25 febbraio 2009

Guerra alla plastica

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 25 febbraio 2009
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È un fine settimana qualunque a Città del Messico. Il giorno migliore per andare al supermercato a fare la spesa per la settimana. Dall'ipermercato escono ogni minuto 23 famiglie con i loro acquisti conservati nelle loro 184 borse di plastica. Da quel momento in poi, il futuro di quelle borse di plastica si affida al destino. O alla volontà di chi ne è diventato possessore. Perché, spiegano gli specialisti del Ministero dell'Ambiente della capitale messicana, effettivamente non esiste alcun piano di smaltimento di questo tipo di rifiuti. E le conseguenze stanno rapidamente trasformandosi in un emergenza. Almeno questo è ciò che segnalano i sondaggi e gli studi scientifici commissionati ad hoc. Secondo recenti studi di Greenpeace e dell'Agenzia di Protezione Ambientale degli Usa, nel mondo ogni persona consuma 6 borse di plastica al giorno. I sacchetti vengono per altro usati solo per una media di 12 minuti. Di questa quantità solo l'1% si ricicla.
In Messico, invece, secondo la Commissione Ambiente del senato, si consumano attorno ai due milioni di borse al giorno. Una cifra che spaventa il governo locale, ma che lascia indifferenti i responsabili del settore a livello federale.
Se infatti il governo, attraverso il rispettivo Ministero, segnala che «il problema è grave perché occlude gli scarichi dell'acqua e provoca inondazioni durante la stagione delle piogge», i secondi minimizzano e spiegano che le borse di plastica «costituiscono appena l'1% dei rifiuti di tutto il paese». Ed in effetti, i dati del Ministero federale parlano chiaro: dei 135 milioni di rifiuti che ogni anno il Messico produce, solo 107mila sarebbero buste di plastica. Eppure, altre statistiche dello stesso dicastero ma presentate separatamente, contraddicono la versione ufficiale: in Messico si producono poco più di 390mila tonnellate di borse di plastica, vi è dunque un ammanco di oltre 200mila tonnellate. Sarà anche vero che, come dimostrano i sondaggi, i messicani riutilizzano sino al limite massimo le borse di plastica, ma la differenza tra rifiuti calcolati e rifiuti potenziali è davvero enorme.
Quel che non si dice, invece, è che la produzione di tale quantità di borse di plastica genera un profitto di oltre 350 milioni di dollari all'anno. Una cifra niente male soprattutto se si considera che in Messico sono solo 25 le imprese che si dedicano alla produzione di buste di plastica. A rivendicarlo è l'Associazione Nazionale dell'Industria della Plastica (Anipac), la quale sostiene non solo che l'inquinamento prodotto dalle borse è minimo, ma che «sarebbe sconveniente legiferare per ridurne l'uso». La realtà invece sembra dimostrare che l'emergenza esiste davvero e va affrontata. Questa infatti sembra essere l'intenzione del governo di Città del Messico, che avrebbe messo allo studio una proposta di legge per indurre i grandi distributori di questo temibile agente inquinante a ridurne l'uso. Come? Imponendo una tassa sulle borse che le grandi catene distribuiscono sino a oggi gratuitamente. I dati infatti dimostrano anche che oltre il 30% di questo prodotto è messo in circolo proprio dalle 38 catene di supermercati, il resto da gli altri negozi. L'idea, spiegano i funzionari del governo locale, è quello di promuovere l'uso di borse riciclabili.
Son diventati ambientalisti nel governo della capitale? Forse. O forse solo stanno dietro ai sondaggi, anche loro. Questi infatti dimostrerebbero che oltre la metà dei cittadini della capitale vorrebbe ricevere borse di carta al supermercato e oltre il 90% considera questo un serio problema ambientale.

21 febbraio 2009

EU: estrategia empresarial contra los sindicatos

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 21 de enero de 2008.
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"Es la muerte de una civilización. Así es como una civilización desaparece. Estoy sentado aquí como un hombre de Estado y estoy mirando lo que sucede y no lo puedo creer", declaró Bernie Marcus, fundador y líder de la empresa estadunidense Home Depot, el pasado 17 de octubre.

Tres días antes, el 14, la Bank of America Corporation (BAC) recibió, por parte de la administración saliente de Estados Unidos, su cuota del plan de rescate financiero: 25 mil millones de dólares. Inmediatamente, la BAC ofreció sus oficinas para que en ellas se realizara una "reunión reservada" con el "mundo empresarial", misma que fue convocada por Marcus y por Rick Berman, fundador del Centro de Estudios Privados Union Facts.

El objetivo: aliarse y analizar cómo bloquear "la amenaza constituida por la Employee Free Choice Act" (EFCA), es decir, una propuesta de ley, ya aprobada en la Cámara de Representantes y aún bloqueada en el Senado, que reformaría las vías de elección de un sindicato por parte de los trabajadores estadounidenses.

La reunión se realizó el pasado 17 de octubre. A pesar de su carácter "reservado", fue grabada. En los archivos de audio –una de cuyas copias tiene este reportero– se escuchan las voces de los dos principales protagonistas del encuentro: Marcus y Berman. Ambos revelaron el profundo malestar que les provoca la EFCA y esbozaron la estrategia para frenar su aprobación.

A lo largo de sus intervenciones, definieron el proyecto de ley como "la mayor amenaza al capitalismo americano". Explicaron que por ello "son necesarias importantes donaciones a todas las fuerzas que se están oponiendo" a la ley.

Según los expositores, estas aportaciones "de cientos de miles de dólares" deberán de ser destinadas "al centro" dirigido por Berman y "a los senadores republicanos más sensibles al tema", para evitar "que Estados Unidos se convierta en un país como Francia".

En una de sus alocuciones, Marcus añadió: "Si los empresarios no intervienen, si no han gastado dinero en esta elección (la presidencial), si no han enviado dinero a Norm Coleman (senador republicano) y a todos esos muchachos, deberían dispararles. Deberían ser despedidos de sus malditos trabajos".

No paró ahí: "En calidad de accionista, si encuentro a un directivo que no hizo nada en contra de la EFCA demandaría al hijo de puta (...) Estoy tan enojado con estos directivos. No comprendo toda esta estupidez".

La EFCA

La Employee Free Choice Act fue propuesta por sectores demócratas en el Congreso federal estadounidense. El 1 de marzo de 2007, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. Fue una votación reñida: 241 votos a favor y 185 en contra.

La iniciativa se turnó al Senado, que la sometió a votación el 26 de junio de ese año. Pero la EFCA no alcanzó los 60 votos necesarios para ser aprobada.

En dicha sesión, el entonces senador Barack Obama expresó su opinión favorable: "Apoyo esta ley porque, para restaurar un sentido de prosperidad y de seguridad, necesitamos ayudar a las clase trabajadora de Estados Unidos a ejercer su derecho a organizarse bajo un proceso libre y a ser contratados colectivamente".

Un año más tarde, en abril de 2008, durante la campaña interna para alcanzar la candidatura demócrata, Obama afirmó frente a los sindicatos: "La aprobación de la EFCA será mi prioridad por lo que concierne al ámbito laboral".

Las principales centrales sindicales estadounidenses lanzaron una campaña en favor de la ley, entre ellas la American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). La campaña, que lleva el nombre de "Acta de la opción libre", es apoyada incluso por organizaciones civiles estadounidenses.

De acuerdo con diversos documentos de esta campaña, las centrales de trabajadores afirman que la EFCA mejorará las condiciones para formar un sindicato y para negociar contratos de trabajo.

"Con la actual normativa, los trabajadores podemos formar a un sindicato de dos maneras: o el empleador reconoce que la mayoría de los trabajadores quieren tener una representación y la acepta, o la puede pelear si al menos el 30% de los trabajadores no están de acuerdo con la nueva representación", señala uno de los documentos.

En efecto, el empleador actualmente puede recurrir a la Mesa Nacional de Relaciones Laborales para pedir una elección.

En los citados documentos, los sindicatos afirman: "Inclusive si los trabajadores ganan, el empleador puede no reconocer al voto interno". De esta manera, denuncian, "el empleador tiene todo el poder de control de la vida sindical".

Por el contrario, con la EFCA "es suficiente que la mitad más uno de los trabajadores elijan a un sindicato para que éste exista". Así, la nueva ley obligaría a los empleadores a reconocer a la nueva representación y les quitaría cualquier medio de apelación frente a las autoridades.

Además, la EFCA permitirá frenar los abusos de los empleadores.

"Con la actual legislación, los empleadores intimidan, persiguen, obligan y despiden a quienes tratan de formar a un sindicato", pero con la nueva ley se quitan las barreras para formar uno nuevo", agrega el documento.

