29 novembre 2007

"Grande come La Parota..."

Il presente articolo é stato pubblicato nel sito di Global Project, il 29 novembre 2007
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Ennesimo scossone giudiziario al caso La Parota. Un’altro contrordine dichiarato il 7 novembre scorso dal giudice federale Livia Larumbe Radilla Livia Larumbe Radilla, ha infatti rianimato la contesa tra Comissione Federale di Elettricitá (CFE) e le 36 comunitá, organizzate, prevalentemente rurali ed indigene, che si vedrebbero sgomberate nel caso si costruisse la diga. Il contrordine cancella, infatti, la sospensione ai lavori decretata solo due mesi prima - 13 settembre 2007 - dalla stessa giudice. Prima la dichiaró definitiva, poi l’ha chiamata provvisoria, infine la cancella. Da un lato, dunque, la CFE che attraverso la voce del suo Direttore, Alfredo Elías Ayub, si dice soddisfatta della sentenza ed annuncia la ripresa dei lavori, "non prima peró di un accordo con gli abitanti della regione". Dall’altra la dichiarazione definitiva, questa sí, emessa dal Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) che nega qualsiasi possibilitá di dialogo sulla realizzazione del progetto idroelettrico La Parota.

Abbiamo parlato del caso La Parota con Andres Barreda, professore presso la Facoltá di Economia della UNAM e riconosciuto esperto del tema acqua in Messico e nel continente. Ne é venuta una chiaccherata ad ampio spettro che affronta La Parota dall’alto, come inserita in una cartina geografica messicana, a tratti continentale.
[ascolta 15.21min. in spagnolo]

Una impressione...

Il progetto idroelettrico La Parota é promosso da diversi attori, pubblici e privati, all’interno di un contesto tattico e uno strategico.
Giunge infatti in tempi sospetti l’ennesima sentenza giudiziaria che favorisce la CFE. Il 7 novembre scorso, infatti, lo stato di Tabasco era per il 90% sotto l’acqua delle eccezionali piogge che hanno messo in difficoltá CFE, Governo Federale, Governo Statale e Commissione Nazionale dell’Acqua. La CFE, in particolare, é responsabile dell’apertura dei rubinetti delle sue dighe sul fiume Grijalva - che dal Chiapas sfocia nel Golfo - la cui acqua ha innondato lo stato di Tabasco. Coincidenza di date? Puó essere.
Ma al di lá delle criminali responsabilitá della CFE in Tabasco (cui si associano l’enorme responsabilitá dei governi Federale e Statale per la mancata adeguatezza delle infrastrutture idrauliche nello stato), in Guerrero la situazione é un’altra. Non solo in Guerrero.
Il piano nazionale di costruzione di nuovi impianti idroelettrici conta giá con diversi progetti avviati o in avvio. Un piano studiato nel contesto dell’Iniziativa Energetica Mesoamericana che promuove il SIEPAC, entrambe inziative parte del famigerato Plan Puebla Panamá (PPP).
Famigerato e nato morto. Sembra, infatti, che l’aspetto centrale del PPP ovvero quello di costruire grandi parchi industriali per le linee di assemblaggio del tessile e l’elettronico sia passato decisamente in secondo piano. Trasferitosi in Cina il business della mano d’opera a prezzi stracciati, la Mesoamerica potrebbe cambiare di ruolo. Dalla frontiera Messico-Stati Uniti sino alla Colombia. Per ora. Questa l’idea: un’area energetica comune che colleghi risorse e prodotti energetici, ovvero elettricitá e agrocombustibili. Un’idea che si concretizza e che valorizza il ruolo privato. Non solo nella costruzione degli impianti, ma anche nella loro gestione. Un modo come un altro per cominciare a privatizzare l’energia elettrica...e l’acqua. Il tutto a dispetto di conseguenze ambientali, per la salute, ma anche sociali. Il trasferimento della tecnologia idroelettrica in Messico, tecnologia considerata superata negli Stati Uniti, ne é un esempio. Ma cosí anche l’opinione di alcuni che inserisce La Parota tra i progetti che non rispetta i compromessi stretti dal Messico difronte al Protocollo di Kioto.
Intanto in Tabasco, pur tranquillizzando tutti e esorcizzando altre innondazioni, si studiano i piani di sgombero se La Peñitas, ultima diga su Grijalva, non dovesse reggere la quantitá d’acqua che sta accumulando engli ultimi giorni. Per metá dicembre si attende il momento critico.

