobierno. En lo específico, señala la criminalización creciente de los migrantes irregulares y la decisión de obligar a los médicos a denunciar a los migrantes sin papeles que acudan a los servicios públicos de salud. Además, se dice desconcertado por la decisión de analizar todas las peticiones de asilo y refugio manteniendo a los demandantes encerrados en la isla de Lampedusa (en el sur de Italia), hecho que la transformó en una verdadera fortaleza militarizada.

Más adelante, el reporte afirma que el comisario está profundamente preocupado por las deportaciones que hubo de migrantes, en especial hacia Túnez, pues reportes creíbles indican que los deportados en esas ocasiones habrían sido víctimas de tortura. En particular, el documento denuncia dos casos de deportación hacia Túnez acontecidos en 2008 a pesar de la advertencia (no vinculante) que la misma Corte Europea de los Derechos Humanos había promulgado en la que se pedía a Italia suspender las deportaciones. En lo específico, el comisario se dice desconcertado por las prácticas gubernamentales que contravienen los estándares europeos de derechos humanos como serían la prohibición de la tortura o de trato inhumano.

Finalmente, el texto afirma que el comisario está particularmente preocupado por los numerosos reportes que evidencian una tendencia al racismo y a la xenofobia en Italia, ocasionalmente apoyado por acciones de autoridades locales, la que ha llevado a acciones violentas en contra de migrantes, gitanos y ciudadanos italianos con origen extranjero. La recomendación, en este aspecto, es que las autoridades deberían condenar con fuerza todas las manifestaciones de racismo e intolerancia y promover una legislación antidiscriminatoria. Además, el documento sugiere educar a las fuerzas de policía en los temas de los derechos humanos, así como instituir una comisión nacional de derechos humanos.

El documento europeo en realidad no aporta ninguna novedad, sobre todo para aquellos que seguimos atentos a las políticas de corte represivos del fenómeno migratorio en la Unión Europea. Lo anterior, sobre todo a la luz de los numerosos ataques físicos que se han desatado en los meses recientes en Italia a mano de formaciones de extrema derecha y con la explícita tolerancia de las autoridades. Y, como señala el documento, éstos y otros hechos están encarrilados hacia el mismo destino: fomentar la sociedad de la discriminación, es decir, la dirección opuesta a la política del mutuo entendimiento y comprensión. Una elección clara y definitiva en contra de la sociedad mestiza y pluriétnica. El reporte entonces, cuyos autores (el Consejo Europeo) no están ciertamente libres de responsabilidades en cuanto a fomentar la represión de los migrantes, no hace nada más que confirmar lo que desde hace tiempo venimos afirmando: se está imponiendo un modelo de sociedad absolutamente discriminatorio, que no valora la diferencia y no la pone al centro de un futuro posible, sino la tacha de peligro y ataque directo a una supuesta cultura ancestral fundada en quién sabe cuáles valores tan irrenunciables. Es la visión unívoca y eurocéntrica la que gana en todo esto. Una visión que no tolera y discrimina. Un enfoque claramente egoísta y egocéntrico que se obstina en hablar el lenguaje vacío de la democracia representativa. Se escudan tras el concepto de democracia justamente aquellos que quitan el derecho a la democracia a los ciudadanos migrantes, por ser extranjeros y por ser, entonces, distintos.

Al parecer democracia hoy significa distinguir a los ciudadanos. En la democracia italiana –que después se trata de exportar no sólo en la misiones de paz alrededor del globo (por ejemplo, en Afganistán), sino también con los acuerdos bilaterales con los países exportadores de migrantes en África– no se premia al ciudadano honesto, congruente, solidario con sus conciudadanos, al servicio de los intereses de todos. Al contrario, se premia al más listo, al que sabe y puede engañar, al que sabe señalar al enemigo de sus intereses y, además, sabe golpearlo.

14 maggio 2009

Las otras epidemias: sanidad precaria y control social

El presente artículo fue publicado en el periodico español Diagonal el día 14 de mayo de 2009
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La empresa Granjas Carroll SA, filial de la estadounidense Smithfield Food Inc, en la comunidad de La Gloria (Veracruz), ha sido señalada en México como el origen de la actual cepa del virus. La empresa norteamericana está bajo proceso en EE UU desde hace varios años por su modelo productivo altamente contaminante. No es sorpresa que este tipo de producción industrializada se desplace hacia el sur del mundo, en concreto, a zonas de pobreza extrema, como La Gloria, donde los controles y las exigencias sanitarias son menos estrictos y las autoridades más corruptibles.

Es necesario, no obstante, señalar también otras causas de la actual situación íntimamente ligadas a la anterior en el marco del modelo neoliberal. La primera, y más apremiante, es el largo proceso de privatización del sistema sanitario, tanto en México como en otros países. Si hace 20 años México podía presumir de un sistema de vanguardia en cuanto a investigación científica y servicios de salud, hoy el sistema sanitario mexicano fue puesto de rodillas por un microscópico virus. No sólo los hospitales no pudieron atender como se debe a los cientos de ciudadanos que acudieron a ellos, no sólo el abastecimiento de medicinas fue insuficiente, no sólo no había (hasta una semana después de declarar la emergencia) laboratorios capaces de detectar el nuevo virus, sino que el sistema sanitario por entero, en su capítulo epidemiológico, no fue capaz de entender a tiempo la magnitud del problema. De modo que no es difícil creer al Gobierno cuando afirman que “no sabían que se tratara de un nuevo virus”.

¡Claro está! Tuvieron, según ellos, que esperar a la confirmación de laboratorios extranjeros de Canadá y EE UU para lanzar la alerta.

Por el contrario, es culpable el Gobierno mexicano al no admitir que subestimó (y decirlo así, es quedarse cortos) las numerosas denuncias que se venían dando desde meses atrás en contra de los brotes de influenza atípica en las comunidades rurales de Veracruz.

La otra gran causa de este problema sanitario, que sólo recientemente ha sido admitida por parte de las autoridades, es la pobreza. Esa sí se ha esparcido como una epidemia de magnas proporciones. Setenta millones de pobres en México no son de ayuda en esta situación. El acceso a los servicios de salud es limitado o nulo, mientras que comprar los medicamentos necesarios resulta imposible para la mayoría de la población por sus altos precios. El tristemente famoso Tamiflu cuesta 350 pesos, frente a un salario mínimo diario de casi 50 pesos. Hoy el medicamento está agotado y su reventa en internet rebasa los 900 pesos. La elevada desnutrición que hace más vulnerable a la población es, entre otras, una de las consecuencias inmediatas de esta situación.