También "introduciría la figura del Servicio Federal de Mediación y Conciliación" y "endurecería las multas y castigos para los empresarios que violen la legislación laboral".

En los documentos de la campaña, los sindicatos afirman que este último aspecto es importante, "pues las violaciones (a la ley) por la parte empresarial se han vuelto algo epidémico.

Los abusos de las corporaciones, como por ejemplo el despido de los sindicalistas, se ha extendido tanto porque, no habiendo castigos suficientes, el costo a pagar por estas violaciones es considerado aceptable para el empleador", quien lo asume como un costo más de su negocio.

El "doctor mal"

Por el momento, la nueva ley ha quedado congelada en el Senado. Los sindicatos aseguran que "detrás de los senadores se encuentra el mundo empresarial". Así lo muestran también las grabaciones de la reunión del pasado 17 de octubre.

En esa ocasión, Marcus afirmó que "esta ley puede ser una de las cosas peores que nuca he visto en mi vida".

Y añadió: "Podría estar de vacaciones en un barco en el Mediterráneo. Sin embargo, sentí que es más importante emprender esta lucha".

En una referencia al entonces inminente día electoral del pasado 4 de noviembre, Marcus afirma que "es increíble que alguien haya tenido el valor de intentar hacer pasar esta ley en este año electoral, especialmente cuando tenemos una economía que es un desastre, un total y absoluto desastre".

Según testimonios reportados por medios alternativos en Estados Unidos, en las semanas anteriores al 4 de noviembre, Marcus y Berman habrían cabildeado con empresarios, investigadores económicos y accionistas de distintas empresas la posibilidad de "apoyar las campañas de los candidatos republicanos", entre los cuales mencionaron a Norm Coleman, del estado de Minnesota; Gordon Smith, de Oregon; Mitch McConnell, de Kentucky; Elizabeth Dole, de Carolina del Norte, y Roger Wicker, de Mississippi.

No obstante, en el encuentro del 17 de octubre, Berman advirtió: "Si después de estas elecciones no hay suficientes republicanos que se opongan a la ley, será muy difícil resistir".

Añadió: "La única manera (de oponerse a la aprobación de la ley) después de estas elecciones, en el caso de no tener una mayoría obstruccionista en el Senado, es la de calentar tanto el asunto en ciertos estados, que los demócratas que apuntan a las elecciones de 2010 tendrán que pensarlo dos veces si dejan o no pasar este asunto".

En una declaración pública concedida a pocos días del encuentro, Berman negó "que en la reunión se haya promovido el financiamiento de nadie". Sin embargo, en las grabaciones se escucha la voz de un hombre que sugirió a los participantes enviar mayores contribuciones a la organización de Berman como una vía para tener influencia en las elecciones sin "molestar a la campaña de (John) McCain", el candidato presidencial republicano.

Se escucha la voz afirmar: "Algunas organizaciones han firmado cheques por 250 mil, 500 mil y hasta por 2 millones de dólares para este propósito".

El Centro de Estudios Union Fact –que encabeza Berman– es "una organización sin fines de lucro, apoyada por fundaciones, hombres de negocios, miembros de sindicatos y por el público en general", que se ocupa "de mostrar a los estadounidenses la verdad acerca de los líderes sindicales de hoy", apunta el sitio en internet del centro.

Pero los documentos de la campaña lanzada por los sindicatos afirman que en realidad "Berman es un reconocido hombre de negocios que se ocupa de desacreditar a los sindicatos y de cabildear entre los políticos".

En los años, 90 Berman obstaculizó la legislación que prohibía manejar automóviles bajo los efectos del alcohol y lanzó el lema "tolerancia hacia el beber social".

Más adelante fundó el Instituto por las Políticas del Empleo, en el que defendía "la importancia de los trabajos con el salario mínimo para la gente pobre y para la gente no educada".

El 5 de abril de 2007, el programa televisivo 60 minutes, de la CBS, dedicó un programa a las actividades de este empresario. Casi cuando concluía el programa, el locutor lo describió como "el arma de destrucción masiva que utiliza la industria de alcohólicos y de la comida", y al final lo llamó "el doctor Mal".

"Tenemos que liberar a la libertad"

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 21 de febrero de 2009
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La historia del padre Luigi Ciotti es larguísima. Su rostro apenas muestra sus 62 años. Sonríe por instinto al encontrar a una persona que no conoce. Se dirige con el a quienes sean los que encuentra y alarga la mano, como por respeto al original signo de paz. En 1966 fundó el Grupo Abele, que se ocupa hasta la fecha de asistir a menores reclusos y a víctimas de las drogas. En 1972 se ordenó en el sacerdocio. En 1986 fue el primer presidente de la LILA, Liga Italiana de Lucha contra el Sida. En 1993 publicó el primer número de la revista mensual Narcomafie, que hoy es punto de referencia ineludible acerca del tema de las drogas y su tráfico. En 1998 recibió la licenciatura honoris causa en ciencias de la educación por la Universidad de Bolonia. Definitivamente la vida de este hombre llenaría páginas de libros enteros por las ideas que se generan de tanta experiencia de lucha social en las calles.
Invitado por la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) a ofrecer su punto de vista en el contexto de las Jornadas de Reflexión sobre Violencia y Seguridad que se llevaron a cabo en la sede de los obispos en Cuautitlán Izcalli, los pasados días 2, 3 y 4 de febrero, el padre Ciotti acpta la entrevista con este reportero.
Explica el interés de la CEM por la asociación Libera, la otra gran empresa de Luigi Ciotti, creada alrededor de la lucha en contra de la mafia.

–¿Qué es Libera?

–La asociación Libera es una realidad transversal que reúne a mil 500 asociaciones en toda Italia. Todo esto porque el contraste a la criminalidad, a la ilegalidad y a las mafias no puede ser nada más judicial; es decir, el gran trabajo generoso de las fuerzas del orden. Es necesario también que se involucre la llamada sociedad civil... Digo así porque todo mundo, hablando, se define civil. Yo prefiero decirle sociedad responsable; es decir, que asume su cuota de responsabilidad. La sociedad civil hoy es como el agua mojada, una bandera que todos pueden utilizar, inclusive aquellos que están en la ventana mirando nada más, muchos que juzgan y hablan, un mundo de opiniones, inteligencias iluminadas, todos saben lo que tienen que hacer los demás... Quizás es el caso de meternos a hacer cosas nosotros. Recuerdo las palabras de (Rocco) Chinnici, el juez asesinado por la mafia en 1983: sin una nueva conciencia, nosotros solos nunca podremos ganar.

Ciotti recuerda a Norberto Bobbio al tratar de explicar la visión de Libera. El filósofo liberal italiano decía que la democracia vive de buenas leyes y de buenas costumbres. La ley, añade el sacerdote italiano, debe responder a las necesidades de los seres humanos, de todos, no solamente de una parte. Pero, afirma, se necesitan también buenas costumbres. Tomar conciencia que el cambio somos nosotros, que el cambio nos necesita. De tal manera que, explica Ciotti, exigimos al Estado y a las instituciones con claridad, sin descuentos, sin compromisos, que hagan su parte. Nosotros vigilamos, tenemos que ser una espina en el flanco (del poder) con propuestas.

La asociación Libera nació el 25 de marzo de 1995. Ciotti subraya que esta historia viene de lejos, porque en 150 años de mafia en nuestro país siempre ha habido también una antimafia; es decir, sociedad, personas y organizaciones que se han opuesto a ella. Pero, afirma, esta voluntad antimafia en muchas ocasiones ha sufrido la falta de continuidad, la emotividad del momento seguida por la desilusión.

Es por esto, explica, que surge Libera, para tratar de dar continuidad al esfuerzo de la sociedad responsable.

–¿Cuáles son las propuestas concretas de la asociación?

–Libera tiene tres propuestas fundamentales. La primera es la de confiscar los bienes de los mafiosos, quitarles su patrimonio y regresarlo a la sociedad. Entonces, confiscación y uso social de estos bienes. Con la actual ley se han incautado alrededor de 9 mil propiedades; algunas ya se entregaron a la sociedad, que ya las utiliza.

–¿Por ejemplo?

–En algunos casos, sobre todo en las tierras embargadas en el sur del país, se han creado cooperativas productivas que ofrecen trabajo verdadero. El proyecto se llama Libera Tierra. Funciona, aunque a veces llegan las amenazas.

El padre Ciotti vive con escolta policiaca desde hace algunos años y habla con mucha confianza del tema. “Justamente en estos días han llegado amenazas a una de nuestras cooperativas.