19 novembre 2007

África, los millones perdidos

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 19 de noviembre de 2007
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“África derrocha alrededor de 18 mil millones de dólares anuales en conflictos, guerras civiles e insurgencias”, denuncia un informe de las organizaciones Oxfam International, International Action Network on Small Arms (IANSA) y Safer World.

Más: 23 países de ese continente “han perdido alrededor de 284 mil millones de dólares desde 1990”. Una cifra que –señala el informe-- “equivale a la ayuda internacional aportada (a esas naciones) por los principales donantes durante ese mismo período”.

El informe –titulado Los millones perdidos en África. El flujo internacional de armas y el costo de los conflictos— fue publicado en octubre pasado en el marco de la Campaña Armas Bajo Control, lanzada a escala internacional por Oxfam, Amnistía Internacional y IANSA, la cual fue incluida por la ONU en su agenda durante su Asamblea General en septiembre pasado.

El documento refiere que “el conflicto armado reduce la economía de los países africanos en 15%”, aunque “el costo real de la violencia armada para las personas africanas puede ser muchísimo mayor”.

Y denuncia que “95% de las armas más utilizadas en los conflictos africanos no proceden de este continente”. Por esta razón, señala, “lo que África necesita con urgencia es poner fin a este flujo de armas dirigido a quienes cometen abusos de los derechos humanos”.

Para ello propone “un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) riguroso y eficaz que debe prohibir las transferencias de armas” donde exista la clara posibilidad de violaciones a los derechos humanos. De lo contrario, advierte, “el costo para el desarrollo africano, medido no sólo en dólares despilfarrados sino en vidas destrozadas y oportunidades perdidas, seguirá siendo incalculable”.

Los costos de la violencia

Consuelo López-Zuriaga, experta en Conflictos y Acción Humanitaria de la organización Oxfam, explica en entrevista telefónica la importancia del informe:

“Por primera vez hemos podido poner sobre papel, con la rigurosidad de las cifras y el análisis estadístico, cuánto dinero está perdiendo África debido a la violencia”.

Al mismo tiempo, dice, “hemos podido establecer la paradoja de un sistema que está dando ayuda para el desarrollo pero que no pone los medios necesarios para frenar este comercio de armas que está alimentando los conflictos en África y que a fin de cuenta está condenando a los países africanos a la pobreza crónica”.

López-Zuriaga, también portavoz del Departamento de Estudios y Campañas de Oxfam España, denuncia el silencio mediático que rodea los conflictos armados en África a los que considera “altamente devastadores”.

De los 31 conflictos que existían en 2002 –parte de los cuáles continúan y que han causado la muerte de al menos 7 millones y medio de personas-- 17 ocurrieron en África, estima la organización Oxfam.

La investigadora española explica que el informe divide a éstos en dos categorías: los conflictos y la violencia armada. “Sin embargo –aclara-- eso puede ser un límite (para entenderlos), pues los conflictos africanos son difíciles de definir”.

Precisa: “Son nuevos tipos de conflictos en donde hay grupos irregulares y se ataca a la población civil. La violencia armada entonces rebasa el viejo concepto de guerra y se transforma en cotidiana. Y es un problema aún mayor pues, aunque no sean conflictos políticamente reconocidos, existe una violencia extremadamente alta que se ejerce en contra de la población”.

Según López-Zuriaga, el informe “detecta que hay una atomización de ese monopolio del uso de la fuerza, antigua prerrogativa del Estado, y se vuelve todo sumamente complicado”.

Afirma que un aspecto complejo en el panorama que el informe aborda “fue precisamente tratar de describir los costos de los conflictos armados”.

Costos “indirectos”

De hecho el informe estudia el fenómeno identificando dos facetas: los costos directos y los indirectos. Tras enumerar y analizar cada uno de estos gastos, el documento concluye que los costos indirectos son los más elevados.