Elecciones en julio
Los resultados de todas estas circunstancias los padecemos hoy en México. El Gobierno presume de haber controlado la epidemia, cuando lo que hizo más bien fue obligar a la población a enfrentar las duras condiciones de la alerta: quedarse en casa, evitar el contacto humano, padecer los daños económicos del paro de las actividades. Ahora comenzará la batalla para que no sean los trabajadores con sus salarios quienes paguen el coste económico de la crisis sanitaria este año (hasta el 1% del PIB). Los mexicanos también sufren las consecuencias del decreto presidencial que armó a la secretaria de Salud de poderes especiales, como la capacidad de intervenir teléfonos y entrar en los domicilios, sin límite de tiempo.

Estos dos últimos aspectos son, entre otros, los que determinarán el futuro próximo: el capítulo económico, que ya está premiando al sector privado farmacéutico con las compras ‘de emergencia’, y el de las medidas extraordinarias para el control del virus (y de la población). Primera prueba de fuego para el Gobierno de cara a las elecciones federales que tendrán lugar el próximo 5 de julio.

12 maggio 2009

Outsourcing, miseria disfrazada de empleo

El presente artículo se publico en el Correo Laboral, publicación del CILAS en mayo de 2009
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El fenómeno del outsourcing, comúnmente llamado subcontratación, tercerización o externalización de actividades, se está extendiendo con rapidez y voracidad en los ámbitos productivos de México. Decir a esta altura de las cosas que el outsourcing es una medida en favor de los puestos de trabajo asume los perfiles de una mentira - una más - que el mundo empresarial y los gobiernos que lo apoya tratan de hacernos digerir. La realidad habla, al contrario, de una medida que en la mayoría de los casos resulta nefasta para las y los trabajadores de México, en la mesura en que sirve sencillamente para ventaja empresarial y para restar aún más garantías y derechos laborales a los millones de trabajadores mexicanos.
El outsourcing es la medida según la cual una empresa - una fábrica, una oficina, un corporativo, etc. que llamamos empresa principal - en la búsqueda afanosa de reducir costos y riesgos de producción contrata a otra empresa - una fábrica, otra oficina, una cooperativa, un trabajador autónomo, etc. que llamamos empresa contratista - para que ésta lleve a cabo parte del proceso productivo de la primera empresa. Es evidente que por parte empresarial las ventajas son enormes. No solo se pueden reducir los riesgos ligados a la sobreproducción y al riesgo empresarial, no solo habrá reducción costos; sino que habrá menos trabajadores contratados y por ende, en un futuro posible, habrá menores responsabilidades de orden laboral. Este último aspecto es él que creemos más nefasto para las y los trabajadores. Por que si bien las primeras ventajas entran en el elenco de las medidas legítimas que un empresario puede implementar, la última revela una ofensiva en contra de las y los trabajadores.
La experiencia en nuestro país, y no solo, indica que la aplicación del outsourcing apunta definitivamente hacia el debilitamiento de las y los trabajadores frente a los patrones. Por un lado el sindicato, si es que existe, será más débil pues contará con un número menor de afiliados. Por otro lado, las y los trabajadores no gozarán plenamente de sus derechos reconocidos en nuestra Ley Federal del Trabajo (LFT) en específico en el reparto de utilidades, un salario justo, la antigüedad y estabilidad del trabajo, las vacaciones.
Además, si lo anterior fuera poco, con el esquema del outsourcing, las y los trabajadores verán limitado el derecho de huelga. Tres ejemplos al respecto. El primero: si trabajo en una empresa contratista X que produce partes para una grande marca de televisores, y mis condiciones de trabajo no son las adecuadas y quiero protestar, mi referente legal será el patrón de la empresa X y la grande marca nunca tendrá nada que ver con mi protesta. El segundo (aún peor): hay empresas que se dedican a crear otras empresas (con una razón social distinta) pero con el mismo propietario con la finalidad que éstas nada más se dediquen a administrar a la nómina, es decir a los trabajadores; es evidente que esas nuevas empresas no generaran alguna utilidad y, en caso de problemas laborales, éstos no ‘mancharán’ a la empresa principal. A este caso, le decimos ‘outsourcing simulado’ y es el muy por desgracia muy común. El tercero (el peor): si la empresa contratista es una empresa proveedora de personal nada más y por ende me ‘alquila’ a la empresa principal y me envía a sus instalaciones para que trabaje ahí, no solo tendré que responder al jefe de la empresa principal (que no es mi patrón legal, pero me ordenará qué hacer y qué no hacer), sino que no podré nunca protestar frente a él, pues no es mi patrón legal. Y además nunca tendré, ni yo ni mi eventual sindicato, la posibilidad de negociar las condiciones de trabajo y mi contrato, pues ese proceso lo llevará a cabo mi empresa contratista y proveedora de personal y la empresa principal. En fin, estoy frito, entre dos patrones que deciden a mi espalda.
En el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) hemos identificado al menos cuatro formas jurídicas de aplicación de la tercerización. La primera es la que llamamos “subcontratación ene sentido estricto” y se refiere, por ejemplo, al mundo de la construcción; la segunda es la “intermediación laboral”, típicamente llevada a cabo por las llamadas Agencia de Colocación; la tercera es el “suministro de mano de obra”, el caso clásico de empresa como Manpower; la última es la “utilización de trabajadores autónomos/independientes”. En todos estos casos, los casos descritos pueden suceder.
La llamada “Iniciativa Lozano”, que busca efectivamente reglamentar al fenómeno, en realidad no hace nada más que ratificar los usos y costumbres arriba mencionados. No pone algún tipo de freno o limitación al abuso de este esquema productivo y no defiende de manera alguna a los derechos adquiridos y consagrados en la LFT. Por otro lado, es difícil hoy tener propuestas acabadas de como acotar al fenómeno. Lo cierto es que si bien resultaría complejo prohibir a la tercerización como ya se hace en otras experiencias legislativas en el continente (Ecuador, por ejemplo), es hoy apremiante encontrar la manera de contener los efectos nefastos que el esquema de la tercerización produce. Dicho en otras palabras: otra vez habrá que insistir que al centro de la producción económica, ya sea material o inmaterial, no se encuentre solamente la ganancia, sino el bienestar de las y los trabajadores mexicanos.