“Para la mafia, la bofetada es doble: por un lado le quitas su patrimonio, por el otro ven cooperativas con jóvenes de su territorio... le quitamos consenso social.

Regresamos la dignidad; es decir, la libertad a estas tierras y a su gente, afirma Ciotti. Aquí la primera violencia es la pobreza, la falta de oportunidades, la dependencia.

–La segunda propuesta...

–Un gran elemento es el conocimiento, tenemos que ofrecer y ofrecernos informaciones. Debes conocer para actuar, para intervenir, para volverte responsable. Entonces hay un gran trabajo en las escuelas. Hoy, 60 por ciento de las universidades italianas tienen firmado un convenio con Libera para realizar encuentros, pero también de cursos para licenciaturas y para maestrías.

–¿Qué importancia tiene la memoria?

–Esa es nuestra tercera propuesta. El 21 de marzo es el Día del Compromiso y de la Memoria. Tenemos el deber de multiplicar nuestra acción mediante el recuerdo de los que se fueron antes. Nos acordamos siempre de los asesinados famosos, casi nunca de los demás. Hemos logrado conformar una red de familiares y amigos de las víctimas de la mafia.

Libera reúne asociaciones y grupos de toda Italia. Entonces le preguntamos si es cierto que la mafia existe solamente en Sicilia, en el sur de Italia.

“Quizás aquí (en México) sea impropio hablar de mafia... escuché hablar de cárteles. Creemos que no podemos pensar que la mafia es un problema solamente de algunas áreas geográficas. Nosotros siempre les recordamos a los que en el norte (de Italia) dicen que ahí la mafia no existe, que sólo es problema del sur, que las mafias invierten donde hay dinero.”

Explica que el tercer lugar de bienes confiscados en Italia es la ciudad de Milán, el centro financiero del país, en el norte.

En este sentido, esta crisis económica, que antes que todo es una crisis política y ética, tendrá otras consecuencias. La mafia se aprovechará del sufrimiento de tantas familias y de tantas pequeñas empresas: prestarán dinero, harán favores, penetrarán en la sociedad aún más.

–En México, el año pasado se registró un alto índice de asesinatos por la llamada guerra contra la criminalidad. En Italia el fenómeno ha disminuido sensiblemente en años recientes...

–En Italia efectivamente la mafia asesina mucho menos que en otros periodos. Pero no hay que ilusionarse. Los jueces italianos advierten que hay que estar atentos: estos son datos que pueden distraer, porque la disminución de homicidios cometidos por la mafia corresponde en realidad a mayor capacidad de penetrar a la sociedad y de control sobre la misma.

–¿Cuál es el sustrato en el que se apoya la criminalidad?

–Hay una ilegalidad difusa detrás de la incidencia del crimen. Con eso quiero decir que podemos hablar de la gran criminalidad organizada, de mafia, pero tenemos que estar atentos de no llenarnos la boca con grandes palabras, repetir los datos que existen y que tienen que preocuparnos. Que todo eso no se vuelva coartada, un pretexto detrás del cual esconder nuestra responsabilidad y que nos impida reflexionar acerca de las otras formas de ilegalidad que no producen ruido, que no molestan a nadie.

–¿Por ejemplo?

–Acabo de ver los datos mexicanos, pero en Italia estamos en el lugar 55 de los índices mundiales de corrupción. Entonces digo que hay desatención y hasta complicidad de la política en todo esto. Hay gran incidencia de crímenes de los llamados de cuello blanco; es decir, de los políticos y de los hombres de negocios.

–¿Qué es la seguridad?

–Hoy hay un gran debate acerca del tema. Un debate que simplifica la cuestión y que sólo busca consenso electoral. El derecho a la seguridad es fundamental, pero los primeros que tienen esos derechos son los últimos de la fila: los más pobres. Entonces, la seguridad es antes que nada la salud, la educación, la casa, el trabajo; ésta es la primera seguridad que nos merecemos, y la primera defensa frente a la inseguridad es la verdad.

–¿Cuál es su relación con la Iglesia?

–He elegido trabajar con mundos distintos. Siempre he creído que cada quien debe dar su propia contribución en la construcción de la justicia y de caminos de libertad. Evidentemente también dentro de la Iglesia alguien se puede molestar porque dice que esto es tarea de la política, es un compromiso social, no es tarea de nosotros. El cristiano no puede ser espectador de la historia, al contrario, debe asumir sus responsabilidades frente a lo que sucede. Es bueno que la Iglesia se interese en estos temas. Es bueno también que se produzcan documentos, pero los compromisos no pueden quedarse sólo en el papel, deben convertirse en carne, deben traducirse en la realidad. San Mateo decía que buscáramos el reino de Dios y su justicia, esto significa que tenemos que salvar el cielo, pero también la tierra. Necesitamos de una Iglesia que sepa leer los problemas en la tierra y juntarlos con los elementos más espirituales.

–¿Quién es Luigi Ciotti?

–Soy una persona pequeña, pequeña, pequeña, pequeña. Hago todo lo que puedo y señalo a todos la necesidad de crear las condiciones de libertad para las personas.

Concluye diciendo que vivimos una paradoja: Tenemos que liberar a la libertad del mal uso que se hace de ella. Hay demasiadas personas en nuestras sociedades que no son libres.

20 febbraio 2009

Messico e miniere

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 20 febbraio 2009
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Facce nere in sciopero per 18 mesi
Da un anno e mezzo il sindacato dei minatori blocca gli storici giacimenti di Taxco, Sombrerete e Cananea, dove nacque (con una strage del 1906) il movimento sindacale messicano. Il padrone è il super-ricco numero tre del paese, miracolato dalle privatizzazioni. E il leader del sindacato è costretto a fuggire in Canada inseguito dai mandati di cattura
Il 30 gennaio scorso, i minatori del «Sindacato nazionale dei lavoratori minatori e metalmeccanici della Repubblica messicana» (Sntmmrm) hanno compiuto 18 mesi di sciopero presso le tre miniere di Taxco, Sombrerete e Cananea, senza che si intraveda all'orizzonte una soluzione al lungo conflitto che oppone i minatori ad una delle imprese più potenti del paese, il Grupo Mexico. Iniziato per cause legate alla revisione salariale del contratto collettivo nazionale e per questioni di sicurezza sul posto di lavoro, la protesta dei minatori è diventata una questione politica che coinvolge ormai non solo le due parti, ma lo stesso governo messicano. Questo infatti, ancor prima che scoppiasse la dura protesta del sindacato, ha preso parte al conflitto schierandosi apertamente dalla parte dell'impresa di German Larrea Mota-Velasco, il potente imprenditore del nord del paese che ad inizio anni 90, grazie alle privatizzazioni, si è impossessato della maggior parte delle ricchezze del sottosuolo messicano ed oggi è il super-ricco messicano numero tre, e 127 del mondo secondo Forbes.
Sono miniere storiche. A Cananea nacque il movimento sindacale in Messico, quando nel 1906 il governatore chiamò i Rangers dall'Arizona per reprimere uno sciopero nella miniera di rame contro la Anaconda copper company: 23 morti.
Cento anni dopo le pessime condizioni lavorative, il deterioro dei parametri di sicurezza sul lavoro e l'obsolescenza delle strutture al limite del collasso strutturale, oltre alla negazione da parte dell'impresa della richiesta di revisione salariale, sono tra le cause della protesta. Poco meno di dieci euro al giorno per un turno di otto ore a novecento metri sottoterra sono precisamente le condizioni che i minatori pongono al centro della protesta. E inoltre la mancanza di caschi, guanti e vestiario adatto. Le malattie professionali non si contato, a cominciare dalla silicosi che, dice il sindacato, colpisce praticamente ogni minatore. L'impresa, secondo i lavoratori, non presta attenzione a queste situazioni. Se per contratto un minatore dovrebbe lavorare un massimo di 13 anni dentro la miniera, l'impresa vanta lavoratori con un'anzianità di oltre trent'anni. E quando li manda in pensione, spiegano i sindacalisti, «fa di tutto per negare o ridurre l'indennità per malattia».
A questa situazione si aggiunge l'arrivo presso le miniere di un numero ancora impreciso di lavoratori esterni. Contrattati il più delle volte attraverso imprese fantasma, i lavoratori esterni smettono di essere precari, e diventano veri e propri schiavi: 3 euro al giorno, turni da 12 a 14 ore continue per attività che vengono definite «speciali»: esplorazione, apertura di nuove gallerie, utilizzo di esplosivi. Non godono di alcun tipo di protezione sociale, come per esempio la ripartizione dei guadagni dell'impresa (garantita per legge a tutti i lavoratori), non godono di vacanze pagate e nella maggior parte dei casi hanno contratti della durata massima di un mese. Racconta un dirigente del sindacato: «Una volta, un esterno s'è infortunato. L'impresa si rifiutò di chiamare l'ambulanza perché diceva che non era un suo lavoratore. Dovemmo portarlo noi in ospedale e fare colletta per pagargli le cure».
Se fosse poco, il sindacato denuncia la precarietà delle strutture: macchinari vecchi, strutture fatiscenti, mancanza di filtri per le emissioni che inquinano aria e fiumi nei territori circostanti. Un esempio su tutti: l'8 agosto 2007, solo pochi giorni dopo l'occupazione da parte dei lavoratori della miniera di Taxco, a duecento chilometri a sud della capitale del paese, un'enorme frana si staccava e cadeva per centinaia di metri nel fosso principale della miniera. «Se fossimo stati lì, ci sarebbero stati almeno un'ottantina di morti», denuncia il segretario locale del sindacato, Roberto Hernández Mojica. E aggiunge: «Pasta de Conchos non ha insegnato nulla». Il riferimento è obbligato: all'alba del 19 febbraio 2006, un anno prima che i minatori cominciassero a protestare, un'esplosione di grisù bloccò e poi seppellì 65 minatori del carbone. Sino ad oggi nessun corpo è stato ancora recuperato.
Vivere 18 mesi di sciopero non è una cosa facile. L'impresa ha pagato un'imponente campagna mediatica con l'unico scopo di screditare la dirigenza sindacale. Ed anche se è vero che nel sindacato non sono tutti santi, i dirigenti delle miniere in sciopero pagano le conseguenze come gli altri. «Si vive senza salario e grazie all'aiuto dell'organizzazione nazionale», spiega Roberto Hernández Mojica, segretario locale presso la miniera di Taxco. Sua moglie ammette le privazioni ma non senza un certo orgoglio: «Ci sono conseguenze materiali, chiaro. Non andiamo più fuori a cena, non possiamo comprare molti vestiti nuovi. Ma resistiamo, perché mio marito e i suoi colleghi hanno ragione». Il figlio appena maggiorenne racconta: «Prima, con il salario di mio padre appena si sopravviveva, ma ora è peggio». Mancano le scarpe nuove, mancano i soldi per portare fuori la ragazza. Ciononostante, il giovane dice che quando si può, cerca di aiutare lo sforzo dei genitori. «A volte vado in miniera con mio padre per appoggiare il presidio».

