Grupo México: modelo de inseguridad laboral y sindical

El presente artículo fue realizado junto a Francisco Retama para el Programa Laboral de Desarrollo de Perú en colaboración con CILAS.
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Al momento de realizar este reportaje (enero de 2009) las huelgas en las minas de Taxco, Cananea y Sombrerete, en territorio Mexicano, completaban la insólita suma de 540 días de duración (se iniciaron en julio de 2007), sin que a corto plazo se vislumbrara su terminación, pues la negociación entre el sindicato y los dueños de las minas, las tres de propiedad del Grupo México, el mayor emporio minero de este país, seguían rotas.

Sin embargo, la historia de este conflicto laboral no arranca en julio de 2007. Arranca realmente veinte años atrás, en 1988, cuando el Grupo México, de propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, empezó a hacerse con la mayor tajada de la riqueza mineral del subsuelo mexicano. Para entender a cabalidad lo que está pasando con los trabajadores de las tres minas en huelga —y en general lo que ha pasado con la riqueza minera de México y el arrasamiento de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores mineros de este país centroamericano— hay que remontarse a aquellos años.

Una historia de enriquecimiento voraz

La del Grupo México es una de esas historias de enriquecimiento vertiginoso, de tráfico de influencias y violación impune de derechos y leyes, pues no de otra manera hubiese logrado, en tan sólo 30 años, convertirse hoy en uno de los más poderosos holding del país, que además a nivel internacional se precia de ser “jugador importante” en el mundo de la minería. Sumadas sus divisiones minera y ferroviaria, en 2007 obtuvo una utilidad neta de 1.631 millones de dólares, un 7% más que en 2006, y más del 100% que en 2004, cuando alcanzó 783 millones de dólares.

La industria minera, como la petrolera y en su conjunto la energética, siempre fue considerada estratégica para México. Sin embargo, en 1988 el gobierno la declaró en quiebra y decidió poner en venta los activos que tenía en esta industria. Como resultado de esta operación, que marcó el comienzo de la aplicación del modelo neoliberal, se entregó a particulares la explotación de los minerales del rico subsuelo mexicano. Aquel año la empresa Mexicana de Cobre fue vendida por 690 millones de dólares al Grupo Industrial Minera México, de los Larrea, grupo que había sido creado diez años atrás.

Continuó entonces para el Grupo una cadena de compras, fusiones e inversiones multimillonarias que prosperó a la sombra de la política privatizadora de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en ese entonces. En 1990 compró la histórica Mina Cananea, por 525 millones de dólares, con lo cual Americas Mining Corporation, la división minera del Grupo México, se convirtió andando el tiempo en el tercer productor de cobre más grande del mundo, segundo en molibdeno, cuarto en producción de plata y octavo productor de zinc. Hoy es la segunda compañía con mayores reservas de cobre, que representa el 78% de toda su producción minera. El molibdeno representa el 8%, la plata el 6%, lo mismo que el zinc.

Hoy el negocio minero del Grupo México lo administra la subsidiaria Minera México, S. A., la compañía más grande del país en su ramo. Una de las unidades que la integran es Industrial Minera México, de la cual hace parte la mina ubicada en Taxco (de la que hablaremos más adelante) junto con otras seis minas subterráneas de las que se extrae zinc, cobre, plata y oro. Según testimonios de los mismos trabajadores, sólo en las minas de Taxco habría una producción de cerca de 1.800 toneladas brutas de estos minerales. Mexicana de Cananea y Mexicana Unidad de Cobre, son otras dos unidades que conforman Industrial Minera México, al igual que la unidad las operaciones del proceso industrial del zinc y el cobre en San Luis Potosí.

Sothern Coper Corporation es la subsidiaria internacional del Grupo México, que realiza actividades de extracción y exploración en Perú, Chile y Estados Unidos. Es la más grande empresa en el ramo en Perú y una de las diez más importantes del mundo que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Asimismo, desde 1997 el poderoso holding de los Larrea también tiene intereses en el sector transporte. Es propietario del 74% de las acciones de las líneas de ferrocarril del Pacífico Norte, de Chihuahua Pacífico y la línea corta Nogales-Cananea. Más recientemente, en 2005, adquirió Ferrosur, S. A., que opera el ferrocarril “más grande y más rentable” del país. Igualmente incursionó en el área del entretenimiento con la compra de la cadena Cinemex, y es parte del selecto club de empresarios mexicanos que conforman en Consejo de Administración del Grupo Televisa, una de las compañías más poderosas del país y la primera televisora de habla hispana.