09 maggio 2009

ONU: "Responsabilidad de Israel"

“Las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”, durante las operaciones de enero pasado en la Franja de Gaza, “se llevaron a cabo con negligencia y descuidado con respecto a los presidios de las Naciones Unidas (ONU)”. Además, las mismas acciones no tuvieron la “suficiente atención a la seguridad y salvaguarda del personal de la ONU y de los civiles que en esos edificios se encontraban”, lo que causó “muertes, heridos, un extendido daño sicológico y perdida de propiedades”. Éstas son la conclusiones del reporte final de la Junta de Investigación ordenada el pasado 11 de febrero por el Secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para que investigara las responsabilidades de cuanto sucedido durante la operación en Gaza, del 27 de diciembre de 2008 al 19 de enero de 2009. El documento final, del cual se hizo público solo un resumen, comprende además una serie de recomendaciones no sólo para que en el futuro “no se repitan estas situaciones”, sino para “pedir al Gobierno de Israel razón de los ataques a la ONU y el reembolso de los daños”.

La Junta de Investigación

El 5 de mayo pasado, el Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador ruso Vitaly Churkin, envió copia a todos los miembros del Consejo del resumen de la investigación acerca de nueve accidentes ocurridos a las instalaciones de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza durante la operación Plomo Fundido lanzada por el Gobierno israelí entre finales del año pasado y el inicio del presente. El resumen, firmado y entregado por el mismo Ban Ki-Moon a Churkin, consta de 26 páginas. Sin embargo, explica el Secretario general de la ONU en la misiva que acompaña al documento, el documento original comprende más de 180 páginas y más de 200 entre anexos y apéndices al texto. Explica Ki-Moon que el documento es el fruto de una investigación realizada por la Junta de Investigación formada a partir de una orden ejecutiva del propio Secretario con fecha 11 de febrero. La intención de tal proyecto ha sido la de “revisar e investigar nueve accidentes que hayan causado muertos, heridos o daños en las instalaciones de la ONU o durante el desarrollo de las operaciones de la organización”. Explica Ki-Moon que “la Junta de Investigación no es una órgano judicial ni una corte legal” y que por lo tanto “no considera ni busca responsabilidades legales”. Conformada por cuatro miembros, guiados por el canadiense y ex director de Amnistía Internacional, Ian Martin, la Junta, sigue Ki-Moon en su presentación, “la Junta tuvo la finalidad de esclarecer los hechos de los serios accidentes y sus causas [...] para identificar a las lagunas que pudo haber en los procedimientos de la Organización y permitirme tomar las justas medidas para evitar, en el futuro, el repetirse de tales situaciones”.

Los accidentes

Nueve son los accidentes puestos bajo la lupa de la Junta de Investigación de la ONU. El primero es el caso de la Escuela preparatoria femenina Khan Younis. Explica el reporte que “dos días después del inicio de la operación Plomo Fundido, el 29 de diciembre, la Escuela fue cerrada en ocasión del Nuevo año islámico”. Ese día, en la escuela se encontraba solamente personal de guardia la cual fue avisada por el cercano Centro Civil de Defensa que “la zona podía ser blanco de algún ataque” israelí. Sin embargo, “el personal de la ONU decidió quedarse” en las instalaciones de la escuela. “Alrededor de las 3 y media de la tarde ocurrió una explosión” por la cual hubo un muerto y un herido. “La Junta”, explica el documento, “no pudo recaudar suficientes pruebas para determinar la naturaleza y el origen del misil”.
Otro accidente ocurrió el 5 de enero en la Escuela primaria Asma en la ciudad de Gaza. Se lee en el documento: “La escuela fue oficialmente cerrada debido a la operación militar [...]. Fue abierta otra vez el 5 de enero como refugio para los palestinos afectados por el conflicto”. Sin embargo, admite la Junta, “que la escuela fuera un refugio fue notificado a las FDI hasta la madrugada del 6 de enero”. En la escuela se refugiaron 406 personas. “A las 11 y cuarto de la noche del 5 de enero, un misil golpeó a la escuela, matando a tres jóvenes y daño las instalaciones”. Dice el documento: “La Junta descubrió que le misil fue lanzado desde el aire por las FDI”. La Junta, después de descartar que los civiles ahí refugiados tuviesen algo que ver con las operaciones de defensa (del gobierno de Hamas) e indicando que “guste o no, las FDI sabían que la escuela era un centro para civiles”, asevera que “las FDI atacaron directa e intencionalmente la instalación de la ONU, lo cual equivale a una grave infracción a la inviolabilidad de los presidios de la ONU”. Y concluye: “El Gobierno de Israel es por lo tanto responsable de esas muertes”.
El tercer accidente analizado es él de la Escuela preparatoria masculina Jabalia. La Junta informa que “las coordinadas GPS de la escuela fueron comunicadas a las FDI”, tanto que “estaba en los mapas del COGAT ( Oficina de Asuntos Palestinos de la Secretaria de Defensa de Israel)”. Además, afirma el documento, “la escuela estaba en la lista de los 91 refugios provisionales entregada a las FDI días antes del inicio de las operaciones”. Según la Junta, “una serie de tiros de mortero golpeó las cercanías de la escuela [...]”. Y aún admitiendo que no logró averiguar el número exacto de muertos, reporta los datos de algunas ONGs que “coinciden en señalar que han muerto entre 30 y 40 personas más 50 heridos”. Según el documento “sin duda la causa (del accidente) fue el ataque de morteros de 120 mm por parte de las FDI” y rechaza que, como sostiene el gobierno de Tel Aviv, “hubo algún ataque desde adentro de las instalaciones de la escuela Jabalia”. En este caso también, la Junta finja claras responsabilidades acerca de “la violación de los espacios de la ONU” y acusa al Gobierno de Israel por “no haber implementado los esfuerzos suficientes para proteger al personal, a los civiles refugiados y a las instalaciones de la ONU”.
Se relata luego el accidente del que fue víctima un “Oficial de Logística de Campo de la ONU”. “La tarde del 8 de enero”, cuenta el reporte, “una caravana de tres vehículos (que tenía una misión de rescate de personal ONU) con banderas de la Organización salieron rumbo a la zona de Ezbet Abed Rabou, bajo control de las FDI”. Aún confirmando que el convoy y su trayecto “fue comunicado con mucho adelanto a las FDI [...] siete u ocho veces el automóvil líder del convoy fue alcanzado por disparos de armas de pequeño calibre”. No hubo muertos ni heridos, pero la Junta afirma que “a causa de este y anteriores accidentes, la ONU anunció el 9 d enero de 2009 la suspensión temporánea de todos los movimientos de su personal en la Franja de Gaza debido a la ruptura en la efectividad de la coordinación entre la Organización y las autoridades israelí”. El reporte concluye que “en este caso también sin duda se puede afirmar que los disparos llegaron desde las FDI y tenían la intención de intimidar” y asegura que “no hubo falta alguna por parte del Oficial ONU encargado”.
En la misma tónica, el documento investigó y esclareció los ataques a la Oficina de Campo de la ONU en la ciudad de Gaza del 15 de enero, “objeto de bombas al fósforo”; el accidente del 17 de enero en la Escuela primaria Beit Lahia, igualmente “blanco de docenas de trozos de fósforo en llamas”; los daños causados a la sede de la Oficina del Coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente ocurridos el día 29 de diciembre; el ataque al Centro de Salud Bureij acontecido el 6 de enero y la destrucción del depósito de la ONU en la zona industrial Karni de la ciudad de Gaza.