Así, el aumento de la inflación, la baja en la confianza de los inversionistas extranjeros, el bloqueo de la producción, el desperdicio de los recursos naturales y, en general, el descenso de la actividad económica (que incluye la fuga de capitales y la baja actividad turística) cuestan más que los gastos médicos, el cuidado de los desplazados, los recursos militares y la destrucción de infraestructura.

A ello, señala el informe, hay que añadir los llamados “gastos intangibles”: las pérdidas de capital social y de calidad de vida social, tal como el acceso al mercado laboral o a los servicios públicos.

El informe, sin embargo, aclara que “la cifra calculada en 284 millones de dólares, a pesar de ser elevada, es casi con toda seguridad un cálculo a la baja”. La razón: toma en cuenta únicamente el costo del conflicto armado durante el periodo en que éste ocurre, pero no incluye la delincuencia armada ni otros fenómenos que perduran después de termina un conflicto, como, por ejemplo, el deterioro de la economía.

López-Zuriaga completa: “Cabe mencionar que el cálculo no toma en cuenta las cifras que se han gastado desde el ámbito internacional para limitar las consecuencias de los conflictos: ayuda humanitaria, misiones de paz, ayuda al desarrollo, etcétera”.

Son “cifras enormes --afirma López-Zuriaga--, las cuales, paradójicamente, corresponden a la ayuda oficial al desarrollo, tal y como la define la OCDE”.

La introducción del informe --redactada por la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf-- señala: “Los costos que África está pagando (por los conflictos armados) podría sufragar los gastos para poner fin a su crisis del VIH y el sida, o proporcionar educación, agua, y prevención y tratamiento para la tuberculosis y la malaria. Se podrían haber construido miles de hospitales, escuelas y carreteras, mejorando así las vidas de millones de personas. Las mujeres y hombres africanos no sólo sufren los horrores físicos de la violencia, sino que el conflicto armado también menoscaba sus esfuerzos por salir de la pobreza”.

Respecto del tráfico de armas, López-Zuriaga subraya un dato: “La mayoría de las armas que se encuentran en África no se producen ahí. La producción africana de armamento es muy limitada. Actualmente se concentra principalmente en dos países: Sudáfrica y Egipto…y aún así es una producción muy limitada”.

Estados Unidos es el mayor exportador de armas a África, aunque, dice la experta, “existe un gran flujo de armas también de Rusia y China”. Señala que “90% de los fusiles Kalashnikov, los más utilizados en este tipo de conflictos, no se produce en el continente”.

Con respecto a balas y municiones que llegan a África, la mayoría procede de España, afirma la experta.

La investigadora reitera que “una forma --no la única-- para controlar el trafico de armas sería el establecer un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas”.

El 26 de octubre de 2006, en la Asamblea General de la ONU, 153 países votaron a favor de este tratado. En esa ocasión se abstuvieron 24 países y sólo Estados Unidos votó en contra.

Conciente de que el comercio de armas hoy es un negocio globalizado y liderado por los países más ricos del planeta, la portavoz de Oxfam señala que “es un comercio sin ningún tipo de control en el ámbito internacional”.

Afirma: “Hay que regular la transferencia irresponsable que se está haciendo de los armamentos, sobre todo de los países productores, puesto que ninguno de ellos es africano”. Y es que, señala, “las armas que se producen y trafican hacia África son utilizadas para violar el derecho internacional humanitario”.

López-Zuriaga juzga de manera positiva el impacto que tuvo el informe, pues fue lanzado “justo en el momento en que se estableció un Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE), con sede en la ONU, que analizará la viabilidad de un tratado internacional sobre el comercio de armas”. Además, agrega, “ha sido positivo que muchos países se adhirieron a la propuesta”.

Sin embargo, no todos los países acordaron participar en el estudio de ese tratado: “Obviamente ni Estados Unidos ni Rusia ni China firmaron el acuerdo que lanza al grupo de análisis para el futuro tratado”, apunta López-Zuriaga.

Señala que “en el ámbito latinoamericano hubo casos muy positivos, como los de México y Argentina, este último comprometido en liderar este grupo de expertos”.