El sindicato en la mira

Durante largos años los dueños del Grupo México se beneficiaron del acelerado crecimiento de los precios internacionales de los minerales, en particular del cobre. El crecimiento de su fortuna hizo posible tolerar la existencia del sindicato minero y los contratos colectivos firmados con sus representantes. Pero tal tolerancia se terminó hacia finales del siglo pasado, cuando se abrió paso una nueva etapa en la política laboral del Grupo, centrada en la reducción de costos operativos. Entonces el sindicato quedó en la mira.

La nueva política antisindical trajo consigo la imposición de un áspero castigo a las condiciones de trabajo de los obreros sindicalizados, recurriendo a una cada vez mayor subcontratación de trabajadores en la precariedad más espeluznante. Las malas condiciones laborales, el deterioro de las cuestiones relativas a la seguridad e higiene, y la maquinaria obsoleta en riesgo del colapso, son evidencias inequívocas del método salvaje que los empresarios utilizan para obtener ganancias, bajo el lema de “producción, producción y producción”.

Una prueba de ello, trágica por demás, ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión dejó atrapados y cegó la vida de 65 trabajadores en una mina de propiedad del Grupo México, ubicada en Pasta de Conchos, Coahuila; una de las más graves tragedias de la minería en la historia de México. Con el agravante de que los cuerpos de los mineros muertos nunca fueron recuperados. Ante esta tragedia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, denunció los hechos e inició una investigación por su cuenta, pues la empresa habría incurrido en irregularidades como “la no adopción de medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, así como el incumplimiento de disposiciones legales sobre condiciones de trabajo”. Soberanes fue aún más lejos al advertir que debían ser revisadas las condiciones de trabajo de los mineros en todo el país.

Como consecuencia de la nueva política laboral del Grupo Larrea, el choque frontal con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), no se hizo esperar. La intención manifiesta del Grupo es doblegar al Sindicato para someterlo a sus nuevos planes precarizantes; o quitárselo de encima y sustituirlo por una organización sindical de bolsillo, subordinada a los intereses patronales.

Desde entonces, el conflicto, los paros y los duros enfrentamientos han marcado la tónica en la relación entre el Grupo Larrea y el Sindicato Minero Metalúrgico, porque éste ha plantado una férrea oposición a las políticas antisindicales y deslaborizantes de la empresa. Además, la dirigencia del Sindicato, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, emprendió acciones legales para obligar a Larrea a cumplir los compromisos que suscribió con los trabajadores sindicalizados de la mina Cananea cuando ésta fue adquirida por el Grupo en 1990. Una de las cláusulas de aquella transacción estipulaba que Larrea debía entregar a los trabajadores la propiedad del 5% de las acciones de la mina, pero éste hasta ahora ha incumplido esa sensible parte del convenio. Es más, en el informe de balance de 2007 el señor Germán Larrea, presidente del Consejo de Administración del Grupo México, se queja ante los inversionistas de la actitud beligerante y “el embate de casi 30 huelgas y paros ilegales” por parte del sindicato.

Otro capítulo del conflicto tiene que ver con la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Con la colaboración activa de las autoridades laborales de México, en particular de Javier Lozano, Secretario del Trabajo, los directivos del Grupo emprendieron una cruzada para arrebatarle al Sindicato Minero la titularidad de tales contratos colectivos, y ponerla en manos de un nuevo sindicato encabezado por Elías Morales Hernández, hombre claramente proclive a los intereses de la empresa, y otrora aliado de Napoleón Gómez Sada, un dirigente que fue expulsado del Sindicato Minero debido a sus manipulaciones a favor de la empresa.

Es de anotar que según la Ley Federal del Trabajo los sindicatos pueden contender por la titularidad de los contratos colectivos a través de un instrumento legal que se llama “recuento sindical”, en el que participan los distintos sindicatos de una empresa. En el caso que nos ocupa, el Grupo México y las autoridades laborales acomodaron el recuento sindical para que lo ganara el sindicato encabezado por Elías Morales Hernández. Y lo ganó porque de por medio hubo presiones, amenazas y manipulación en contra del Sindicato Minero, que sólo quedó con la titularidad de los contratos colectivos en tres minas, que son precisamente las que se encuentran en huelga.

Pero no contento con esto, el señor Elías Morales Hernández interpuso demanda judicial por fraude contra Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Pavón y Juan Linares Montúfar, principales dirigentes del Sindicato Minero, razón por la cual éstos fueron detenidos por policías federales en diciembre de 2008. Pavón fue liberado con el pago de fianza mientras Linares Montúfar sigue preso por la gravedad de los delitos que se le imputan.