La conclusiones

“En seis de los nueves accidentes analizados, la Junta concluye que las muertes, los heridos y los daños fueron causados por las acciones militares, por los municiones lanzadas desde el aire y desde tierra, por la Fuerzas de Defensa de Israel”, explica el documento en sus conclusiones. Así las cosas, “la Junta confirma que las instalaciones de la ONU son inviolables y este concepto no puede ser hecho a un lado por ningún miembro de la Organización”. Por eso, “la Junta hace responsable al gobierno de Israel de las muertes, heridos y daños documentados”. Los daños “calculados por la ONU son de cerca de 10 millones de dólares”. Con respecto a los avisos con los las FDI habrían alertado a la población civil acerca de los ataques, la Junta “reconoce que las FDI lanzaron cerca de 600mil volantes entre el 3 y el 5 de enero, además transmitieron anuncios por radio y televisión”. Sin embargo, asevera el documento, “las FDI tenían que prever que la población civil respondiera buscando refugio en otras instalaciones que no fueran sus propias casas [...] La operación militar debía tener en cuneta el movimiento de civiles en las calles y las instalaciones de la ONU, en su calidad de refugios temporales, tenían que ser consideradas en este contexto”. Por estas razones, “la Junta no puede aceptar como suficientes los esfuerzos realizados por parte del gobierno de Israel para proteger a la inviolabilidad de los presidios de la ONU” y concluye que “las FDI operaron con negligencia y descuidado con respecto a las instalaciones de la ONU, su personal y los civiles en ellas, con la consecuencia de tener muertes, heridos, un extendido daño sicológico y perdida de propiedades”. En lo específico, el documento afirma que el caso de la escuela Jabalia “será necesario llevar a cabo investigaciones más exhaustivas, pues “en la página de Internet de la Secretaria de Defensa de Israel se sigue sosteniendo que el ataque fue en respuesta a una agresión desde adentro de las instalaciones de la escuela”. A este propósito, el Junta “recomienda a la Organización encontrar un acuerdo acerca de los alegados de Israel con respecto al caso Jabalia, ya que son falsos”. Entre las recomendaciones que la Junta dirige al Secretario general de la ONU, se lee también que “la Organización debería reclamar la reparación o el reembolso de los daños y los gastos realizado” por las muertes y las reparaciones a las instalaciones. Además, “la ONu deberá de ocuparse de las familias de los civiles muertos en sus presidios”, proporcionando “asistencia sanitaria y apoyo sicológico”.
A raíz de la presentación del documento, ll Gobierno de Tel Aviv, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, ya dio a conocer que tiene la intención de responder a las “acusaciones tendenciosas y claramente parciales” del documento, pues “el ejercito israelí nunca disparó intencionalmente a las instalaciones de la ONU”. Por su parte, el Secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon afirmó conocer las reservas de Tel Aviv y confió en que el gobierno de Israel sabrá adoptar las medidas necesarias “para no se repitan este tipo de accidentes en el futuro”.

03 maggio 2009

Ser migrante contagiado

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 13 de abril de 2009
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Ya no se aguantó y frente a la portería, frente a los miles de espectadores que habían asistido a ver al espectáculo futbolístico que ni el virus porcino frenó y frente a las cámaras hambrientas de goles, el jugador del equipo tapatío de las Chivas soltó un escupido, un golpe de tos, y descargó su nariz encima de un jugador adversario del equipo chileno al que enfrentaban. En las mismas horas, una ciudadana mexicana que se encontraba en Roma, Italia, tuvo que renunciar a una cita de trabajo que tenía en la capital italiana. Se la habían cancelada.

Es interesantísimo admirar las reacciones del mundo frente a la epidemia porcina desatada desde México. Más allá de las reacciones gubernamentales que buscan, según ellos, contener al contagio, resulta sumamente didáctico observar las reacciones irracionales que acompañan al miedo generado en el mundo. Si algún mérito está teniendo este maléfico virus porcino es precisamente el de habernos enseñado que todos somos iguales. Y todos somos distintos al mismo tiempo. A diferencia del miedo generado por la violencia del narcotráfico –aquí en México– o del miedo generado en contra de los migrantes –allá en Europa– el temor que se ha generado en estos días en el país y en el mundo es tan transversal como lo es la posibilidad del contagio. Nadie está a salvo, todos podemos ser víctimas. Y así las cosas, si en la capital mexicana crecen la sospecha mutua, el temor ajeno, el miedo recíproco, la desconfianza bilateral, en el mundo comienzan a mirar hacia México como a un país de infestados, portadores del nuevo mal, pecadores castigados por quien sabe cual dios justiciero. Si la actuación gubernamental es puesta en entredicho por los medios de comunicación extranjeros, la reacción popular parece ser la condena de todo un pueblo. Los mexicanos ya somos los contagiados y hoy asomarse, en calidad de ciudadano de este país, en otras tierras implica recibir lo que se les reserva a diario a los migrantes.