German Larrea, il colosso del sottosuolo col governo alle spalle

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 20 febbraio 2009
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Il padrone

Il Grupo Mexico non è un'impresa qualsiasi. Anzi, si potrebbe dire che la sua affermazione nel campo minerario a livello internazionale (è il terzo produttore al mondo di rame, il secondo di molibdeno, il quarto di argento e l'ottavo di zinco) è una di quelle classiche storie di arricchimento vertiginoso costruito con influenze e violazione impunita dei diritti dei lavoratori e delle leggi. La forza economica e politica dell'impresa le permette di espandersi per tutto il continente americano, dove acquisisce, per esempio, quella che oggi si conosce come la Southern Coper Corp., la importantissima impresa mineraria peruviana.
I minatori che oggi protestano parlano di disinteresse e cinismo da parte del Grupo Mexico. Ed effettivamente i molteplici appelli da parte del sindacato sono rimasti tutti inascoltati. La storia del sindacato dei minatori in Messico mostra almeno due tappe. La prima, in cui l'impresa dimostra una certa tolleranza verso l'organizzazione dei lavoratori. Un periodo felice, in cui il sindacato gode di riconoscibilità e di benefici. Poi arriva la crisi economica del 2000 e l'impresa cambia rotta: ridurre i costi, a qualsiasi prezzo. La presenza del sindacato evidentemente innalza i costi di produzione. Comincia così la guerra tra German Larrea Mota-Velasco, il proprietario del Grupo Mexico e oggi azionista di maggioranza del maggior gruppo televisivo messicano, Televisa, e i lavoratori. E siccome tutto mondo è paese, l'imprenditore non ci pensa su due volte e cerca appoggio presso il governo «imprenditoriale» di Vicente Fox, allora presidente messicano. L'alleanza tra le due parti non tarda a manifestarsi. Nel 2006, subito dopo la tragedia di Pasta de Conchos, Vicente Fox, attraverso il procuratore generale delle repubblica che aveva nominato e che controllava, accusa di furto Napoleon Gomez Urrutia, il segretario nazionale del sindacato. «Napito» (come è chiamato per distiguerlo dal padre Napoleon Gomez Sada, a sua volta capo del sindacato minatori per quarant'anni) secondo l'accusa avrebbe rubato 55 milioni di dollari in azioni che il Grupo Mexico aveva ceduto al sindacato nel quadro dell'acquisto del sistema minerario proprietà dello Stato. «Un'accusa costruita ad arte da parte del governo federale», denunciano i minatori. Vera o falsa (probabilmente vera, ma per cifre molto diverse) l'accusa effettivamente non è stata mai ancora provata. Ma tanto è bastato perché le autorità federali scatenassero tutta la loro forza contro il sindacato. Assieme all'accusa, infatti, il governo riuscì a imporre una votazione straordinaria all'interno dell'organizzazione sindacale imponendo un proprio uomo, Elías Morales Hernández. È il golpe all'interno del sindacato. Pochi mesi dopo, nel maggio 2006, Gomez Urrutia scappava in Canada e chiedeva asilo politico. In Messico rimangono i minatori a lui fedeli - la maggioranza - che non riconoscono il nuovo segretario e continuano nella loro lotta.
La nuova amministrazione federale, capitanata dal fraudolento Felipe Calderon, ha ripreso la battaglia contro il sindacato. Calderon non risparmia forze, non solo facendo pressioni sui lavoratori in sciopero con l'invio di centinaia di agenti della temibile polizia federale ma anche riprendendo la via legale: accuse e denunce contro i quadri intermedi del grande e potente sindacato nazionale, e alcuni arresti eccellenti come quelli contro il numero due e tre dell'organizzazione, lo scorso mese di dicembre. Una battaglia, spiegano i minatori, che si combatte su più fronti e che trova, nonostante la storica dispersione e divisione all'interno del sindacalismo messicano, la solidarietà di sostanzialmente tutte le sigle sindacali nazionali.
La lotta dei minatori si configura oggi come una battaglia che deve essere vinta innanzitutto dal sindacalismo messicano. Le ragioni sono semplici. Innanzitutto c'è il rischio che con se dovesse vincere l'impresa alleata al governo, si affermerebbe un pericoloso precedente per tutti gli altri sindacati, vista la forza e la capacità organizzativa e disciplinare del sindacato dei minatori. «Se vincono contro i minatori ci investono tutti», è la frase che tutti pronunciano per cercare di spiegare il pericolo imminente. Un pericolo reale, proprio ora che il governo federale, grazie alla crisi economica che qui impone previsioni di crescita economica attorno al meno 1%, vorrebbe varare l'annunciata riforma della legge del lavoro, stessa che si prevede introdurrebbe i contratti-prova, legalizzerebbe la contrattazione temporale e il lavoro interinale. E poi vi è il problema della violazione alla libertà sindacale. Il caso dei minatori non è l'unico, al contrario. Ma negli ultimi anni è diventato il caso paradigmatico delle ingerenze che un'impresa alleata o meno al governo può esercitare all'interno della vita sindacale. Il governo se ne lava le mani, forte di una legge che gli permette riconoscere o meno un segretario sindacale con la cosiddetta toma de nota, di memoria fascista. La stessa Federazione internazionale dei sindacati metalmeccanici (Fism) ha recentemente inviato una denuncia all'Organizzazione internazionale del lavoro in cui segnala «la mancanza di libertà sindacale in Messico», citando giustamente il caso dei minatori.