Entre tanto, las huelgas que al 15 de enero de 2009 completaban año y medio de duración, siguen sin resolverse. La negociación entre el sindicato y los empresarios está rota y las acciones gubernamentales tanto políticas como judiciales para doblegar al Sindicato Minero son una prioridad en la agenda de la Secretaría del Trabajo de México. En el caso de Taxco, la huelga estalló en julio de 2007, y desde el principio fue declarada legal, con lo cual se ha evitado el riesgo de un desalojo violento o acto legal de represión por parte de la autoridad laboral; a diferencia de las huelgas que el Sindicato Minero mantiene desde esa misma fecha en las minas Cananea (Sonora) y Sombrerete (Zacatecas), las cuales tardaron en ser reconocidas.

Varias son las causas de la huelga en Taxco, que es un poblado de 75 mil habitantes ubicado en el estado de Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de la capital mexicana. Una primera causa fue la tajante negativa de la empresa a reconocer la dirigencia sindical electa democráticamente y a negociar la revisión del contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados de la Sección 17, incluido el tema de los salarios. Para los trabajadores directos de la empresa se estableció desde el año 2006 una escala de 20 categorías salariales según la actividad del trabajador; escala que aquel año oscilaba entre un mínimo de 102,78 pesos diarios (salario de los vigilantes y los llamados “peones de superficie”) y un máximo de 146.69 pesos (salario de los operadores de maquinaria pesada). Con turnos de 8 horas diarias.

Sin embargo, otras muy distintas son las condiciones salariales y laborales de los trabajadores que no están vinculados directamente a la empresa sino que son subcontratados por terceros (contratistas), y por tanto no pertenecen al sindicato. En la mina de Taxco trabajan 400 mineros sindicalizados y más o menos 150 subcontratados por terceros. Estos trabajadores, que para efectos de este reportaje llamaremos “contratistas”, son, si se quiere, mineros de “segunda clase”, y hasta de tercera, por el trato discriminado que reciben.

Contratistas sobrexplotados

Los contratistas son vinculados por un tiempo determinado, según el trabajo ‘especial’ a realizarse, y el tiempo límite de contratación varía de un mínimo de tres meses a un máximo de un año. Las empresas contratistas han sido varias en Taxco, según lo afirma Roberto Hernández Mojica, Secretario General del Sindicato Minero en la Sección 17. “Algunas no tenían ni nombre, como fue el caso de una empresa contratista que conformó un ex minero para suministrarle trabajadores a la mina. La última empresa en ser contratada antes de la huelga fue P.Y.T.S.A., que también opera en otras instalaciones mineras del Grupo México en distintas regiones del país”, dice Hernández Mojica., quien también recuerda que antes el Sindicato intervenía en los contratos de los contratistas. La empresa nos anunciaba algún trabajo especial y nosotros, junto a la dirigencia nacional, valorábamos la propuesta de la empresa y la admitíamos o no. Por cada uno de los trabajadores contratistas el Sindicato percibía una cuota sindical de la empresa contratista”.

Los contratistas eventualmente pueden ser contratados directamente por la empresa, lo que sucede cuando se retira o jubila alguno de los sindicalizados. Fue el caso de Alejandro, un minero que inicialmente trabajó como contratista y que, por mediación del sindicato, fue vinculado directamente por la empresa. “Como contratistas teníamos el mismo salario, pero yo trabajaba 12 horas diarias, mientras los sindicalizados hacían turnos de 8 horas”, dice Alejandro. Aunque hay casos en que los contratistas les toca trabajar hasta 14 horas seguidas, en los turnos nocturnos y en las profundidades de la mina. Y no puden negarse a hacerlo porque entonces son despedidos.

Los contratistas tampoco reciben las prebendas y aguinaldos a los que sí tienen derecho los sindicalizados, ni se benefician de las utilidades de la empresa. Según el artículo 117 de Ley Federal del Trabajo de México, los trabajadores participan en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, porcentaje que actualmente equivale al 10% de las utilidades netas reportadas por las empresas. Los contratistas están por fuera de esos beneficios.

