29 maggio 2008

La gestión de la emergencia

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 29 de mayo de 2008
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Como se prometió en campaña electoral, el primer consejo de ministros del nuevo gobierno italiano encabezado por Silvio Berlusconi se realizó el pasado 21 de mayo en Nápoles, la ciudad del sur italiano recientemente puesta al centro de la emergencia por la basura. En la reunión gubernamental se anunciaron algunas decisiones que se estarán traduciendo en proyectos de ley y en decretos legislativos. Con el evidente deseo de satisfacer las promesas electorales de una campaña que se ha sostenido sobre el ambiguo tema de la seguridad, el nuevo gobierno lanza una serie de iniciativas legislativas que no sólo levantan dudas acerca de su posible eficacia, sino que también denuncian por un lado la visión represora del nuevo equipo de gobierno y por el otro la necesidad apremiante de gestionar las emergencias, verdaderas o presuntas, que afectan a la bota itálica.

El paquete normativo se rige sobre dos ejes: la emergencia basura y el tema seguridad. En el primer caso, el gobierno de Berlusconi asegura poder resolver el problema que “está desde hace tiempo dañando la imagen del made in Italy en el mundo” en tiempos relativamente cortos –“treinta meses”–, decretando la construcción de un número no precisado de nuevos tiraderos y de al menos cuatro termovalorizadores –así se llama a los incineradores de “nueva generación”–, mismos que producen polvos tan finos y difíciles de procesar que Italia tiene que enviarlos a Alemania, el único país en Europa con capacidad de procesamiento de los mismos. Para dirigir toda la operación se nombró a Guido Bertolaso, personaje institucional oscuro por su pasado y su actitud. Arrogante y presumido, Bertolaso es desde 2001 jefe del Departamento de la Protección Civil nacional, la única institución italiana exenta en cuanto a la transparencia en la gestión de sus fondos económicos. ¿Será por esta razón que hoy se le encarga la gestión de la emergencia por la basura en Nápoles? ¿Para que los fondos destinados a la emergencia nunca sean auditados? Frente a las protestas que se preanuncian intensas y determinadas –sólo el día de la reunión del consejo de ministros hubo 15 manifestaciones en Nápoles–, el gobierno ha decretado que todos los tiraderos de la región serán zona de relevancia estratégico-militar, lo cual significa no sólo que serán protegidos por las fuerzas armadas, sino también que quienes intenten cualquier tipo de protesta en las inmediaciones de los mismos –bloqueos, marchas, mítines, etcétera– se arriesgarán a sufrir de tres meses hasta cinco años de cárcel.

En el caso del tema seguridad, la llamada emergencia no es tal –la tasa de delitos ha bajado en tres puntos porcentuales en el último año–, sino que ha sido inflada en la reciente campaña electoral. Los culpables de todo desorden y delito han sido desde hace semanas señalados entre los migrantes –sobre todo los irregulares–, por lo tanto el nuevo ministro de Interiores, exponente de primer plano de aquel partido –la Liga Norte– que ha construido su propio éxito electoral con su descarado racismo, ha echado mano a la ya muy restrictiva normativa en vigor. Por un lado la introducción del delito de “inmigración ilegal” –que se castiga desde uno hasta cuatro años de cárcel–, lo cual no sólo criminaliza a quienes por evidentes razones no logran conseguir los papeles para ingresar a Italia o para permanecer en el país, sino que dificulta posteriormente la posibilidad de pedir refugio o asilo en Italia. Se aumenta de seis hasta 18 meses el tiempo de posible permanencia en los centro de detención para migrantes, anticipando, según presumió el mismo ministro, la próxima directiva europea (de la que ya hablamos: La Jornada, 18 de mayo de 2008). Aún más aberrantes parecen otras dos normas introducidas. La primera tiene que ver con la constitución de un banco de ADN para todos los migrantes que pasen las mallas de la justicia italiana, la segunda otorga poderes especiales a los alcaldes para que puedan negar la residencia legal en su territorio a todos aquellos ciudadanos de la Unión Europea que habiendo decidido quedarse en Italia a vivir no puedan demostrar tener una vivienda y un ingreso adecuado.

Esta la situación actual. Un gobierno de derecha que aplica una política de derecha. Hasta aquí, ninguna objeción a la coherencia. Más bien una simple denuncia de la acción represiva de una clase política, la italiana, que está dando muestras claras de una visión racista y de clase que busca penalizar como siempre a los más desprotegidos, sean ellos ciudadanos italianos que viven las emergencias que este sistema productivo y social crea y no dejará de crear, sean ellos ciudadanos extranjeros que en Italia sueñan con una vida mejor. Un ataque frontal a toda diferencia, pero no para restaurar la igualdad de derecho y oportunidad que todo ciudadano debería gozar, sino para acabar con los diferentes y con todos aquellos que se oponen a este modelo, el post neoliberal. Una intervención clara de la institución estatal ahí mismo en donde las vanagloriadas leyes de mercado han fallado. Una intervención estatal que, dicho sea de paso, trata de incidir en el tejido social siempre y de todas formas a favor de los grandes intereses, legales e ilegales, que gestionan el negocio de la basura y que aprovechan la fuerza laboral migrante y precaria.