19 febbraio 2009

18 meses de huelga en las minas de México

El presente artículo fue publicado en el periodico español Diagonal el día 19 de febrero de 2009
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El 30 de enero los mineros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República mexicana alcanzaron los 18 meses de huelga en las tres minas de Taxco, Sombrerete y Cananea, en contra de la empresa transnacional mexicana Grupo México. Aún no se vislumbra en el horizonte una solución al conflicto. Comenzadas por causas meramente laborales, las huelgas se han convertido en asunto político a raíz de que el Gobierno federal mexicano se ha visto involucrado y ha tomado partido en favor de la empresa de Germán Larrea Mota Velasco, el todo poderoso empresario del norte del país que, aprovechando la pauta privatizadora emprendida hace más de 20 años, se hizo con la mayoría de las riquezas del subsuelo mexicano.
Las malas condiciones laborales, el deterioro de las cuestiones relativas a la seguridad e higiene, y la maquinaria obsoleta en riesgo del colapso, además de la negativa por parte de la empresa frente a la petición de revisión salarial, son algunas de las causas de esta huelga que se perfila como una de las más largas de la historia sindical mexicana. Los mineros denuncian
que las condiciones laborales son efectivamente precarias: turnos de ocho horas a cambio de pocos pesos. En la categoría más elevada de las 20 que contempla el contrato colectivo firmado por las dos partes, un minero en México gana menos de diez euros diarios, es decir 146 pesos. Una cifra que rebasa efectivamente el salario mínimo establecido por ley (45 pesos diarios) pero que, sin embargo, se queda muy por debajo del salario mínimo real en el país. El sindicato,
además, denuncia precarias condiciones de trabajo, señalando faltas en los sistemas de seguridad, maquinaria al límite del colapso, etc. La trágica prueba de ello ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión dejó atrapados y segó la vida de 65 trabajadores en una mina de propiedad del Grupo México, ubicada en Pasta de Conchos, Coahuila. Hasta la fecha los cuerpos no han sido recuperados y nadie ha sido juzgado.
Sin embargo, el peor caso lo representan los trabajadores contratistas que la empresa ha comenzado a involucrar en sus actividades a raíz de su política de “reducción de costos”. Los sindicalizados explican que desde que existen contratistas en las instalaciones de la empresa,
estos por contrato no pueden “realizar trabajos especiales”, es decir, los que comúnmente se
definiría como peligrosos. Según testimonios recogidos, los contratistas son no obstante los encargados de realizar esas actividades: apertura de nuevos túneles, utilización de explosivos, etc. Todas, actividades que los contratistas llevan a cabo en turnos por lo regular de 12 horas, y en algunos casos de hasta 14 horas, por un sueldo base de menos de 50 pesos diarios. Por si esto fuera poco, los contratistas no gozan de ningún tipo de seguridad social y no tienen siquiera los instrumentos legales y burocráticos para exigir reformas: “si te quejas, te vas a tu casa”, explican. La existencia de un sindicato, impide actualmente a la empresa la contratación de un número excesivo de trabajadores contratistas, sin embargo ésa es claramente la tendencia, ya que permite a la empresa no solamente contratar y despedir según los esquemas modernos de la producción just in time, sino, en lo específico, le permite eludir cualquier otra responsabilidad fijada en la actual legislación laboral mexicana: no hay reparto de utilidades, no hay aguinaldo, no hay generación de antigüedad (gracias a los contratos temporales que se utilizan para los contratistas).
No se ve solución a corto plazo al conflicto minero en México. La empresa, dicen los mineros, junto al Gobierno quiere acabar con su sindicato: “No les importan nuestras condiciones”, denuncian. Cuentan que a los diez días de comenzada la huelga, en la mina de Taxco hubo un derrumbe. “De estar nosotros trabajando hubiera habido unos 80 muertos”, señalan. Sin embargo, a la empresa no le importa, pues “lo veníamos denunciando desde hace muchos meses antes de empezar la protesta”, dicen los mineros, “y la empresa nos contestaba que prefería pagar la multa en lugar de parar la producción”.

12 febbraio 2009

Protegiendo a los migrantes

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 12 de febrero de 2009
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Al hablar del fenómeno migrante en estas páginas, siempre nos encontramos en la relativamente fácil tarea de señalar y criticar las deficiencias y lo que son francamente maldades de las políticas migratorias de los países del “norte” del mundo, es decir, los países que reciben a los migrantes que buscan una mejor calidad de la vida: la Unión Europea, Estados Unidos, pero también Australia, Costa Rica o Argentina, entre otros territorios que si geográficamente están en el sur del planeta, pertenecen a ese grupo de países receptores que no logran lidiar con el fenómeno migratorio sin represión de por medio.

En raras ocasiones hablamos, al contrario, de los países expulsores de migrantes. Lo hacemos aquí para señalar una interesante propuesta ya puesta en marcha por el gobierno boliviano de Evo Morales.

Un decreto presidencial, fechado el 15 de octubre pasado, dice que el gobierno boliviano pretende ofrecer a sus ciudadanos presentes en España y en Italia todas las facilidades para conseguir los papeles que les permitan alcanzar la residencia legal. Es decir, el gobierno de Bolivia ofrece a sus ciudadanos la posibilidad de conseguir el pasaporte, el acta de nacimiento, matrimonio y defunción, así como certificado de no inscripción de matrimonio y de antecedentes penales.

En el programa del gobierno de La Paz se especifica que los beneficios de estas medidas alcanzarán también al cónyuge del migrante, a sus hijos menores de edad y a sus padres. Además, dice la ley, estos servicios se extenderán desde las oficinas en los dos países europeos a todos los ciudadanos boliviano presentes en el viejo continente.

En el decreto se añade que el gobierno boliviano, a través de sus representaciones consulares en el Estado español y en Italia, hará todo lo posible por interceptar a los ciudadanos bolivianos para facilitarles los trámites necesarios que les permitan conseguir el objetivo del decreto. Para tal efecto, el decreto promueve la creación de “brigadas móviles” que viajarán desde Bolivia a los países interesados para que formen el personal de los consulados y faciliten los trámites.

El decreto del gobierno de La Paz se emite a partir de algunas consideraciones que marcan la pauta de lo que podría –y quizás debería– hacer el gobierno de un país expulsor de migrantes. Antes que todo, se considera el caso específico, es decir, el hecho de que en los dos países blanco del decreto hay, efectivamente, una presencia importante de ciudadanos bolivianos, misma que se calcula en 550 mil personas. Éste es un hecho real y el gobierno de Evo Morales lo reconoce.

Al mismo tiempo, el decreto reconoce la función esencial de su Secretaría de Relaciones Exteriores: proteger –no solamente con palabras– a sus ciudadanos en el exterior. En este sentido, el decreto retoma cuanto estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en el que se lee: “se le da prioridad al programa de protección y atención al boliviano en el exterior”. Se considera además que los bolivianos interesados por el decreto están en su mayoría en una posición de irregularidad e inestabilidad derivada de la falta de papeles de residencia legal. Por esta razón el gobierno considera necesario apoyarlos para que puedan tener la posibilidad de regularizarse “en especial a la luz de Directiva de Retorno de la Unión Europea en Materia Migratoria del 18 de junio de 2008”.

Como decíamos, el decreto boliviano, pasado más o menos desapercibido en el debate público –con excepción de los espacios y organizaciones específicas que se ocupan del fenómeno migratorio–, marca la pauta de un quehacer político que se ocupa realmente de proteger a sus ciudadanos en el exterior. Evidentemente, es distinto emitir un decreto de este estilo en lugar de solamente estar lamentando el maltrato que las autoridades de otros países puedan reservar a los “paisanos”. O, peor aún, lamentar muertes y deportaciones sin al mismo tiempo hacer el esfuerzo concreto para establecer facilitaciones a los ciudadanos en el exterior, víctimas, en el caso específico, de las políticas represivas de otro gobierno.

Una visión distinta, definitivamente. Porque una cosa es señalar y denunciar lo que otro gobierno pueda hacerles a los ciudadanos de tu país. Denunciar maltratos, deportaciones y redadas. Señalar errores y finalmente exigir regularizaciones. Y al mismo tiempo lamentar muros que se elevan a dividir países e historias, y sin embargo firmar acuerdos con esos gobiernos para que los migrantes regresen “voluntariamente”. Medidas y muchas palabras que no cambian nada y dejan, como suele suceder, la “papa caliente” a otro Congreso y a otro gobierno, quizás esperanzados de que nuevos presidentes y nuevos grupos parlamentarios determinen algún beneficio para los conciudadanos.

Otra cosa es moverse, actuar y, con la posibilidad que el puesto de gobierno te otorga, decretar y realizar acciones concretas no únicamente para que tus ciudadanos no se sientan abandonados a su destino –cosa que ya sucede, pues quizás, de no ser así, muchos no se irían a ningún lado–, sino también para que ese destino pueda tener las herramientas para transformarse en algo mejor que el presente.