Por otra parte, a los contratistas les toca hacer las labores más duras y desgastantes de la mina, los llamados ‘trabajos pesados’”, los mismos que los sindicalizados, por cláusulas contractuales, no pueden realizar: trabajo de alto riesgo, perforaciones, exploraciones, etc. Con el agravante de que el equipo de seguridad que se les entrega a los contratistas para realizar esos trabajos, es distinto al que se les entrega a los sindicalizados, e insuficiente además. “Mientras a los sindicalizados se les garantizaba la dotación de al menos cuatro pares de botas al año, y nuevas, a nosotros nos daban las botas usadas, y nada de guantes”, añade Alejandro. Y sobre el acceso a la seguridad social, dice: “Los sindicalizados tienen Seguro Social, mientras los contratistas deben ir a hospitales privados”.

Instalaciones en pésimas condiciones

Otra causa de la huelga en Taxco son los reclamos de los trabajadores de mejor seguridad en su lugar de trabajo, lo cual se demostró dramáticamente diez días después de iniciado la huelga, cuando se derrumbó una enorme piedra en el tiro principal de la mina. “De estar nosotros trabajando en ese momento hubiera habido unos 80 muertos”, dijo Roberto Hernández Mojica, Secretario General del Sindicato Minero en la Sección 17. “Ese riesgo lo veníamos denunciando desde hacía muchos meses, y la empresa nos contestaba que prefería pagar la multa en lugar de parar la producción”, agregó el dirigente sindical.

En la visita realizada a las instalaciones de dos de las tres minas de Taxco, actualmente en huelga, pudimos constatar las irregularidades que allí existen en materia de seguridad industrial. Los avisos de seguridad se ven por todas partes, pero todos son anuncios son de membrete. “Están ahí para los visitantes. Las mascarilla y las sorderas que se ve en ese cartel, no nos las daban”, dice Roberto Hernández, señalando el cartel con el dedo.

En Solares, una de las minas visitadas, cuya operación comenzó en 1975, es evidente la situación de abandono. Debido en parte a los casi 18 meses que ha estado inactiva, pero también al precario estado de sus instalaciones y su infraestructura: partes oxidadas, polvo acumulado, ausencia de techos, paredes rotas, cables eléctricos expuestos, goteras, fugas de aire comprimido, etc. Todas situaciones claramente existentes antes del estallido de la huelga. De la misma manera, se detectaron derrames de ácidos y químicos para el tratamiento de los minerales extraídos, etc. “Parecen instalaciones en ruina”, comentamos. Y nos contestan: “Pues así, en esas condiciones, estábamos trabajando antes de la huelga”.

Los vehículos aparecen desgastados, quizás también por el tiempo en que han estado inutilizados. Preguntamos: “¿Había algún servicio médico aquí?”. A lo que Roberto Hernández responde: “Había un doctor que denunciaba que nunca le surtían de medicinas para realizar su trabajo. Como tampoco hay un medio de transporte para llevar al hospital a un trabajador que se enferme o se lastime. En el contrato se específica que debería haber un vehículo especial para estos traslados, pero nunca lo hubo, siempre se utilizó otro medio”.

Además del mal estado de la estructura de las minas, los trabajadores denuncian no tener suficiente equipo de seguridad que los proteja de los daños a la salud que su actividad conlleva: “Por contrato deberíamos trabajar 13 años máximo adentro de la mina y 19 en superficie. Pero hay muchos compañeros que han trabajado hasta 35 años en el interior”, afirma Guillermo Salgado, tesorero de la sección local del Sindicato, razón por la cual es bastante común entre los mineros la enfermedad de la silicosis.

“Cuando el trabajador se retira, la empresa hace un estudio para determinar su estado de salud, pero por lo general se niega en reconocer esta enfermedad. Lo mismo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues las dos partes están de acuerdo. Muchos compañeros fueron a otras clínicas a hacerse el examen, sacaban fotocopia del estudio y luego se presentaban aquí, en donde le querían bajar el porcentaje de invalidez por causa laboral. Ahora, todos los exámenes son entregados en sobre sellado para poderles rebajar la invalidez”, agrega Salgado.

Vivir en huelga

De los 386 mineros sindicalizados que empezaron la huelga a mediados de 2007, resisten hoy en la protesta 205 mineros. Los demás habrían aceptado la liquidación que les ofreció la empresa, de alrededor de 120 mil pesos para los trabajadores con una antigüedad de entre 10 y 12 años. Y han resistido gracias a la solidaridad y la ayuda que reciben del Comité Nacional del Sindicato Minero. Es una ayuda indispensable y muy valiosa, que sin embargo no logra cubrir la totalidad de los sueldos que se percibían antes de la huelga. “Es duro renunciar a un sueldo semanal que por escaso que sea es seguro y puntual”, admitió uno de los huelguistas.

