29 maggio 2009

EU: sistema penitenciario en crisis

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 29 de abril de 2009.
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"Tres décadas de crecimiento de la población en las prisiones de Estados Unidos ha llevado al país a un peligroso umbral: por primera vez, más de una persona de cada 100 está actualmente confinado in una cárcel de Estados Unidos", afirma el PEW Center On The States, fundación estadunidense dedicada a la investigación cuyo objetivo es "crear conocimientos para resolver los más importantes retos sociales de la actualidad".

El documento titulado Uno cada 100, detrás de los barrotes en América, publicado a finales de 2008, señala que una de cada 30 personas de entre 20 y 34 años se encuentra en prisión. Destaca que en el caso de la población afroestadunidense la proporción "es uno de cada nueve".

Los datos de que presenta el PEW son confirmados por las estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDJ), las cuales indican que "hasta la mitad de 2008 (30 de junio), 2 millones 310 mil 984 ciudadanos se encontraban en una cárcel federal o estatal en el país". A esta cifra, añade los "5 millones 100 mil ciudadanos que se encuentran en libertad bajo fianza, bajo palabra o dentro de algún programa de reinserción".

Según el PEW, estas cifras se traducen en que "1 de cada 45 ciudadanos del país están bajo alguna forma de supervisión judicial", lo cual, cruzado con los datos anteriores, "significa que 1 de cada 31 estadunidenses está bajo alguna forma de control judicial".

Todo lo anterior, explica el PEW, arroja el siguiente dato: "casi 7 millones y medio de estadunidenses se encuentran con el sistema de readaptación del país".

Aunado a lo anterior, el reporte del PEW señala que "en 2007 los costos de mantenimiento de las cárceles, estatales y federales, en el país ha rebasado los 49 mil millones de dólares, contra los 12 mil que costaba el sistema penitenciario en 1987". Un aumento constante que "de seguir así aumentaría en otros 25 mil millones para el año 2011".

Encarcelados y droga

Gil Kerilkowske, nuevo "zar antidrogas" de la Casa Blanca, enfrenta el problema del elevado número de presos en Estados Unidos y de los crecientes costos que implica mantener el sistema penitenciario en este país.

El pasado 14 de mayo declaró que la llamada "guerra contra las drogas ha fracasado en su intento por reducir el mercado estadunidense de narcóticos ilícitos", y admitió que "ese esfuerzo ha llenado las prisiones de la nación".

Las palabras del nuevo encargado de enfrentar al problema del tráfico y el consumo de sustancias ilícitas en Estados Unidos encuentran sustento en los últimos datos disponibles del Departamento de Justicia: A finales de 2005, al menos 333 mil personas estaban presas por delitos relacionados con las drogas, una cifra que corresponde a más del 20% del total de la población carcelaria.

La misma fuente reporta que en 1981, cuando la administración republicana de Ronald Reagan lanzó la llamada "guerra a las drogas", los presos por los mismos delitos eran apenas 21 mil 700.

Del total de detenidos por delitos de este tipo en 2005, 21% estaba preso en cárceles estatales y 55%, en prisiones federales.

Las estadísticas del Departamento de Justicia señalan, además, que más de 50% de los detenidos relacionados con drogas no tenía algún antecedente penal en el momento de ser aprehendido.

Sin embargo, lo que llama la atención son los datos relativos a los ciudadanos estadunidenses que se encuentran en libertad bajo fianza, bajo palabra o inscritos en algún programa de reinserción social. La información aportada por el PEW, según la cual en 2008, uno de cada 45 ciudadanos estaría en esta condición, encuentra confirmación en los datos del Departamento de Justicia.

A finales de 2007, la información oficial señalaba a 5.1 millones de ciudadanos en este estado judicial. De éstos, 824 mil se encontraban libres bajo palabra. Y de esta cifra 37% seguían bajo juicio por delitos relacionados con las drogas. El resto de este sector de la población, es decir 4 millones 293 mil ciudadanos, estaba libre bajo fianza, y 27% de ellos, por delitos ligados al tráfico, la posesión o consumo de substancias ilícitas.

Costos prohibitivos

El 2 de abril pasado, Joe Klein, escribió en la revista Time, sobre la discusión por la legalización de la mariguana: "Cada año nos gastamos 68 mil millones de dólares en el sistema de readaptación y, de aquellas personas presas, una tercera parte está condenada por delitos no violentos relativos a las drogas".

