30 giugno 2008

Estados Unidos: la práctica de las drop weapons

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 30 de junio de 2008.
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Soldados estadunidenses presentes en Irak y en Afganistán colocan armas –sobre todo fusiles AK 47-- alrededor o por encima de los cuerpos de los civiles que eventualmente mueren en los operativos que el ejército de Estados Unidos realiza en aquellos países.

La razón: eliminar cualquier sospecha de que mataron por accidente a civiles iraquíes o afganos y, por lo tanto, evitar posibles investigaciones y acusaciones de homicidio en su contra.

A esta práctica se le conoce como drop weapons (armas caídas). Es común entre los soldados y, en algunos casos, es avalada por los oficiales de la cadena de mando, desde los sargentos hasta los generales en el campo.

Tal es la denuncia que aparece en un video-reportaje realizado por David Murdock, productor ejecutivo del portal estadunidense American News Project.

En el video, de apenas 9 minutos de duración, el autor muestra los aspectos de un fenómeno que “pocos conocen (…) pero que todo mundo acepta y practica en los escenarios del conflicto”. Lo hace a partir de testimonios de soldados que han participado en operaciones militares en Irak y Afganistán.

La recomendación

“Si yo fuera un marine inteligente tendría un AK o algo similar en mi vehículo, por si acaso alguien muere accidentalmente. No quisiera tener problemas por esto porque... sabes... bueno, se trata ‘evidentemente de un insurgente, tiene un arma’, así que estamos tranquilos, pues matamos a un rebelde.”

Tal es el testimonio del soldado Jason Washburn --quien ha estado en tres ocasiones en Irak— que recoge el video de Murdock.

Otro testimonio, el de Sergio Kochergin, quien ha estado en dos ocasiones en Irak, confirma: “Cuando llegamos allá, nos dieron una cierta cantidad de AK 47 y nos dijeron que las usáramos en el caso sucediera algo.”

Kochergin precisa que dichas armas les fueron proporcionadas por “los oficiales de la cadena de mando (...) todos hablan de eso”.

Garrett Reppenhagen, quien estuvo un año en Irak, sostiene que a cada civil muerto por accidente “se le tomaba una fotografía y en ella tenía que aparecer un arma, de preferencia un AK 47”.

Continúa: “Esa era una prueba suficiente para proteger al soldado de cualquier proceso por cualquier crimen.”

Actualmente en Irak en cada vivienda hay armas. La política de Estados Unidos al respecto es la de permitir un arma por casa. Las demás son confiscadas por el ejército estadunidense o por la policía iraquí.

Narra Reppenhagen: “Estás en un equipo de tres personas que utilizan el mismo vehículo todos los días. Cuando secuestran armas las meten ahí, en el camión, no las entregan y no sirve recordar que ahí están. Y si algo sucede te volteas y dices ‘ahí están los AK 47’… Sencillo, ¿no?”

Vincent Emanuele, quien estuvo ocho meses en Irak, apuntala: “En todos los numerosos casos en los que civiles son asesinados, los marines colocan armas sobre sus cuerpos.”

Washburn explica que esta práctica se difunde rápidamente e involucra toda la cadena de mando. “No encuentras nunca a nadie que te desanime de hacer lo que haces. De tal manera –admite— que lo tuve que hacer yo también.” Y añade: “Estoy seguro que las drop weapons se utilizan todavía. Las cosas siguen igual hoy como hace unos años.”

Responsabilidades

Washburn abunda: “He escuchado a mis oficiales hablar con otros, de otros países ahí presentes, y decirles que sí, que es una práctica ilegal, pero que hay que ampararse frente cualquier eventualidad.”

El abogado Gary Solis, quien durante 26 años sirvió en el ejercito estadunidense, dice que hasta ahora han sido muy pocos los casos de procedimientos legales por los operativos en Irak y sólo tres de ellos por casos relacionados con las llamadas drop weapons.

De hecho, señala, los casos “son más de los que quisiéramos saber o de las que realmente conocemos”.

