12 settembre 2009

Hipocresía europea en América Latina

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 11 de septiembre de 2009.
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La Unión Europea (UE) tiene una actitud hipócrita en las negociaciones de los llamados Acuerdos de Asociación con los países de América Latina. Si por un lado dice promover los derechos humanos, la integración regional y la promoción del desarrollo, la realidad de los hechos demuestra lo contrario: el único interés es la liberalización de los mercados y los servicios, y el acceso a los recursos naturales.

Así lo afirma el estudio titulado La Unión Europea: ¿Promotora de la integración en América Latina?, editado por el Transnational Institute (TNI) y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (REMALC), y realizado por los investigadores Alberto Arroyo Picard, Graciela Rodríguez y Norma Castañeda Bustamante.

La investigación detalla la historia reciente de la intervención económica y política de la UE en el continente latinoamericano. Señala, por ejemplo, que aunque las relaciones entre ambos continentes sean "ancestrales", desde la mitad de los años 90 se instrumenta una nueva etapa que culmina con la realización de un documento estratégico de la UE en 2006: "Europa Global: competir en el mundo".

En el estudio de la TNI destacan dos importantes razones por las que la UE instrumenta y, en los últimos años, acelera las negociaciones en América Latina: la primera, la importante penetración comercial que ha tenido Estados Unidos con la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con algunos países de la región, tras el fracaso, en 2005, de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); la segunda, el fracaso de las negociaciones en la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Cancún en 2003, evento durante el cual no sólo se deshicieron los temas de "inversiones, políticas de competencia y compras gubernamentales", sino que se hizo patente "la conformación de una coalición de países del sur" que se opone a las negociaciones de ciertos temas económicos.

A pesar de lo anterior, el documento recuerda que las negociaciones llevaron a firmar un Acuerdo con México en el 2000 y otro con Chile en 2003. A partir de 1995 comenzaron también las pláticas con el Mercosur, mientras que con otras importantes regiones, Centroamérica (CA) y Comunidad Andina de Naciones (CAN), las pláticas iniciaron formalmente en 2007.

Pese a estos "logros" en las relaciones entre los dos continentes, apunta el documento, "con el inicio del nuevo milenio se experimentan profundos cambios políticos en el Continente Americano" con la llegada de gobiernos de origen en la izquierda.

Añade: "Evidentemente estos nuevos gobiernos no tienen posturas y políticas homogéneas, pero tienen tres cosas en común: una fuerte base social popular, diversos grados de distanciamiento frente a la hegemonía estadounidense y el neoliberalismo, y un nuevo afán integracionista".

Por esta razón, afirma la investigación, la UE está obligada "a presentarse con un nuevo discurso", que pone "por delante su interés en los derechos humanos, la cooperación, el apoyo para la superación de la pobreza y la integración de las subregiones". Sin embargo, denuncian los autores de la investigación, aunque "la UE trata de convencer que es diferente de Estados Unidos en la relación que busca con AL [...] incluyendo a la cooperación para la integración", en los documentos oficiales europeos "se dice explícitamente que todo ello es buscando facilitar la firma de los Acuerdos de Asociación (AdA)".

En entrevista, Alberto Arroyo Picard, coordinador de la investigación y actualmente investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, advierte las dificultades que hay para explicar a la opinión pública acerca de los peligros de los AdA con la UE:

"Frente a Estados Unidos hay una actitud casi visceral, pues se dice: 'en donde está metido EU no hay nada bueno' [...] Con la UE es distinto, pues aún logran convencer a la opinión pública de su buena disposición".

Según Arroyo, los efectos de los tratados con la UE aún no se ven con claridad, "debido a que la inversión europea aún es menor que la estadounidense". Sin embargo, en el caso mexicano, "los resultados son más evidentes: el grupo financiero BBVA en 2008 tuvo, en términos absolutos, mayores ganancias en México que en España", lo cual "habla claro de las facilitaciones que han tenido en el país".


Intereses estratégicos


"La UE se ha planteado como objetivo central el de la cooperación para la integración de las subregiones en América Latina", explica el documento. Además, "esta integración está orientada a que dichas subregiones logren una unión aduanera y, a futuro, un mercado común", con apoyo de los AdA. Sin embargo, "dadas las asimetrías entre la UE y cualquiera de la regiones de América Latina, quienes se aprovecharían de esta unión aduanera serán principalmente las grandes empresas europeas".