11 febbraio 2009

Grupo México: modelo de inseguridad laboral y sindical

El presente artículo fue realizado junto a Francisco Retama para el Programa Laboral de Desarrollo de Perú en colaboración con CILAS.
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Al momento de realizar este reportaje (enero de 2009) las huelgas en las minas de Taxco, Cananea y Sombrerete, en territorio Mexicano, completaban la insólita suma de 540 días de duración (se iniciaron en julio de 2007), sin que a corto plazo se vislumbrara su terminación, pues la negociación entre el sindicato y los dueños de las minas, las tres de propiedad del Grupo México, el mayor emporio minero de este país, seguían rotas.

Sin embargo, la historia de este conflicto laboral no arranca en julio de 2007. Arranca realmente veinte años atrás, en 1988, cuando el Grupo México, de propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, empezó a hacerse con la mayor tajada de la riqueza mineral del subsuelo mexicano. Para entender a cabalidad lo que está pasando con los trabajadores de las tres minas en huelga —y en general lo que ha pasado con la riqueza minera de México y el arrasamiento de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores mineros de este país centroamericano— hay que remontarse a aquellos años.

Una historia de enriquecimiento voraz

La del Grupo México es una de esas historias de enriquecimiento vertiginoso, de tráfico de influencias y violación impune de derechos y leyes, pues no de otra manera hubiese logrado, en tan sólo 30 años, convertirse hoy en uno de los más poderosos holding del país, que además a nivel internacional se precia de ser “jugador importante” en el mundo de la minería. Sumadas sus divisiones minera y ferroviaria, en 2007 obtuvo una utilidad neta de 1.631 millones de dólares, un 7% más que en 2006, y más del 100% que en 2004, cuando alcanzó 783 millones de dólares.

La industria minera, como la petrolera y en su conjunto la energética, siempre fue considerada estratégica para México. Sin embargo, en 1988 el gobierno la declaró en quiebra y decidió poner en venta los activos que tenía en esta industria. Como resultado de esta operación, que marcó el comienzo de la aplicación del modelo neoliberal, se entregó a particulares la explotación de los minerales del rico subsuelo mexicano. Aquel año la empresa Mexicana de Cobre fue vendida por 690 millones de dólares al Grupo Industrial Minera México, de los Larrea, grupo que había sido creado diez años atrás.

Continuó entonces para el Grupo una cadena de compras, fusiones e inversiones multimillonarias que prosperó a la sombra de la política privatizadora de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en ese entonces. En 1990 compró la histórica Mina Cananea, por 525 millones de dólares, con lo cual Americas Mining Corporation, la división minera del Grupo México, se convirtió andando el tiempo en el tercer productor de cobre más grande del mundo, segundo en molibdeno, cuarto en producción de plata y octavo productor de zinc. Hoy es la segunda compañía con mayores reservas de cobre, que representa el 78% de toda su producción minera. El molibdeno representa el 8%, la plata el 6%, lo mismo que el zinc.

Hoy el negocio minero del Grupo México lo administra la subsidiaria Minera México, S. A., la compañía más grande del país en su ramo. Una de las unidades que la integran es Industrial Minera México, de la cual hace parte la mina ubicada en Taxco (de la que hablaremos más adelante) junto con otras seis minas subterráneas de las que se extrae zinc, cobre, plata y oro. Según testimonios de los mismos trabajadores, sólo en las minas de Taxco habría una producción de cerca de 1.800 toneladas brutas de estos minerales. Mexicana de Cananea y Mexicana Unidad de Cobre, son otras dos unidades que conforman Industrial Minera México, al igual que la unidad las operaciones del proceso industrial del zinc y el cobre en San Luis Potosí.

Sothern Coper Corporation es la subsidiaria internacional del Grupo México, que realiza actividades de extracción y exploración en Perú, Chile y Estados Unidos. Es la más grande empresa en el ramo en Perú y una de las diez más importantes del mundo que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Asimismo, desde 1997 el poderoso holding de los Larrea también tiene intereses en el sector transporte. Es propietario del 74% de las acciones de las líneas de ferrocarril del Pacífico Norte, de Chihuahua Pacífico y la línea corta Nogales-Cananea. Más recientemente, en 2005, adquirió Ferrosur, S. A., que opera el ferrocarril “más grande y más rentable” del país. Igualmente incursionó en el área del entretenimiento con la compra de la cadena Cinemex, y es parte del selecto club de empresarios mexicanos que conforman en Consejo de Administración del Grupo Televisa, una de las compañías más poderosas del país y la primera televisora de habla hispana.

El sindicato en la mira

Durante largos años los dueños del Grupo México se beneficiaron del acelerado crecimiento de los precios internacionales de los minerales, en particular del cobre. El crecimiento de su fortuna hizo posible tolerar la existencia del sindicato minero y los contratos colectivos firmados con sus representantes. Pero tal tolerancia se terminó hacia finales del siglo pasado, cuando se abrió paso una nueva etapa en la política laboral del Grupo, centrada en la reducción de costos operativos. Entonces el sindicato quedó en la mira.

La nueva política antisindical trajo consigo la imposición de un áspero castigo a las condiciones de trabajo de los obreros sindicalizados, recurriendo a una cada vez mayor subcontratación de trabajadores en la precariedad más espeluznante. Las malas condiciones laborales, el deterioro de las cuestiones relativas a la seguridad e higiene, y la maquinaria obsoleta en riesgo del colapso, son evidencias inequívocas del método salvaje que los empresarios utilizan para obtener ganancias, bajo el lema de “producción, producción y producción”.

Una prueba de ello, trágica por demás, ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión dejó atrapados y cegó la vida de 65 trabajadores en una mina de propiedad del Grupo México, ubicada en Pasta de Conchos, Coahuila; una de las más graves tragedias de la minería en la historia de México. Con el agravante de que los cuerpos de los mineros muertos nunca fueron recuperados. Ante esta tragedia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, denunció los hechos e inició una investigación por su cuenta, pues la empresa habría incurrido en irregularidades como “la no adopción de medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, así como el incumplimiento de disposiciones legales sobre condiciones de trabajo”. Soberanes fue aún más lejos al advertir que debían ser revisadas las condiciones de trabajo de los mineros en todo el país.

Como consecuencia de la nueva política laboral del Grupo Larrea, el choque frontal con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), no se hizo esperar. La intención manifiesta del Grupo es doblegar al Sindicato para someterlo a sus nuevos planes precarizantes; o quitárselo de encima y sustituirlo por una organización sindical de bolsillo, subordinada a los intereses patronales.

Desde entonces, el conflicto, los paros y los duros enfrentamientos han marcado la tónica en la relación entre el Grupo Larrea y el Sindicato Minero Metalúrgico, porque éste ha plantado una férrea oposición a las políticas antisindicales y deslaborizantes de la empresa. Además, la dirigencia del Sindicato, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, emprendió acciones legales para obligar a Larrea a cumplir los compromisos que suscribió con los trabajadores sindicalizados de la mina Cananea cuando ésta fue adquirida por el Grupo en 1990. Una de las cláusulas de aquella transacción estipulaba que Larrea debía entregar a los trabajadores la propiedad del 5% de las acciones de la mina, pero éste hasta ahora ha incumplido esa sensible parte del convenio. Es más, en el informe de balance de 2007 el señor Germán Larrea, presidente del Consejo de Administración del Grupo México, se queja ante los inversionistas de la actitud beligerante y “el embate de casi 30 huelgas y paros ilegales” por parte del sindicato.

Otro capítulo del conflicto tiene que ver con la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Con la colaboración activa de las autoridades laborales de México, en particular de Javier Lozano, Secretario del Trabajo, los directivos del Grupo emprendieron una cruzada para arrebatarle al Sindicato Minero la titularidad de tales contratos colectivos, y ponerla en manos de un nuevo sindicato encabezado por Elías Morales Hernández, hombre claramente proclive a los intereses de la empresa, y otrora aliado de Napoleón Gómez Sada, un dirigente que fue expulsado del Sindicato Minero debido a sus manipulaciones a favor de la empresa.

Es de anotar que según la Ley Federal del Trabajo los sindicatos pueden contender por la titularidad de los contratos colectivos a través de un instrumento legal que se llama “recuento sindical”, en el que participan los distintos sindicatos de una empresa. En el caso que nos ocupa, el Grupo México y las autoridades laborales acomodaron el recuento sindical para que lo ganara el sindicato encabezado por Elías Morales Hernández. Y lo ganó porque de por medio hubo presiones, amenazas y manipulación en contra del Sindicato Minero, que sólo quedó con la titularidad de los contratos colectivos en tres minas, que son precisamente las que se encuentran en huelga.