En la Unión Europea, como en Estados Unidos, las facciones políticas y sociales más racistas siempre han utilizado, entre otros, el argumento que supone que los migrantes, sobre todo si tienen otro color de piel, si hablan un idioma tan diferente, hasta si huelen distinto, son portadores de enfermedades desconocidas, enfermedades atávicas, ya debeladas en los países receptores, peligrosas epidemias de quién sabe qué. El mismo enfoque, no hay que negarlo, se reproduce en este país hacia otras categorías sociales, como los son, por ejemplo, las poblaciones indígenas. Ahora, al contrario, este virus, que tenía que proceder desde un puerco para que nos acordáramos de nuestra intermitente naturaleza, nos puso a todos los mexicanos en el mismo barco: estamos contagiados y por esto mejor mantenernos alejados.

Las medidas restrictivas hacia México adoptadas por distintos países en el mundo hablan claro en este sentido. Hay quienes cierran vuelos procedentes de estas tierras. Hay quienes ya no importan cerdos desde aquí. Y hay quienes que, como lo hacen la mayoría de los medios de comunicación europeos, aíslan a México. Está claro, por ejemplo, que muchos medios comenzaron a contabilizar a los contagiados solamente cuando éstos aparecieron en Estados Unidos. Mientras aquí parecía que se moría con tal rapidez que nos obligó a encerrarnos a todos, los medios extranjeros casi ni consideraban a nuestros muertos. Tenía que morir una niña de 23 meses –¡claro, mexicana!, subrayaron todos los medios europeos– para que la atención se elevara. La misma petición de que la nueva influenza cambiara de nombre y se llamara mexicana despierta ciertas sospechas acerca de la voluntad de aislar al virus aquí, en México. Poco importa que se siga tratando de salvar del derrumbe a la industria –y no a los pequeños productores– agropecuaria nacional y trasnacional cuyo modelo es una de las principales causas de la epidemia que nos agita.

La frontera norte de nuestro país no se cierra. Por lo pronto. Pero habría que apostarle a que hoy cruzarla, ya sea legalmente, se convertirá en un infierno de miradas cruzadas por encima del hombro del funcionario en turno y bajo las sospechas de cualquier ciudadano que nos agarre en el intento. Y sin embargo, aún desconociendo el número preciso de las muertes por este letal virus porcino, habría que recordarles a los demás países del mundo que aquí en México y allá, desafortunadamente, el contagio es otro. No es el virus porcino, sino el virus de la indiferencia el que nos preocupa. Y muy poca gente está afectada. Los demás seguimos con las buenas costumbres solidarias que nos enseñaron. Ese virus de la indiferencia está matando mucho más que la temida fiebre porcina. Mata cada día a decenas de migrantes que con mucha dignidad buscan mejores opciones de vida en otras tierras.

Así las cosas la esperanza es que la actual influenza porcina nos pueda de una vez enseñar a los mexicanos, entre otras cosas, que somos más iguales de lo que muchos creen. Y que no hay que ser pobre, campesino, indígena, extranjero, moreno o negro para ser discriminado. Será suficiente ser contagiados por el miedo ajeno. Por esto, resulta ser una verdadera lástima que la cumbre en contra del racismo celebrada hace unas semanas en la Unión Europea no haya declarado también que está prohibido discriminar por enfermedad.

Ponte e febbre, è vuota la città-fantasma

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 3 maggio 2009
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La crisi epidemica si stabilizza in Messico. Negli ultimi giorni il numero di deceduti sembra diminuire. Questo è quanto affermano le autorità messicane, che finalmente cominciano a rispondere in modo più dettagliato alle domande che i giornalisti pongono nelle quotidiane conferenze stampa. Ma dall'altra parte cresce la fobia nei confronti dei malati o possibili tali, con episodi di razzismo nei confronti degli abitanti di questa enorme metropoli, che solo in parte hanno accolto l'invito del presidente Calderon a rimanere a casa. La città è semivuota, perché tantissimi stanno approfittando della lunghissima sospensione d'attività (dal primo sino al 5 maggio) per andarsene dalla città. Il resto della popolazione resta a casa e, tra chi rimane, scoppiano le prime proteste.
Il numero ufficiale di deceduti - al momento di scrivere - sarebbe di 16, su un totale di 443 contagiati. E nonostante le cifre riportate stiano cambiando ogni ora, la tendenza sembra essere quella di una diminuzione dell'allarme. Ciononostante, il Centro di Controllo di Malattie (Cdc) di Atlanta avverte che è ancora presto per cantar vittoria. I tempi dell'epidemia saranno ancora lunghi, il vaccino secondo l'Oms sarà disponibile solo tra qualche mese, e c'è il rischio concreto di ulteriori mutazioni. Ma intanto il governo messicano rivela che dei 16 deceduti sinora 12 sarebbero donne, che tutti apparterrebbero a zone emarginate di Città del Messico e che rientrerebbero tutti nella fascia d'età che va dai 20 ai 40 anni.
E mentre il governo cerca finalmente di ridimensionare quanto sta succedendo, così non fanno nel resto del mondo. Non sono solo le misure decise all'estero, come sono le sospensioni di voli da e verso Città del Messico, i casi d'isolamento forzato per i cittadini messicani all'estero o per i turisti che da qui tornano in tutta fretta a casa. Sono anche i casi di chiaro stampo razzista che si registrano nel mondo. Il caso più evidente di queste ore è stato lo sputo e il colpo di tosse simulato che il giocatore Carlos Reynoso della squadra del Guadalajara ha indirizzato a un avversario cileno durante la partita di Coppa Libertadores a Santiago. L'episodio non è stato casuale. I giocatori della squadra messicana avevano già sofferto il rifiuto e gli scherzi di decine di cittadini cileni quando si erano permessi di andare a fare acquisti presso un centro commerciale della capitale cilena. Poi la partita e la pazienza che si perde tra un gol frustrato e l'ennesimo scherno dei giocatori avversari.
La fobia contagia anche il resto del paese. L'appello presidenziale che invita tutti a rimanere chiusi in casa cade nel vuoto nella capitale. Sarà la sfiducia endemica verso le direttive governative, sarà che i cittadini della capitale non resistono alla tentazione del lungo ponte, ma da venerdì scorso la città si è lentamente svuotata. Mete di preferenza le località turistiche più vicine, innanzitutto Acapulco. Ed è da qui che giungono i primi segnali di paura che presto si traducono in aperta intolleranza. Già nel resto del Messico diverse autorità avevano invitato gli albergatori a rifiutare le prenotazioni provenienti dal centro del paese, ma il sindaco di Acapulco, Manuel Añorve Baños, in conferenza stampa è andato oltre: «Agli abitanti di Città del Messico diciamo: non venite qui». E ordina immediatamente la chiusura di locali notturni, discoteche e ristoranti. L'invito, come è ovvio, rimane inascoltato. Ed allora, i «sudditi» del governatore di centrosinistra dello stato di Guerrero (dove si trova Acapulco) passano ai fatti: quattro automobili e due autobus di linea presi a sassate, due feriti il risultato medico, ma una società sull'orlo della frattura interna la possibile conseguenza immediata.
È questo il risultato che ci si aspettava? Difficile saperlo, ma intanto comincia a rompersi il fronte sociale creato negli ultimi giorni e che vedeva quasi tutti accodati alla linea governativa. Nonostante il divieto e l'annullamento della manifestazione del primo maggio da parte dei grandi sindacati, alcune organizzazioni di lavoratori hanno comunque manifestato sia nella capitale che nel resto del paese.