18 maggio 2008

Las expulsiones europeas

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 18 de mayo de 2008
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En un documento aprobado por la Comisión Europea el pasado 28 de abril y presentado por representantes del Partido Popular Europeo, se establecen por primera vez normas comunes para todos los países integrantes de la unión en materia de expulsión de migrantes ilegalmente residentes en ese territorio. Para que la llamada “directiva de retorno” comience a surtir efecto deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo en las próximas semanas. Se menciona la sesión del 21 de mayo como la del día de aprobación, aunque hay quienes sostienen que se pospondrá para junio.

La idea común que sustenta la aprobación de tal normativa reside en la voluntad de unificar por vez primera las normas que regulan este proceso intrínseco de la política migratoria de cada país, ya que hasta la fecha cada nación aplica modalidades y tiempos en algunos casos muy distintos entre sí. Un ejemplo es la detención en los llamados “centros de permanencia temporáneos” (CPT), que varía según el país: 40 días máximo en España, 60 en Italia y año y medio en Alemania.

En la directiva se abordan tres aspectos fundamentales que vale la pena resumir. El primero se refiere a los tiempos y modalidades de expulsión: la Unión Europea (UE) pretende uniformar los tiempos de detención en los CPT hasta en 12 meses, con posibilidad de una ampliación de seis; asimismo, ofrece “la expulsión en dos tiempos”: primero un aviso, que si no es cumplido pasa a la deportación forzada. El segundo comprende la introducción a escala continental –hasta ahora pocos países la aplican– de la prohibición de regreso a la UE en los siguientes cinco años de realizada la expulsión. Finalmente, se introduce la posibilidad de tratamiento igual para adultos y menores de edad no acompañados.

Las reacciones no se han hecho esperar y decenas de organizaciones de la sociedad civil europea y migrante, así como numerosos diputados del Parlamento continental, han realizado fundamentadas críticas a la intención de aplicar políticas represivas contra el fenómeno migratorio que se presenta en el viejo continente. Si bien es cierto que proporcionalmente a su población la UE es el territorio que más recibe migrantes –2 millones al año, de los cuales casi la mitad serían irregulares–, también lo es que la única respuesta que ofrece es la represión. Una primera impresión es que no se salva nada de esa propuesta. Cabe mencionar el oprobio que significan los tiempos de detención en los CPT. Ya de por sí tales detenciones, en la mayoría de los casos, siguen siendo práctica ilegal –pues aun en muchos países la estancia indocumentada no es delito penal.

Con la directiva propuesta se determinan tiempos tan largos que harán todo, menos resolver el creciente problema de los suicidios, las revueltas, los hacinamientos que cada día llenan no las primeras planas de los periódicos, sino las conciencias de quienes los gestionan. Y luego la equiparación de tratamiento como delincuente entre adultos y menores de edad, que revela absoluta insensibilidad sobre el tema de los migrantes “jóvenes”. Finalmente, la introducción de la punición y el premio: no sólo te expulso, sino que te condeno a no regresar durante los próximos cinco años, pero si te portas bien al momento de la expulsión, quizás te reduzca este castigo suplementario.

Sin embargo, hay dos elementos de orden más general que denuncian la criminal visión europea sobre el fenómeno migratorio. Ante todo hay que considerar el triste hecho de que la UE no ha podido ni puede ponerse de acuerdo o, mejor dicho, uniformar sus normas acerca de los aspectos represivos, cediendo otra vez a las presiones de los gobiernos conservadores del continente, el francés y el italiano, sobre todo.

La única normativa común es la que se ocupa de prevenir la llegada de migrantes irregulares a la UE, con la experiencia poco exitosa de la agencia Frontex. Con la nueva directiva, la UE quiere una normatividad común también acerca de las expulsiones. Cada día está más lejos la posibilidad de encontrar leyes y reglamentos comunes para la estancia en el territorio. En esto sí, cada quien por su cuenta.

Y lo que debe sorprender aún más –aunque por desgracia la UE está dejando de sorprendernos en éste y otros temas– es el hecho de que la unificación normativa, principio que está en la base de esta propuesta, en lugar de buscar un acuerdo elevando los estándares sobre los derechos y garantías de los ciudadanos migrantes, toma como punto común los peores aspectos de cada legislación –incluidas las no europeas: los 18 meses máximos de detención eran un límite ya criticado que hoy se quiere imponer a todos; la detención de menores de edad, existente en países extraeuropeos, hoy se quiere practicar en el viejo continente, y la prohibición del regreso por tiempo determinado era cosa que en Europa no se conocía.

De ser aprobada en forma definitiva la propuesta, denuncian que se correrá el riesgo de asistir a la expulsión de 8 millones de personas de la UE en pocos años. Una verdadera limpieza racial.