Pero no contento con esto, el señor Elías Morales Hernández interpuso demanda judicial por fraude contra Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Pavón y Juan Linares Montúfar, principales dirigentes del Sindicato Minero, razón por la cual éstos fueron detenidos por policías federales en diciembre de 2008. Pavón fue liberado con el pago de fianza mientras Linares Montúfar sigue preso por la gravedad de los delitos que se le imputan.

Entre tanto, las huelgas que al 15 de enero de 2009 completaban año y medio de duración, siguen sin resolverse. La negociación entre el sindicato y los empresarios está rota y las acciones gubernamentales tanto políticas como judiciales para doblegar al Sindicato Minero son una prioridad en la agenda de la Secretaría del Trabajo de México. En el caso de Taxco, la huelga estalló en julio de 2007, y desde el principio fue declarada legal, con lo cual se ha evitado el riesgo de un desalojo violento o acto legal de represión por parte de la autoridad laboral; a diferencia de las huelgas que el Sindicato Minero mantiene desde esa misma fecha en las minas Cananea (Sonora) y Sombrerete (Zacatecas), las cuales tardaron en ser reconocidas.

Varias son las causas de la huelga en Taxco, que es un poblado de 75 mil habitantes ubicado en el estado de Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de la capital mexicana. Una primera causa fue la tajante negativa de la empresa a reconocer la dirigencia sindical electa democráticamente y a negociar la revisión del contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados de la Sección 17, incluido el tema de los salarios. Para los trabajadores directos de la empresa se estableció desde el año 2006 una escala de 20 categorías salariales según la actividad del trabajador; escala que aquel año oscilaba entre un mínimo de 102,78 pesos diarios (salario de los vigilantes y los llamados “peones de superficie”) y un máximo de 146.69 pesos (salario de los operadores de maquinaria pesada). Con turnos de 8 horas diarias.

Sin embargo, otras muy distintas son las condiciones salariales y laborales de los trabajadores que no están vinculados directamente a la empresa sino que son subcontratados por terceros (contratistas), y por tanto no pertenecen al sindicato. En la mina de Taxco trabajan 400 mineros sindicalizados y más o menos 150 subcontratados por terceros. Estos trabajadores, que para efectos de este reportaje llamaremos “contratistas”, son, si se quiere, mineros de “segunda clase”, y hasta de tercera, por el trato discriminado que reciben.

Contratistas sobrexplotados

Los contratistas son vinculados por un tiempo determinado, según el trabajo ‘especial’ a realizarse, y el tiempo límite de contratación varía de un mínimo de tres meses a un máximo de un año. Las empresas contratistas han sido varias en Taxco, según lo afirma Roberto Hernández Mojica, Secretario General del Sindicato Minero en la Sección 17. “Algunas no tenían ni nombre, como fue el caso de una empresa contratista que conformó un ex minero para suministrarle trabajadores a la mina. La última empresa en ser contratada antes de la huelga fue P.Y.T.S.A., que también opera en otras instalaciones mineras del Grupo México en distintas regiones del país”, dice Hernández Mojica., quien también recuerda que antes el Sindicato intervenía en los contratos de los contratistas. La empresa nos anunciaba algún trabajo especial y nosotros, junto a la dirigencia nacional, valorábamos la propuesta de la empresa y la admitíamos o no. Por cada uno de los trabajadores contratistas el Sindicato percibía una cuota sindical de la empresa contratista”.

Los contratistas eventualmente pueden ser contratados directamente por la empresa, lo que sucede cuando se retira o jubila alguno de los sindicalizados. Fue el caso de Alejandro, un minero que inicialmente trabajó como contratista y que, por mediación del sindicato, fue vinculado directamente por la empresa. “Como contratistas teníamos el mismo salario, pero yo trabajaba 12 horas diarias, mientras los sindicalizados hacían turnos de 8 horas”, dice Alejandro. Aunque hay casos en que los contratistas les toca trabajar hasta 14 horas seguidas, en los turnos nocturnos y en las profundidades de la mina. Y no puden negarse a hacerlo porque entonces son despedidos.

Los contratistas tampoco reciben las prebendas y aguinaldos a los que sí tienen derecho los sindicalizados, ni se benefician de las utilidades de la empresa. Según el artículo 117 de Ley Federal del Trabajo de México, los trabajadores participan en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, porcentaje que actualmente equivale al 10% de las utilidades netas reportadas por las empresas. Los contratistas están por fuera de esos beneficios.

Por otra parte, a los contratistas les toca hacer las labores más duras y desgastantes de la mina, los llamados ‘trabajos pesados’”, los mismos que los sindicalizados, por cláusulas contractuales, no pueden realizar: trabajo de alto riesgo, perforaciones, exploraciones, etc. Con el agravante de que el equipo de seguridad que se les entrega a los contratistas para realizar esos trabajos, es distinto al que se les entrega a los sindicalizados, e insuficiente además. “Mientras a los sindicalizados se les garantizaba la dotación de al menos cuatro pares de botas al año, y nuevas, a nosotros nos daban las botas usadas, y nada de guantes”, añade Alejandro. Y sobre el acceso a la seguridad social, dice: “Los sindicalizados tienen Seguro Social, mientras los contratistas deben ir a hospitales privados”.

Instalaciones en pésimas condiciones

Otra causa de la huelga en Taxco son los reclamos de los trabajadores de mejor seguridad en su lugar de trabajo, lo cual se demostró dramáticamente diez días después de iniciado la huelga, cuando se derrumbó una enorme piedra en el tiro principal de la mina. “De estar nosotros trabajando en ese momento hubiera habido unos 80 muertos”, dijo Roberto Hernández Mojica, Secretario General del Sindicato Minero en la Sección 17. “Ese riesgo lo veníamos denunciando desde hacía muchos meses, y la empresa nos contestaba que prefería pagar la multa en lugar de parar la producción”, agregó el dirigente sindical.

En la visita realizada a las instalaciones de dos de las tres minas de Taxco, actualmente en huelga, pudimos constatar las irregularidades que allí existen en materia de seguridad industrial. Los avisos de seguridad se ven por todas partes, pero todos son anuncios son de membrete. “Están ahí para los visitantes. Las mascarilla y las sorderas que se ve en ese cartel, no nos las daban”, dice Roberto Hernández, señalando el cartel con el dedo.

En Solares, una de las minas visitadas, cuya operación comenzó en 1975, es evidente la situación de abandono. Debido en parte a los casi 18 meses que ha estado inactiva, pero también al precario estado de sus instalaciones y su infraestructura: partes oxidadas, polvo acumulado, ausencia de techos, paredes rotas, cables eléctricos expuestos, goteras, fugas de aire comprimido, etc. Todas situaciones claramente existentes antes del estallido de la huelga. De la misma manera, se detectaron derrames de ácidos y químicos para el tratamiento de los minerales extraídos, etc. “Parecen instalaciones en ruina”, comentamos. Y nos contestan: “Pues así, en esas condiciones, estábamos trabajando antes de la huelga”.

Los vehículos aparecen desgastados, quizás también por el tiempo en que han estado inutilizados. Preguntamos: “¿Había algún servicio médico aquí?”. A lo que Roberto Hernández responde: “Había un doctor que denunciaba que nunca le surtían de medicinas para realizar su trabajo. Como tampoco hay un medio de transporte para llevar al hospital a un trabajador que se enferme o se lastime. En el contrato se específica que debería haber un vehículo especial para estos traslados, pero nunca lo hubo, siempre se utilizó otro medio”.

Además del mal estado de la estructura de las minas, los trabajadores denuncian no tener suficiente equipo de seguridad que los proteja de los daños a la salud que su actividad conlleva: “Por contrato deberíamos trabajar 13 años máximo adentro de la mina y 19 en superficie. Pero hay muchos compañeros que han trabajado hasta 35 años en el interior”, afirma Guillermo Salgado, tesorero de la sección local del Sindicato, razón por la cual es bastante común entre los mineros la enfermedad de la silicosis.

“Cuando el trabajador se retira, la empresa hace un estudio para determinar su estado de salud, pero por lo general se niega en reconocer esta enfermedad. Lo mismo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues las dos partes están de acuerdo. Muchos compañeros fueron a otras clínicas a hacerse el examen, sacaban fotocopia del estudio y luego se presentaban aquí, en donde le querían bajar el porcentaje de invalidez por causa laboral. Ahora, todos los exámenes son entregados en sobre sellado para poderles rebajar la invalidez”, agrega Salgado.