02 maggio 2009

Dieci pensieri dalla città difettosa

Il presente articolo é stato pubblicato sul sito italiano Global Project il 3 maggio 2009
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I.

Son passati ormai diversi giorni dall’annuncio dell’emergenza sanitaria in Messico. Giornate strane, straordinarie, che stanno già lasciando alcune conseguenze. La percezione collettiva del male, del pericolo, in questi giorni ha dimostrato, per l’ennesima volta, la potenza biopolitica che può avere il messaggio del potere. Che sia stato fatto apposta o meno, il dato è che è stato sufficiente lanciare un allarme alle undici di sera di un giovedì, in catena nazionale, e poi costruire una campagna mediatica di estese proporzioni per far tremare le ginocchia ad un paese intero. E, soprattutto, per far dimenticare, anche se per pochi giorni, tutto il resto. Una realtà quotidiana travolta e stravolta da un messaggio univoco che suggeriva chiaramente: “State attenti, potete morire tutti”.
La strana normalità di un paese che in un anno - 2008 - ha contato oltre 6.000 morti per la “guerra al narco”, che in due mesi ha perso mezzo milione di posti di lavoro formali, che vanta 60 milioni di poveri, che espelle un milione di migranti all’anno, che detiene nelle sue carceri decine e decine di prigionieri politici, che mantiene al margine della società milioni e milioni di indigeni messicani (ed anzi, fa loro la guerra), il cui governo, proprio nel climax dell’epidemia domestica, è stato messo sotto processo per il feminicidio dalla Corte Interamericana per i Diritti Umani; questa normalità è stata travolta e sostituita dall’eccezionalità dell’esistenza di un nuovo virus influenzale; dalla chiusura delle attività scolastiche a tutti i livelli; dalle numerose, o percepite tali, morti e contagi; dall’esigenza di auto imporsi nuove norme relazionali e comportamentali; dalla sospensione delle attività lavorative in questi opportuni giorni di festa nazionale; dall’eccesso informativo che ha bombardato tutti e a ogni ora, su ogni canale televisivo e radiofonico, senza riuscire mai a offrire notizie certe; dai toni allarmistici di funzionari di governo che, nonostante tutto il male che accade nel paese da molto tempo, ci avevano abituato ai loro sempre ottimistici toni da conferenza stampa; dalla proibizione a frequentare luoghi affollati e dall’irruzione improvvisa dell’emergenza nella socialità spiccata dei messicani.
L’effetto: tutti agli ordini del governo, almeno per qualche giorno.

II.

Eppure la normalità e l’eccezionalità teletrasmesse sono concetti troppo fragili, eterei e parziali per essere il parametro di queste giornate messicane. Ed allora non ci resta che volgere lo sguardo e cercare quel che non è giusto e non lo è mai stato. Le cose che accadono e che creano conseguenze. La presenza dell’esercito nelle strade messicane, per esempio. Quella che era diventata la normalità, ovvero 60.000 soldati in tutto il paese eccetto a Città del Messico, oggi è una realtà anche per la capitale. Quanti sono, pochi lo sanno. Sono qui per aiutare la popolazione durante l’emergenza. Per quanto tempo? E perché, come testimoniano decine e decine di fotografie, sono armati con fucili d’assalto? Quel che il governo locale aveva evitato per 28 mesi e mezzo, un microscopico virus lo ha ottenuto in meno di 48 ore. Un virus al servizio del governo?
Assieme all’esercito, è giunta anche la normatività - nelle vesti di un decreto con data 25 aprile che si può leggere nella Gazzetta Ufficiale - che autorizza il governo - il Ministero della Salute specificamente - a entrare nelle case messicane, a somministrare medicine, a isolare malati/appestati, a scogliere le riunioni pubbliche, ad acquistare medicine e quanto necessario per la contingenza. Il tutto sino a fine emergenza. Ma quando finirà l’emergenza sanitaria? Finirà? O si trasformerà in emergenza sociale?

III.