Explica que de llevarse cabo algún juicio por esta práctica, las acusaciones podrían ser por “homicidio premeditado y obstrucción a la justicia”. Añade: “Si estuvieran involucradas más de una persona, la acusación podría ser la de conspiración. Y si se mintiera a las agencia de investigación como la NCIS (Naval Criminal Investigative Service) o la CDI (Center for Defense Information) habría también la acusación de falso testimonio.”

Y es que, señala, “existe una especie de reacción en cadena que comienza con el sencillo hecho de depositar un arma sobre el cuerpo de un civil que mataste”.

Acerca de si los altos mandos conocen estas prácticas, el abogado no duda: “Creo no haya la mínima duda que los altos oficiales de la cadena de mando conocen el fenómeno de las drop weapons. Desde los comandantes de pelotón, que están muy cercanos a las tropas, hasta los oficiales que más experiencia tienen. Todos han de saber.”

“¿Qué deberían hacer? Si se meten armas muy poderosas en las manos de jóvenes de 18 o 19 años, algo puede suceder. Lo único que podemos hacer es investigar de manera exhaustiva los casos que se nos presentan”, agrega.

La opinión pública en Estados Unidos, explica, “no tiene ni la menor idea de lo que está sucediendo. No les interesa. Mientras los ciudadanos no tengan allá un hijo, un padre, un hermano o una esposa, las cosas que suceden no los tocan. Pero éste no es necesariamente su error. Creo más bien que es un error de quien los guía”.

En el video de Murdock, el soldado Jason considera que “es de sentido común llevar siempre contigo una drop weapon, si es que quieres evitar la cárcel por haber matado a un iraquí”.

Aclara: “No es que queríamos salir y eliminar civiles iraquíes inocentes pero... a causa de la naturaleza de esta guerra, tenemos que salir con alguna garantía frente lo que nos puede suceder.”

Reppenhagen aporta un ejemplo concreto: “Toma a un comandante, uno que tiene la responsabilidad de todos esos jóvenes y de su seguridad. ¿Qué es peor para él? ¿Perder un soldado y luego ir a decírselo a su madre? ¿O simplemente un iraquí que puedes arrojar en algún lugar, tras un muro o en el césped? ¿O más sencillo aún, ponerle un arma encima y hacerlo pasar por un insurgente?”

Para evitar cualquier riesgo, explica Washburn, hay que prestar atención a los detalles: “La cosa más importante después de haber colocado el arma es no decírselo a nadie”, pues “si sólo lo mencionas con alguien, estás quemado”.

Apunta: “Es extraño: te animan a que lleves armas, esas armas, ‘por si acaso’, pero nadie menciona nunca los casos concretos. Es una de aquellas cosas fea que prefieren tener bajo silencio.”

Kochergin explica, a su vez: “Cualquier cosa que hacíamos cuando estábamos allá no parecía equivocada porque las personas que eran responsables de nosotros, personas en quienes confiábamos, que nos tenían que cuidar, nos decían que todo estaba bien.”

Continúa: “Somos jóvenes, y cuando estábamos allá y veíamos nuestros compañeros morir y que las cosas no iban por el rumbo correcto, uno no se pone a pensar. Si te dicen algo, tu lo haces y ya.”

Washburn admite los errores y cuenta: “Sabes que es algo injusto, equivocado, pero sientes que debes de hacerlo si quieres sobrevivir y regresar con tu familia. Es como si te hubieran puesto en un lugar en donde no tienes opción alguna, excepto la de ser deshonesto.”

14 giugno 2008

Es ilegal ser ilegal

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 14 de junio de 2008
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Mucho se debate hoy en Europa acerca de la novedosa idea del gobierno de Italia de legislar para que la estancia ilegal en el territorio de la península no sólo sea una infracción de tipo administrativo –como lo es desde 2002–, sino que sea penalmente perseguible con cárcel. A pesar de las críticas de acreditados miembros de la comunidad internacional y nacional –la ONU, el Vaticano, parte del gobierno del Estado español, el Consejo Superior de la Magistratura italiano, Amnistía Internacional– que le han llovido como tormenta caribeña al equipo de gobierno italiano, éste sigue su camino: castigar penalmente a quienes se encuentren ilegalmente en el país. Es más, según los planes, cualquier delito será más grave si es cometido en estado de estancia ilegal, como si robar o matar a alguien fuera más grave si quien lo comete es una persona sin documentos.