Vivir en huelga

De los 386 mineros sindicalizados que empezaron la huelga a mediados de 2007, resisten hoy en la protesta 205 mineros. Los demás habrían aceptado la liquidación que les ofreció la empresa, de alrededor de 120 mil pesos para los trabajadores con una antigüedad de entre 10 y 12 años. Y han resistido gracias a la solidaridad y la ayuda que reciben del Comité Nacional del Sindicato Minero. Es una ayuda indispensable y muy valiosa, que sin embargo no logra cubrir la totalidad de los sueldos que se percibían antes de la huelga. “Es duro renunciar a un sueldo semanal que por escaso que sea es seguro y puntual”, admitió uno de los huelguistas.

También ha sido factor clave de resistencia el apoyo que los huelguistas han recibido de los habitantes de Taxco, un municipio internacionalmente reconocido por la plata que se extrae de sus minas y por el artesanado de este mineral. Y apoyan la huelga a pesar de las pérdidas que ésta les acarra, calculadas en dos millones de pesos semanales, tanto por el mineral que se deja de producir como por la campaña de desprestigio orquestada por la empresa minera, que habría alejado al turismo internacional del pueblo.

Después de año y medio la situación económica de los 205 mineros que resisten en huelga se ha tornado muy difícil. Es una situación de extrema precariedad económica y de muchas carencias en la vida cotidiana de los mineros y de sus familias. “Con la ayuda que estamos recibiendo vamos a continuar resistiendo en esta lucha”, explica Armando, un minero entrevistado en la Sección 17 del Sindicato en Taxco. “Todo nos ha afectado. Hay consecuencias en la comida, en el vestir. Nos estamos privando de muchas cosas: ya no nos damos el lujo de ir a pasear, salir a cenar, etc.”, dice.

Y por otro lado está la arremetida de la empresa para desprestigiar al sindicato y quebrar su huelga.
El dirigente sindical Roberto Hernández denunció la intensa campaña mediática organizada por la empresa contra el sindicato, al igual que las amenazas a los trabajadores, en específico a la dirigencia sindical local. Parte del ataque mediático y político por parte de la empresa, ha sido y sigue siendo el intento de desprestigiar a los dirigentes sindicales, acusándolos de corruptos y de haberse enriquecido a espaldas de los trabajadores.

Lo otro es el chantaje económico. “Muchos compañeros han sido presionados para que acepten la liquidación”, dice Roberto Hernández. Él mismo es objeto de la presión y persecución de la empresa, sobre todo en el tema de su salario. Al igual que hizo con los dirigentes del Sindicato Nacional, a él también la empresa lo ha desconocido como dirigente local, y por tanto desde septiembre de 2006 no le pagan salario. “Sin embargo tengo documentos de la empresa en los que se me reconoce como tal. Dejó de reconocerme cuando el secretario nacional impuesto por el gobierno federal dio indicaciones a la empresa para que me desconociera. He sobrevivido consumiendo mis ahorros personales y ahora gracias al apoyo del Sindicato Nacional”. Además denunció que ha recibido amenazas de muerte.

Con el ánimo de romper el frente sindical que sostiene la huelga, la empresa quiso impulsar la creación de un nuevo sindicato, que los trabajadores definen como ‘sindicato blanco’, conformado por la ‘disidencia’ afín al patrón y financiado por la empresa. Pero fracasó en esa tentativa porque el Sindicato no permitió la operación orquestada por la empresa. Le dijimos al gerente local que lo hacíamos responsable de la violencia que podía ocurrir. Nos contestó que no le importaba. Durante la votación para crear el nuevo sindicato hubo enfrentamientos y dos heridos”, cuenta Roberto Hernández.

En la casa de este dirigente sindical pudimos, además, comprobar una de las razones por las cuales la huelga se mantiene: el apoyo y el aliento que los mineros reciben de sus compañeras y esposas. “Estamos en píe de lucha junto a nuestros esposos”, dice con voz firme la esposa de Roberto Hernández. “Antes de la huelga con el sueldo de mi esposo íbamos sobreviviendo, pero ahora la situación es mucho más difícil”, dice, y admite tener miedo de que le pueda pasar algo a su esposo a raíz de las amenazas recibidas. “Sin embargo —dice— ha valido la pena, porque vamos a ganar”.

También visitamos la casa de Alfonso Gómez Oliváres, actual Secretario de la Sección 17 del Sindicato, donde vive con sus tres hijos y su esposa. Ésta confiesa que la situación es dura y difícil y que no ve la hora en que todo se solucione. “El dinero —dice— hace falta para que los hijos puedan estudiar”. Sin embargo, con la ayuda de todos, hijos incluidos, su familia ha logrado sobrevivir. Admite no tener muchos contactos con otras esposas de los mineros, aunque le parece buena la idea de formar un grupo de esposas en apoyo a sus maridos. Uno de sus hijos, de 18 años, habla a su vez de las privaciones que le ha tocado padecer por causa de la huelga: “Falta dinero para comprar zapatos nuevos, ya no comemos pollo como antes, pero con lo que podemos apoyamos a nuestros padres”, y con cierto orgullo remata: “En ocasiones voy a la mina con mi papá, para apoyar los turnos de vigilancia”.

06 febbraio 2009

Manca l'acqua

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 6 febbraio 2009
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In una città che conta ufficialmente con 8 milioni di abitanti, ma che in realtà ne ha quasi venti se consideriamo tutta la zona metropolitana che sconfina nel vicino Stato del Messico, l'acqua può essere un problema. Da diversi anni, la minaccia è lì, presente all'orizzonte, a segnare un destino possibile e probabile, ma sempre rimandato. Almeno sino a qualche settimana fa. Dal 30 gennaio, infatti, il governo locale ha annunciato il nuovo piano di Gestione Integrale dell'Acqua, con il quale si applicheranno restrizioni periodiche nella fornitura in 13 (per ora) delle 16 delegazioni amministrative della capitale messicana. La mancanza d'acqua, dicono le autorità locali, si deve soprattutto allo scarso rifornimento che starebbe soffrendo il sistema del fiume Cutzamala che conta con sette dighe e che apporta il 24% dell'acqua in città, ovvero sedicimila dei sessantaquattromila metri cubici al secondo consumati in città. Un problema antico, in realtà, che pone in crisi oggi non solo i poveri di sempre, quelli che vivono nei quartieri orientali, ma che comincia a colpire anche il resto della città.
Il problema, spiegano le autorità, dovrebbe prolungarsi sino a maggio - periodo in cui dovrebbe ricominciare la stagione delle piogge - e, secondo calcoli ufficiali, dovrebbe lasciare temporaneamente senz'acqua almeno 5 milioni di cittadini. Per far fronte al problema il governo locale ha organizzato un complesso sistema di trasporto d'acqua con l'utilizzo di oltre 400 autocisterne che sostituiranno il sistema di distribuzione ormai privo di pressione e d'acqua. Ma l'altro grave problema, segnalato dai più anche se da pochi affrontato, è la realtà di una rete idrica ormai vecchia e che, secondo i calcoli ottimisti del Sistema dell'Acqua di Città del Messico, ente del governo locale, causerebbe la perdita del 35% del liquido in fughe sotterranee.
E ciononostante, la crisi dell'acqua giunge in un periodo delicato. In luglio ci saranno elezioni federali per rinnovare parte del Congresso federale e già c'è chi accusa la Commissione Nazionale dell'Acqua (Conagua), ente federale, di far il lavoro sporco del governo di destra: attaccare la politica sociale del governo di centrosinistra della capitale messicana. Non solo dichiarando la crisi dell'acqua, che è reale, ma anche aumentando proprio in queste settimane i prezzi della fornitura del liquido vitale. «La Commissione non può fare la parte di un ente politico», accusa il governatore di Città del Messico. Ma le autorità federali negano qualsiasi coinvolgimento. E al governo guidato dall'opposizione non è restato altro che annunciare l'incremento dei sussidi al pagamento dell'acqua.
«Ha piovuto poco l'anno scorso», dicono i ben informati della Conagua. Eppure i cittadini dicono il contrario. La pioggia è caduta nel 2008 e anche abbondante. E, aggiungono gli ecologisti, «affidare tutto alla future piogge è un'illusione pericolosa». Quel che è vero, spiegano, è che è giunto il momento di cambiare le abitudini dei cittadini in quanto al consumo: non più sprechi, razionalizzare l'uso dell'acqua senza limitarne l'uso da parte dei cittadini: «La città non può continuare così. È giunto il momento di fare un bilancio onesto e cambiare le nostre abitudini». Un esempio su tutti, spiegano: «Un cittadino della capitale che fa un uso 'negligente' dell'acqua può utilizzare oltre 500 litri al giorno. Noi calcoliamo che utilizzando l'acqua in modo più efficiente si può ridurre l'uso personale sino a 137 litri al giorno».

 
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