15 maggio 2008

Perú: Enlazando alternativas / Uno speciale sui migranti / Migrantes

Sono stato ospite di un programma radiofonico gestito da Amisnet nella cornice del Forum di Radio organizzato all'interno di Enzazando Alternativas, il controvertice a Lima, Perú, in occasione del vertice ufficiale tra Unione Europea, America Latina e Caraibi.
Puoi ascoltare qui la trasmissione.
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Estuve en un programa radiofónico de Red Con Voz en el marco del Forum de Radio organizado en Enzazando Alternativas, la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú, en occasión de la cumbre Unión Europea, America Latina y el Caribe (ALC-UE).
Aquí puedes escuchar la transmisión.

08 maggio 2008

Pepenadores, umanitá in eccesso

Il presente articolo é stato pubblicato sul giornale italiano Il Manifesto il giorno 8 maggio 2008
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Cresciuta grazie a continui flussi migratori, Città del Messico, o piuttosto l'area metropolitana dell'antica valle di Tenochtitlan, oggi conta circa 25 milioni di abitanti. Ne arrivano 1500 al giorno, si dice, e non si sa quanti l'abbandonano. Negli ultimi decenni la capitale messicana si è trasformata, da centro di produzione industriale dagli anni '40 sino a metà degli anni '80, a centro di servizi e consumo. Oltre 1500 centri commerciali invadono i quartieri e le periferie di questa città che oggi può offrire tutto, o quasi, ai suoi abitanti trasformandoli in consumatori famelici di ogni genere di merci e oggetti. E come tutte le società di consumo che si rispettino, oggi anche la megalopoli messicana, destinata secondo alcuni a diventare presto la più grande al mondo, produce rifiuti e scarti di un modello di consumo fondato sull'usa e getta. Tant'è che si calcola che produca oltre 20.000 tonnellate di immondizie al giorno, oltre un quinto della «produzione» nazionale. Metà rifiuti organici, metà inorganici e industriali.
Così, secondo gli esperti, a città del Messico la crisi dei rifiuti s'avvicina. Il grande deposito situato al nordest della città sta esaurendo il proprio spazio e già si prefigura il collasso del sistema di smaltimento. Ma questa non sarà l'unica causa della crisi. L'altra è che oltre la metà dei rifiuti - almeno 12mila tonnellate - è smaltita in discariche abusive che invadono le poche aree protette dentro e fuori la macchia urbana. Migliaia di depositi informali che presto diventano inceneritori improvvisati, fonte di ogni male. Ben lo sanno a Napoli e dintorni, ma qui non ci si fa caso: studi e statistiche non esistono e tutti sopravvivono pensando che una qualche emergenza pur deve esistere, ma le urgenze son ben altre. Tra queste, la sopravvivenza.
In una società dell'abbondanza ma non per tutti, parte delle migliaia di persone che giungono nella capitale a provar fortuna viene più o meno bruscamente espulsa verso l'esterno, in quel che ingenuamente molti chiamano la periferia. Allora, alle migliaia di tonnellate di immondizie prodotte dalla megalopoli si aggiungono migliaia di «rifiuti» umani, anch'essi scarti del modello di produzione e di consumo dominante. Ed è paradossale che proprio queste persone, rifiutate dal modello ma non dalla società ritrovino un ruolo a tutti funzionale proprio tra i rifiuti che si accumulano nelle discariche legali e abusive. Li chiamano pepenadores, letteralmente «raccattatori», e sono oggi almeno 250mila in tutta la megalopoli. Gli scarti - umani - del consumo sfrenato si collocano all'ultimo anello del sistema produttivo, quello dei rifiuti, per separarli, riutilizzarli, riciclarli, rimetterli in circolazione nello stesso modello che sino a poco prima li aveva eliminati. Vivono tra le immondizie, in case costruite con materiali di recupero sulla cima delle montagne - non le collinette imbellite dai prati delle nostre periferie - che crescono anno dopo anno.
Qui mangiano e si nutrono di avanzi e scarti di ogni genere, condividendo quanto si riesce a setacciare. Un sistema affermato, anzi quasi istituzionalizzato visto che pur nell'informalità della situazione, da anni ormai il governo ha portato loro alcuni servizi: in alcuni casi la corrente elettrica, in altri l'autobotte dell'acqua una volta a settimana o il maestro per i bimbi che qui nascono e crescono. Una microsocietà parallela, con relazioni proprie (cariche di solidarietà), con capipopolo (gli unici che riescono a uscire da questo mondo), con religioni autoreferenziali ed autogiustificanti e che gode, se così si può dire, delle giuste protezioni di un sistema politico pronto a utilizzare quest'esercito informale di setacciatori per raccogliere voti e controllare l'opposizione quando questa scende in piazza. É la storia di un rapporto simbiotico e paradossale tra i rifiuti di un modello di consumo ormai affermatosi e migliaia di persone che riescono a trovare tra le immondizie la protezione economica e politica necessaria per sopravvivere.

 
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