Y sin embargo, esta propuesta que se quiere convertir en norma choca abiertamente con lo que ya es real, y que es la muerte, el sufrimiento y la precariedad del ser hoy migrante ilegal en Italia y en Europa. Las noticias de estas semanas acerca del tema migratorio cuentan de un mundo de lógicas perversas. Porque mientras en los palacios de gobierno se discute y se opina y se justifica y se defiende y se argumenta y no se entiende, en el estrecho pedazo de mar que separa el sur itálico –y Europa– de África se salvan del naufragio 27 migrantes, cuyo barco fue víctima de las tempestades mediterráneas. No tuvieron la suerte de un Ulises los otros, quién sabe cuántos, cuyos cuerpos se encuentran de vez en cuando, en los arenados de las playas asoleadas de Sicilia, o los que desaparecieron pero que sí estaban, según testimonios de los sobrevivientes. Regresarán, aseguran, a flotar algún día. Añadimos que ojalá comiencen a flotar en las conciencias de quienes hoy creen y aseguran que éstos son los nuevos criminales que hay que enfrentar con toda la fuerza de la ley –léase nuevas leyes restrictivas– y del Estado –léase policía y ejército–. ¿Pero son éstos los nuevos criminales? ¿En serio creen poder frenar la inmigración de aquellos que simplemente buscan una vida lo más parecido posible a lo que han imaginado para ellos mismos y para sus hijos?

Y en esta situación, otra imagen nos aparece ante los ojos. Es la de cientos de hombres, mujeres y niños encerrados en las cárceles de Libia –las que conocemos, porque quién sabe qué suceda en Túnez, Argelia, Marruecos, etcétera– a la espera de que la contratación entre las partes, de la cual sus cuerpos definen la moneda de intercambio, defina sus rastros. Si Italia paga, Libia o quien por ella intervenga los llevará a otro lado. Y si no se quedarán ahí, a marchitar otro tiempo, de todas formas otro barco saldrá pronto hacia Europa. Esa Europa a la cual apelamos quienes exigimos respeto a los derechos y una nueva ética. Esa Europa que sigue presumiendo el primado ético frente a su similar estadunidense cuando se habla de derechos humanos. Esa misma Europa que acaba de aprobar la llamada directiva de la vergüenza, aunque oficialmente se le conozca como la “directiva de retorno” (La Jornada, 18/5/08). Esa Europa que se construye en las reuniones secretas entre burócratas y superpolicías para definir las líneas represivas antimigrantes y que está avalando la detención administrativa –un oxímoron inocente, obviamente– de hasta 18 meses y la prohibición a regresar en Europa durante cinco años para los expulsados.

En este contexto, la legalidad comienza con perder su sentido original y se transforma de ser pacto social compartido en ser pacto entre pocos a costa de las mayorías. Por converso, la legitimidad cobra fuerza, esa misma legitimidad que obliga y empuja a miles cada día a emprender un viaje que más que ser tal es una apuesta hacia la vida. La legalidad a la que apelan gobiernos y comentaristas domesticados –en Italia, en Europa y no solamente ahí– se reafirma hoy como el enésimo instrumento de presión social y control de la crisis. Ser ilegal hoy ya no es una condición temporal y excepcional. Ilegal es el nuevo nombre del diverso, del distinto y, según estos profetas de la nueva moralidad, es el nuevo nombre del peligro y del inadaptado. Que no haya comida o que ésta cueste demasiado, que no haya trabajo o réditos dignos, poco importa. El peligro es otro y es el de convertirse en ilegales o bien ser invadidos por ellos.