También ha sido factor clave de resistencia el apoyo que los huelguistas han recibido de los habitantes de Taxco, un municipio internacionalmente reconocido por la plata que se extrae de sus minas y por el artesanado de este mineral. Y apoyan la huelga a pesar de las pérdidas que ésta les acarra, calculadas en dos millones de pesos semanales, tanto por el mineral que se deja de producir como por la campaña de desprestigio orquestada por la empresa minera, que habría alejado al turismo internacional del pueblo.

Después de año y medio la situación económica de los 205 mineros que resisten en huelga se ha tornado muy difícil. Es una situación de extrema precariedad económica y de muchas carencias en la vida cotidiana de los mineros y de sus familias. “Con la ayuda que estamos recibiendo vamos a continuar resistiendo en esta lucha”, explica Armando, un minero entrevistado en la Sección 17 del Sindicato en Taxco. “Todo nos ha afectado. Hay consecuencias en la comida, en el vestir. Nos estamos privando de muchas cosas: ya no nos damos el lujo de ir a pasear, salir a cenar, etc.”, dice.

Y por otro lado está la arremetida de la empresa para desprestigiar al sindicato y quebrar su huelga.
El dirigente sindical Roberto Hernández denunció la intensa campaña mediática organizada por la empresa contra el sindicato, al igual que las amenazas a los trabajadores, en específico a la dirigencia sindical local. Parte del ataque mediático y político por parte de la empresa, ha sido y sigue siendo el intento de desprestigiar a los dirigentes sindicales, acusándolos de corruptos y de haberse enriquecido a espaldas de los trabajadores.

Lo otro es el chantaje económico. “Muchos compañeros han sido presionados para que acepten la liquidación”, dice Roberto Hernández. Él mismo es objeto de la presión y persecución de la empresa, sobre todo en el tema de su salario. Al igual que hizo con los dirigentes del Sindicato Nacional, a él también la empresa lo ha desconocido como dirigente local, y por tanto desde septiembre de 2006 no le pagan salario. “Sin embargo tengo documentos de la empresa en los que se me reconoce como tal. Dejó de reconocerme cuando el secretario nacional impuesto por el gobierno federal dio indicaciones a la empresa para que me desconociera. He sobrevivido consumiendo mis ahorros personales y ahora gracias al apoyo del Sindicato Nacional”. Además denunció que ha recibido amenazas de muerte.

Con el ánimo de romper el frente sindical que sostiene la huelga, la empresa quiso impulsar la creación de un nuevo sindicato, que los trabajadores definen como ‘sindicato blanco’, conformado por la ‘disidencia’ afín al patrón y financiado por la empresa. Pero fracasó en esa tentativa porque el Sindicato no permitió la operación orquestada por la empresa. Le dijimos al gerente local que lo hacíamos responsable de la violencia que podía ocurrir. Nos contestó que no le importaba. Durante la votación para crear el nuevo sindicato hubo enfrentamientos y dos heridos”, cuenta Roberto Hernández.

En la casa de este dirigente sindical pudimos, además, comprobar una de las razones por las cuales la huelga se mantiene: el apoyo y el aliento que los mineros reciben de sus compañeras y esposas. “Estamos en píe de lucha junto a nuestros esposos”, dice con voz firme la esposa de Roberto Hernández. “Antes de la huelga con el sueldo de mi esposo íbamos sobreviviendo, pero ahora la situación es mucho más difícil”, dice, y admite tener miedo de que le pueda pasar algo a su esposo a raíz de las amenazas recibidas. “Sin embargo —dice— ha valido la pena, porque vamos a ganar”.

También visitamos la casa de Alfonso Gómez Oliváres, actual Secretario de la Sección 17 del Sindicato, donde vive con sus tres hijos y su esposa. Ésta confiesa que la situación es dura y difícil y que no ve la hora en que todo se solucione. “El dinero —dice— hace falta para que los hijos puedan estudiar”. Sin embargo, con la ayuda de todos, hijos incluidos, su familia ha logrado sobrevivir. Admite no tener muchos contactos con otras esposas de los mineros, aunque le parece buena la idea de formar un grupo de esposas en apoyo a sus maridos. Uno de sus hijos, de 18 años, habla a su vez de las privaciones que le ha tocado padecer por causa de la huelga: “Falta dinero para comprar zapatos nuevos, ya no comemos pollo como antes, pero con lo que podemos apoyamos a nuestros padres”, y con cierto orgullo remata: “En ocasiones voy a la mina con mi papá, para apoyar los turnos de vigilancia”.