Nonostante le decine e decine di teorie, alcune verosimili, altre francamente cospiro-paranoiche, difficili da provare ma facili da credere, non ci rimane altro che attenerci al buon senso. Se così facciamo, non è difficile ammettere che qualcuno da tutta questa storia ci sta guadagnando e ci guadagnerà molti soldi. A cominciare dall’industria farmaceutica multinazionale. Che forse non è la colpevole cosciente di una guerra batteriologica studiata a tavolino, ma sicuramente è colpevole di non aver reso accessibile nel passato e in queste ore i medicinali e le cure necessarie per affrontare questa crisi sanitaria. È necessario pagare, dicono. Ed in effetti, il decreto menzionato sopra, darà facoltà al governo di spendere i 205 milioni di dollari che la Banca Mondiale ha prestato al Messico, così come i 600 milioni stanziati dal governo stesso o gli ormai innumerevoli crediti ricevuti, senza che nessuno approvi o meno le spese e senza che potenzialmente nessuno ne sappia niente. E come non notare la strana coincidenza del contratto firmato solo il 9 marzo scorso dall’impresa francese Sanofi-Aventis (con un investimento di 100 milioni di euro) per la produzione di vaccini? Il progetto messico-francese prevede la produzione di vaccini a partire dal 2010, ma il tempismo dell’accordo commerciale è sorprendente, se non inquietante.

IV.

E se le case farmaceutiche e i laboratori di ricerca fanno affari e rischiano di farne di più, è cominciata ufficialmente la gara per premiare - economicamente - chi troverà la formula magica che compreremo prossimamente sotto forma di vaccino. La notizia, che anche il governo di Città del Messico stia partecipando nelle ricerche (grazie all’aiuto degli efficienti laboratori dell’Istituto Politecnico Nazionale e della Università Nazionale) per “evitare che il vaccino assuma i costi di mercato imposti dalle grandi case farmaceutiche”, è appena una piccola consolazione. Perché un’altra cosa che questa crisi sta drammaticamente evidenziando è la precarietà del sistema sanitario pubblico messicano. 27 anni di neoliberismo - sostenuto anche dall’attuale amministrazione della capitale - hanno prodotto questo: un sistema sanitario incapace di rispondere efficacemente ad un’epidemia e che proprio per questa inefficienza è tra le cause di tanti contagi; un sistema pubblico di ricerca scientifica abbandonato dalla spesa pubblica e che ha dovuto subire l’onta dell’arrivo dall’estero (dagli USA) degli strumenti capaci d’intercettare il nuovo virus; la presenza di decine di medici fuoriusciti dalle centinaia di università private, che proprio nei giorni più acuti della crisi, non solo hanno dimostrato incapacità, ma hanno, in molti casi, abbandonato letteralmente il posto per “paura di contagio”. Il tutto a scapito degli ottimi medici che il sistema educativo pubblico sforna ogni anno.

V.

Chi altro ci guadagna in tutta questa storia? Difficile capirlo ancora, ma gli indizi sono molti. Le denunce che una certa parte del panorama istituzionale pronuncia contro “chi vuole capitalizzare elettoralmente l’attuale congiuntura”, seppur strumentali loro stesse, hanno un fondo di verità. Ed anche se la politica elettorale e la rappresentanza politica formale non ci appartiene (e non ci interessa), non possiamo negare che proprio questo sistema, conquistato dopo decenni di lotte politiche clandestine e represse dal partito-stato, rappresenta oggi uno dei metri per misurare la fragile democrazia messicana. E quindi non sono solo i soldati in strada, le leggi emergenziali che impongono lo stato d’eccezione, ma anche l’intervento sempre più pressante che proprio in questa fase, il governo sta esercitando sugli altri poteri dello Stato. Prima, il silenzio assoluto da parte della magistratura (e del potere giudiziario nella sua totalità) rispetto alle leggi eccezionali che stanno passando, un giorno sì e l’altro pure. Poi, l’intervento esplicito dell’esecutivo nell’attuale processo elettorale che dovrebbe culminare il prossimo 5 luglio con l’elezione di metà del Congresso federale. L’uso del condizionale è d’obbligo, visto che si sta già discutendo la sospensione della data elettorale. E mentre questo si decide, il Ministero della Sanità - con il Presidente alle spalle - interviene nella campagna elettorale, infrangendo, ancora una volta, le regole stabilite. Non è dunque l’autorità competente, l’Istituto Federale Elettorale, ma il Ministero che detta le regole “sanitarie” della campagna elettorale che comincia i 4 maggio: i comizi non dovranno essere troppo partecipati; non si realizzeranno in luoghi chiusi; si potranno organizzare solo tra le ore 10 e le ore 15; circa il 10% degli spazi elettorali in televisione e radio saranno ceduti al governo perché trasmetta le indicazioni sanitarie alla popolazione.

VI.

Al di là delle reazioni sociali che straripano spesso e volentieri nella paranoia e psicosi generalizzata o in episodi diffusi e in crescita di discriminazione nei confronti degli abitanti di Città del Messico (qui nel paese) e dei messicani in generale (all’estero), nelle ultime ore, per fortuna, si sono registrate anche alcune proteste, isolate se si vuole, ma che sono lì a dimostrare che la dignità della cittadinanza non si fa ingannare dalle minacce di morte per contagio rilasciate dal governo. Sono episodi dei giorni scorsi che hanno visto i medici di due grandi ospedali della capitale protestare per la mancanza di misure di sicurezza adeguate. Ma è soprattutto la protesta apparentemente spontanea di duemila persone (quasi tutte donne) che si son scontrate con la polizia antisommossa della capitale fuori da uno dei più grandi carceri maschili di Città del Messico. Hanno protestato, perché da una settimana non gli permettono di vedere i propri cari. Visite proibite. Ma anche i detenuti, da dentro, hanno protestato per la mancanza di condizioni igieniche: 8.500 detenuti in un carcere per 3.000 persone, mancanza di cibo decente, assenza di saponi e medicine, ecc. Le donne fuori han lanciato pietre per due ore alla polizia. Han bruciato una pattuglia. Alla fine, il governo ha ceduto: visite ristabilite, seppur limitate. Ma è da risaltare anche la disobbedienza praticata da migliaia di lavoratori che, nonostante i divieti, il primo maggio han manifestato in tutto il paese e a Città del Messico.

VII.