Nosotros y ellos, legales e ilegales. Esta es la nueva frontera entre ser y no ser. O, más bien, entre ser ciudadanos y ser simples agentes del progreso ajeno. Porque si algo les queda claro a estos arquitectos de las sociedades de la exclusión es que sin migrantes la máquina capitalista posneoliberal no funciona. Podrá entrar en crisis el mercado de valores, podrá haber escasez de alimentos (?), podrá haber crisis de gobierno, pero la máquina productora capitalista no puede funcionar sin que haya quien aceite los engranajes de la misma. Y si la ilegalidad es el nuevo espacio de la exclusión y el nuevo instrumento de la opresión, pues quizás teníamos razón los que caminábamos y caminamos las calles de las ciudades europeas mil y más veces en protesta y que gritamos “nadie es ilegal” y “todos somos clandestinos”. Asumirse como tales, quizás sea hoy la nueva frontera de la resistencia al proyecto posneoliberal.

02 giugno 2008

ONU: los abusos de los "protectores"

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 2 de junio de 2008
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“Mis amigos y yo caminábamos en las cercanías de Palacio Nacional (en Puerto Príncipe) cuando nos encontramos a dos hombres ‘humanitarios’, quienes nos llamaron y nos enseñaron sus genitales. Después, nos ofrecieron 100 gourdes (casi tres dólares) y un poco de chocolate. Yo me rehusé, pero algunas chicas lo hicieron y se llevaron el dinero”.

Tal testimonio corresponde a una niña haitiana de 10 años de edad. Está incluido en el informe titulado Sin nadie a quien dirigirse realizado por la organización no gubernamental Save The Children, con base en una investigación realizada en tres países: Haití, Sudán del Sur y Costa de Marfil.

Su conclusión es tajante: personal de Naciones Unidas dedicado a labores humanitarias o de mantenimiento de la paz y miembros de diversas ong`s que establecen programas de ayuda internacional, cometen abusos sexuales contra menores de edad.

El informe –dado a conocer este mes-- califica de “significativos” los niveles de abuso sexual contra niños y adolescentes de ambos sexos que se encuentran en países con “situaciones de emergencia”, y afirma que muchos de esos abusos no son denunciados.

Identifica en general las características de las víctimas: huérfanos, niños separados de sus familias y menores cuyas familias dependen de la ayuda humanitaria.

Señala: pese a que “el problema (de los abusos sexuales) es conocido desde al menos el 2002” y a “que se han dado pasos importantes para su resolución”, las iniciativas y esfuerzos han fracasado, debido a que “dependen de la voluntad y la capacidad por parte de los niños y sus cuidadores de denunciar los abusos sufridos”.

Por esta razón, explica el documento, “romper el silencio alrededor de este problema es una vía para solucionarlo”.

La ong inglesa recomienda varias medidas para enfrentar este problema, como “constituir eficaces mecanismos locales para realizar denuncias; crear un órgano de monitoreo de las acciones de la comunidad internacional encaminadas a resolver el problema, y enfrentar las causas de fondo de los abusos”.

El pasado 27 de mayo, un portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó el desconcierto de la institución internacional ante el informe de Save The Children. Aseguró que se prestará la máxima atención a los casos que involucren a elementos de las misiones de la ONU, y subrayó que ésta “seguirá dependiendo de los esfuerzos activos de sus tropas y policías para ayudar a los países en las investigaciones y educación de su personal”.

Los abusos

Durante 2007, Save The Children entrevistó a 250 a niños de diferentes edades de Haití, Sudán del Sur y Costa de Marfil. También, a miembros de ong`s y de agencias internacionales de ayuda humanitaria. Y confrontó datos estadísticos de diferentes fuentes.

Con base en ello elaboró su informe, el cual señala que la situación es tan grave “como para sugerir la urgencia impostergable de tomar medidas para solucionar el problema de los abusos sexuales hacia menores por parte de personal y miembros de las distintas misiones humanitarias y/o de mantenimiento de la paz”.

El informe expone diversos tipos de abusos: comercialización de sexo por comida y bienes no monetarios; relaciones sexuales forzadas; manoseos; prostitución infantil; pedopornografía, y esclavitud sexual.

En Costa de Marfil, tres jóvenes, de 14 años, relatan su relación con la base de las fuerzas de mantenimiento de la paz que la ONU estableció en este país: “Desde 2003 trabajamos con las tropas ahí asentadas (...) Les vendemos esculturas y otros objetos y nos ganamos dinero para cubrir las necesidades de nuestras familias”, dicen.