En efecto, explica Arroyo, "hay que recordar que los AdA incluyen el principio de nación más favorecida, que significa que los socios del acuerdo deben ser tratados como el más privilegiado de los socios de cada parte".

El investigador mexicano aporta un ejemplo: "Si Venezuela firmara un Acuerdo con la UE, debería de venderle el petróleo con las mismas condiciones que sus socios del ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe)". Por esta razón, añade la investigación, la UE tiene especial interés en la integración regional, pues "el mercado interno de cada país es demasiado pequeño". Además, al "centrar su mandato de negociar AdA de región a región y no bilaterales con cada país", la UE "fortalecería su imagen de colaborador en la integración de cada una de las subregiones de América Latina".

Sin embargo, el estudio La Unión Europea: ¿Promotora de la integración en América Latina?, apunta que "este mandato es violado" cuando se presenta "la resistencia de algunos países a las propuestas del tipo de integración que promueve la UE". Ante ello, "la UE ha demostrado que si bien prefiere los AdA, está dispuesta a avanzar con 'quienes tengan la voluntad'". Así lo muestra, por ejemplo, "la negociación bilateral que se está planteando con Perú y Colombia", luego que Bolivia y Ecuador se opusieron a este tipo de acuerdos.

Por lo que tiene que ver con el capítulo de "cooperación", que estaría orientada a la integración regional, el documento explica que "ello es un instrumento para apoyar la negociación de los AdA que buscan, ante todo, una amplia liberalización del comercio e inversiones".

Abunda: "En el caso de México, la condicionalidad de la cooperación y el diálogo político a la apertura comercial se hace explícito". En lo específico, el artículo 60 del Acuerdo Global (entre México y la UE) "condiciona la cooperación a las concesiones en materia de liberalización, ya que se suspende la aplicación del Diálogo Político y la Cooperación hasta que se cumplan las decisiones previstas en los artículos 5 (comercio y bienes), 6 (comercio de servicios), 9 (movimiento de capital), 11 (competencia) y 12 (propiedad intelectual)".

Arroyo Picard es tajante al respecto: "El asunto de la cooperación es parte de un chantaje, porque de ahora en adelante, si no le entras se acaba la cooperación".


Cláusula democrática


La UE habla explícitamente de "participación de la sociedad civil en las negociaciones". Sin embargo, Arroyo sostiene que el contenido de los AdA "se mantiene en secreto".

Y pone como ejemplo el acuerdo firmado entre la UE y México en 2000. Apunta que "el principio de estos acuerdos es precioso: su fundamento es el respeto a los derechos humanos. Pero justo cuando las dos partes negociaban en Guadalajara, en 2004, en las calles de la ciudad se desataba la más feroz represión en contra de esa sociedad civil llamada a participar en las negociaciones".

El investigador define la llamada "cláusula democrática" como "una farsa". Luego abunda en la explicación: "Hay muchas contradicciones. Una de ellas: después de los hechos de Guadalajara, lo único que pudo decir la UE fue que la cláusula aplica para 'casos graves'".

Además, "hay una contradicción de fondo: los TLC no significan sólo la apertura de las fronteras a las mercancías, sino también la imposición de un modelo: el del libre mercado".

Según la citada investigación, la exclusión de la intervención gubernamental en el sector de los servicios --"como los del agua, la salud y la educación, que son también derechos humanos ineludibles--, equivale a privar de sus derechos básicos a la población de un país".

Según el investigador, "lo único que el libre mercado puede garantizar es eficiencia productiva y competitividad, seguramente no los derechos.

"La cláusula democrática no se puede aplicar, pues no están contemplados los instrumentos concretos para hacer efectiva tal cláusulas", añade Arroyo.

La investigación es aún más clara: "Es hipócrita afirmar que los derechos son el principio y fundamento de estos acuerdos, cuando sus contenidos violan los más elementales derechos económicos y sociales".

Un ejemplo acerca del capítulo de la propiedad intelectual: "Las patentes sobreprotegidas de medicamentos ponen las ganancias por encima del derecho a la salud".

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