Qualche giorno fa, c’è stata un’altra protesta, ma fuori Città del Messico. Precisamente a Las Glorias, nello stato di Veracruz, a dieci chilometri dall’istallazione dell’impresa Granjas Carroll, proprietà al 50% dell’americana Smithfield Food Inc.. L’impresa, produttrice di quasi un milione di maiali all’anno, è al centro della polemica in questi giorni, proprio perché si sospetta che lì, in quel territorio altamente inquinato proprio dalla produzione suina, si sia generata la mutazione virale che oggi rischia di contagiare il mondo intero. I manifestanti hanno chiesto di indagare l’impresa e le autorità che l’hanno protetta sinora ed eventualmente chiuderla. Un buon segno, ma ancora insufficiente. Evidentemente, come sostiene nel suo ottimo articolo l’americano Mike Davis, è oggi urgente - come lo è stato all’epoca della febbre aviaria - rivedere l’intero sistema di produzione alimentaria (ed anche di consumo alimentario) dell’epoca neoliberista che da tempo ha superato ogni limite.

VIII.

A proposito di proteste, dovremmo aspettarci nei prossimi giorni anche le proteste del settore produttivo. E non degli industriali e dei commercianti, che stanno già ricevendo le garanzie (economiche) del caso, ma dei lavoratori, vittime predestinate a pagare il prezzo della chiusura imposta dal governo di alcune attività produttive. Lo hanno già detto i padroni: gli stipendi si pagheranno, ma le ore perse dovranno essere recuperate con altrettante ore di straordinario, non pagate ovviamente. Orari da 24 ore al giorno di lavoro? Forse, o senno il licenziamento. E già, perché questa crisi sta offrendo agli industriali la possibilità di eliminare quei posti di lavoro che già prima erano di troppo, ma che si tolleravano in nome della pace sociale e delle statistiche economiche, tanto care alla classe politica messicana. I sindacati messicani non stanno a guardare e già avvertono che non permetteranno queste pratiche. Ma sarà sufficiente il sindacalismo onesto e democratico messicano a frenare queste intenzioni neanche tanto oscure degli industriali? Lo vedremo presto. Per ora vale ricordare che solo il 18% dei lavoratori in Messico è sindacalizzato e, di questi, solo il 10% appartiene a un sindacato vero, ovvero non controllato dai padroni.

IX.

Dopo quanto detto, forse risulta più facile rispondere alla domanda che tutti continuano ancora a fare: perché il virus uccide solo in Messico? La risposta precisa nessuno l’ha data, anche se in una conferenza stampa, un distratto ministro della salute, se l’è fatta scappare: “Abbiamo reagito con ritardo”. È vero. Il primo caso di contagio da virus suino che si è concluso con una morte, la prima, risale al mese di marzo. E già i primi di aprile, il governo intuiva quel che sarebbe potuto accadere. Ma sperava forse di riuscire a contenere la possibile epidemia. Non ce l’ha fatta.
Oggi, altre risposte alla domanda da un milione di dollari sono facili da dare: il sistema sanitario pubblico assolutamente deficiente; l’esistenza di almeno 60 milioni di poveri nel paese che non hanno praticamente alcun accesso ai servizi medici; la mancanza nel paese di medicine adeguate; l’assenza di informazioni precise non solo sul numero reale di deceduti e contagiati (chi? dove? quando? età? origini? ecc.), ma soprattutto sui reali rischi di questo virus.

X.

Infine, un pensiero dedicato a questi venti milioni di esseri umani che vivono in questa valle. È difficile in queste ore non cedere alla tentazione di posizioni diffidenti nei confronti del prossimo. Il sospetto minaccia costantemente le relazioni personali. Ma vi è anche il consolidarsi di relazioni tra conoscenti che s’informano della salute altrui con grande generosità. Si stabiliscono ponti e nuove amicizie. Il tutto sulla base d’un empatia comune attorno alla sopravvivenza, anche solo psicologica, in queste ore di enormi pressioni informative. Inoltre, va aggiunto che nonostante tutto, la reazione della cittadinanza è stata di grande dignità. La mascherina azzurra o verde, seppur quasi inutile ad evitare il contagio, è diventata oggi il simbolo di una resistenza che, se in un primo momento era assolutamente individualista, oggi assume un segno collettivo di notevole importanza. Il messaggio, che molti mezzi di comunicazione trasmettono - anche in Italia, ahimè - nel senso del cittadino messicano travolto dal virus vuoi per ignoranza, per povero, per poco igienico, per egoista o per credenze mistiche estranee alla civiltà, non solo denuncia la solita visione egocentrica e decisamente razzista di certa stampa e di certi commentatori, ma aiuta ancor di più il discorso governativo (anche messicano) che vorrebbe una cittadinanza incapace di aiutare se stessa e bisognosa dell’aiuto del fratello maggiore, lo Stato.

01 maggio 2009

Calderon: tutti in casa. Il paese chiude per 5 giorni

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 1 maggio 2009
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Il Presidente Felipe Calderon, attraverso il Ministero della Sanità, ha decretato la chiusura totale di ogni attività dal primo al cinque maggio. Approfittando che proprio il 5 maggio è festa nazionale, il governo chiude i battenti e chiede a tutti i governi locali di fare lo stesso. Esclusi dal provvedimento, gli ospedali ovviamente, così come le farmacie, la rete dei trasporti, le banche, i supermercati, i benzinai e il servizio di raccolta rifiuti.
Una svolta ulteriore ratificata dall'invito trasmesso in catena nazionale a «restare tutti a casa». Ma il lungo ponte vacanziero rimane un'incognita, alla luce del fatto che già mezzo milione di cittadini avrebbe abbandonato la capitale in questi ultimi giorni a causa dell'allarme epidemia e dell'abitudine estesa ad approfittare delle giornate di vacanza per una gita fuori porta, magari sino alla vicina Acapulco, meta ambita degli abitanti della capitale.
E assieme alle prime ammissioni di colpa - «in Messico si muore di più perché ci siamo mossi tardi», Ministro dixit - ed alla conferma che le tanto diffuse mascherine sarebbero praticamente inutili ad evitare il contagio, il Presidente Calderon accetta che un danno economico ci sarà.
Non saranno solo le variabili macroeconomiche a rivelarlo - si calcola una perdita di circa il 0,5% del PIL - ma anche le tasche di quanti non stanno lavorando. Ma spiega: «È un sacrificio per tutti, ne vale la pena». Peccato che sinora non abbia ancora svelato dove e come saranno spesi i 630 milioni di dollari stanziati dal governo per la crisi e i 205 ricevuti come prestito straordinario da parte della Banca Mondiale.

 
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