“A menudo nos piden otros favores. Por ejemplo, que consigamos niñas de nuestra edad. Les conseguimos las muchachas que se ponen ansiosas de los regalos que les prometen, como dinero o teléfonos celulares (...) Sabemos que esto no es bueno, pero así también ganamos algo más nosotros”, señalan.

En Sudán del Sur, un muchacho de 16 años explica que hay niños más vulnerables que otros: “Las niñas son huérfanas. Si piensan que ser abusadas les ayude, ellas van y hacen esas cosas a cambio de comida”.

El documento especifica: “Todas las agencias están bajo riesgo de padecer este problema (…) La amplitud de ong `s locales e internacionales, de agencias ONU y otros actores implicados (…) sugiere que este es un problema que involucra a un amplio rango de organizaciones”.

Señala que, durante su investigación, Save The Children recolectó denuncias contra al menos 23 organizaciones involucradas en acciones humanitarias, de mantenimiento de la paz y en acciones de seguridad. Sin embargo, el documento revela que “las tropas asociadas con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU (DPKO, por sus siglas inglés) son identificadas particularmente como una fuente de abusos, especialmente en Haití y Costa de Marfil”.

Según datos de la ONU, corroborados por el estudio de campo de Save The Children, 60 de los 67 casos denunciados en 2005 contra personal de la ONU, involucran a miembros del DPKO. Afirma que “el elevado número de abusos por parte de este tipo de personal se debe en gran medida a que son gente armada que logra gran influencia en las comunidades donde intervienen debido a que, de una forma u otra, son identificados como protectores”. Y señala que “la mayoría de ellos son militares con elevados grados de discriminación hacia las mujeres”.

El reporte reconoce que el alto índice de abusos registrados en ciertas zonas depende también de los contextos locales. “No se puede considerar estos abusos separadamente de los ya existentes dentro de la comunidad de referencia”, anota.

Además de las tropas encuadradas en las filas de la ONU, el reporte afirma que muchos testimonios recopilados indican que existirían “abusadores entre los actores humanitarios civiles”.

Abunda: “Entre estos, existe personal de diversas agencias ONU, de ong`s locales e internacionales, así como de grupos religiosos”. Subraya que estaría involucrado personal “de todos niveles: choferes, guardias, managers, etcétera”.

Dice que la mayoría de los casos involucra a hombres. Sin embargo, apunta, “algunos testimonios hablan de mujeres que abusan de muchachos”.

Una de las partes del documento de Save The Children llama la atención. Dice que esta ong, es decir, ella misma, no ha estado exenta de casos de abusos sexuales cometidos por algunos de sus miembros o por personal de organizaciones asociadas a ella en proyectos específicos: 11 denuncias en 2006 y 15 en 2007.

Un solo incidente, demasiado

“Tenemos la determinación de redoblar nuestros esfuerzos en este aspecto y en trabajar con todos nuestros socios para implementar una total política de cero tolerancia a la explotación sexual y al abuso por parte de personal de la ONU”, declaró, en un comunicado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Además, expresa “la profunda preocupación sobre los casos de explotación sexual no denunciados”, porque “un solo incidente es demasiado”.

Citando el documento presentado por la ong inglesa, la ONU reivindica que “ya ha tomado una serie de medidas para enfrentar al problema directamente”. Entre estas, “la constitución de Unidades de Conducta y Disciplina en todas nuestras misiones”.

Sin embargo, el reporte de Save The Children –que reconoce los esfuerzos de la ONU en este sentido-- denuncia la lentitud o ausencia de respuesta a los casos denunciados: “Pocas de las demandas levantadas han recibido una respuesta adecuada”, afirma.

Según la ong, esta situación se debe a distintos factores: “Antes que todo, la exclusión de la comunidad internacional de este tipo de procedimientos (...). Las autoridades locales pueden sentirse sin el poder suficiente para enfrentar actores internacionales (...)”.

Además, según el informe, en las víctimas existe el “miedo a las consecuencias” de denunciar los abusos sexuales: represalias físicas y perder la ayuda humanitaria que necesitan, principalmente.

Otros testimonios hablan de “la corrupción entre la comunidad internacional y las autoridades locales”.

 
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