Añadió que en el sistema judicial se gastan cerca de 150 mil millones de dólares y que 47.5% de los arrestos por droga son relativos a la mariguana".

De ser ciertos estos datos, se confirmaría las tesis sostenidas por el reporte del PEW relativas a los excesivos costos de mantenimiento del entero sistema de readaptación en Estados Unidos.

En su más reciente reporte, el PEW dice: "El año pasado (2007), se gastaron más de 44 mil millones de dólares en el sistema de readaptación nacional, lo cual representa, con las debidas proporciones inflacionarias, un aumento de 315% desde 1987."

Además, señala el documento, "con el aumento esperado de la población encarcelada, estos costos aumentarán de 25 mil millones".

En este aspecto, el PEW afirma "que evidentemente la primera causa (de esta situación) es el costo que conlleva cada preso". Y explica: "El promedio de gasto por cada preso fue de 23 mil dólares en 2005, con un máximo de 44 mil en Rhode Island y un mínimo de 13 mil, en el estado de Louisiana".

Además, abunda el documento, actualmente "hay 13 estados del país que gastan poco más de mil millones de dólares en su sistema de readaptación local".

El récord de gastos, según el PEW, "lo tiene el estado de California que dedicó a este rubro poco más de 8,800 millones en 2008", de tal manera que dicha entidad "hoy simboliza de modo vívido el peligro para las financias del sistema de readaptación estatal".

Otro rubro económico importante señalado por el estudio del PEW es el de la salud. Explica el documento: "De acuerdo con los datos del Consejo de Gobiernos estatales, el costo de los servicios de salud en las cárceles estatales suma más de 10% del total." De estos, continúa, "la mayoría son destinados a problemas de salud ligados al elevado hacinamiento que existe en las cárceles del país: contagios de algunas enfermedades (hepatitis C, por ejemplo), difusión del HIV, heridas causadas por peleas, uso de drogas". En este último aspecto, los datos del USDJ señalan que "en 2005, 78.7% de los presos en las cárceles federales hacía algún uso de drogas (mariguana, cocaína, heroína, anfetaminas, etcétera), contra 83.2% de los presos en las cárceles estatales".

Por otro lado, señala el PEW, "la otra grave causa de los elevados costos (del sistema de readaptación) es el envejecimiento de la población presa".

"Entre 1992 y 2001, la población presa mayor de 50 años aumento en 173% y de seguir la situación actual, se estima que en 2010 ese sector alcanzará a ser una tercera parte del total de presos en Estados Unidos".

Al respecto, el PEW estima que cada preso mayor de 50 años cuesta al estado más de 70 mil dólares anuales. La conclusión de esto, agrega, es que "hay crímenes tan atroces que requieren una vida tras los barrotes. Pero los estados están gastando más dinero para aquellos presos que son mucho menos peligrosos para la salud social".

Otro costo importante indicado es el relativo al personal de vigilancia. "Casi medio millón de personas trabajan en las cárceles estatales. Sin embargo", sigue el documento, "estamos lejos de tener el personal suficiente para todos los institutos de readaptación total".

Por esta razón, "uno de los costos mayores en este aspecto es el abuso de las horas extras requeridas a los trabajadores".

El estudio señala también que "la confianza que tiene el gobierno en el sistema de readaptación social para los ciudadanos culpables de crímenes menores conlleva también otros costos, aparentemente menos obvios". Entre estos, el PEW señala "la dificultad para los presos que trabajan de ganar más de un salario mínimo, lo cual se refleja inevitablemente en el cuidado de los hijos que se encuentran afuera de las cárceles, en la compensación para las víctimas de tales delitos e inclusive en el pago de los impuestos".

El resultado de todo lo anterior, abunda el PEW, "es que en el año fiscal 2006 por los estados de la federación americana, los fondos destinados al sistema de readaptación han representado 9.2% del total, sólo por detrás del rubro transporte, pero por mucho delante del sector educativo y médico público".

El reporte concluye que Estados Unidos ha "estado anclando sus políticas punitivas a muros y morteros. La tangible sensación que produce la presencia de cárceles [...] ha sido una arma nunca cuestionada en nuestra batalla en contra del crimen". Sin embargo, subraya el documento, "numerosos estudios demuestran que nuestra ciega confianza en la detención (de ciudadanos) está pagando siempre menos dividendos en la prevención del crimen".

"Dicho en otras palabras --concluye el PEW--, seguir expandiendo nuestro sistema de readaptación social rendirá cada vez menos frutos y costará cada vez más."

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