“Sería bueno que México –quien integrará este grupo de expertos-- ejerciera cierta presión para lograr el tratado internacional”, sugiere López-Zuriaga.

11 novembre 2007

Mafia, la primera empresa en Italia

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 11 de noviembre de 2007
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Recientemente entrevistamos a Giuseppe Carlo Marino (La Jornada, 18/9/07), catedrático de la Universidad de Palermo e historiador del fenómeno criminal llamado mafia. Considerado uno de los más preparados expertos del tema, dialogamos con él y llegamos a una conclusión: “En Italia ha sido posible combatir a la mafia porque existe una sociedad civil fuerte y viva, porque hay partidos de masas auténticamente democráticos y porque la magistratura ha conquistado su independencia real frente al poder político”. Sin embargo, el profesor siciliano razonaba también acerca de que a pesar de todo el esfuerzo y el sacrificio que se hizo, la mafia sigue existiendo, al igual que su tráfico y negocios, así como sus vínculos con el poder político local y nacional.
Prueba de esto –además de extraordinarios trabajos periodísticos/literarios como el bestseller Gomorra, del joven Roberto Saviano, que recientemente ha sido traducido al español– es la denuncia que la Confederación Italiana de Comerciantes (Confesercenti) lanzó el 22 de octubre pasado. A través de SOS Empresa, herramienta de la confederación que recoge y compila las denuncias de los comerciantes italianos acosados por la criminalidad organizada, el gremio de la venta y comercialización de productos ha podido construir un mapa de las actividades criminales de las organizaciones que pueden inscribirse en el llamado fenómeno mafioso, y de ahí ofrecer números y datos precisos.
La que se denomina Mafia SA de CV factura hoy 90 mil millones de euros al año sólo en la rama comercial, cifra que estremece toda vez que se considera que el presupuesto italiano para 2008 se está calculando en menos de 20 mil millones de euros. El facturado enorme de las organizaciones mafiosas representa casi 7 por ciento del producto interno bruto italiano, que, paradójicamente, se produce y gana en el sur de Italia –entre Sicilia, cuna de la propiamente llamada mafia, y Nápoles, cueva de la Camorra–, ese mismo sur afectado desde hace siglos por el rezago económico al cual nadie hasta la fecha ha podido ni querido poner fin.
La riqueza más grande de Italia en la macrorregión más pobre es una paradoja que se nutre, según la denuncia de los comerciantes italianos, de las más clásicas actividades mafiosas: usura, extorsión, piratería edilicia abusiva, agromafia y control de licitaciones públicas. El fenómeno alcanza a contaminar a toda la economía italiana, llegando a conquistar hasta las regiones más productivas del norte del país y golpea al menos a 160 mil comerciantes en toda la península, casi una quinta parte de todos los comerciantes italianos. Lo que lanzan los comerciantes italianos es una alarma que describe un modus operandi no tanto del sistema mafioso, sino de toda la economía italiana: hay pequeños comerciantes obligados a pagar el pizzo, pero también grandes cadenas comerciales en mano de los padrinos de las organizaciones criminales, así como imposición de mercancías por parte de la organización.
En la entrevista mencionada, Marino denunciaba a aquellos que definen a la mafia como un fenómeno más de criminalidad organizada: “la mafia es un poder organizado con una estructura que a veces es alternativa al Estado y a veces utiliza al Estado”. Denunciaba, asimismo, que la colusión con el poder político es elemento esencial de existencia del fenómeno. Hoy los comerciantes italianos nos ponen frente a una nueva realidad que se complementa con la descrita por Marino: la colusión. Y con este concepto, la Confesercenti señala hacia las grandes empresas italianas, la que cotizan en la bolsa de valores de Milán. Y estamos hablando de empresas cuyo facturado y relaciones comerciales las coloca en el selecto grupo de empresas trasnacionales. Suena extraño, pero es así.
Empresas trasnacionales italianas, la mayoría del sector construcción, capaces por su prestigio y poderío económico de resistirse al acoso mafioso deciden lo contrario llegando a acuerdos con las grandes organizaciones mafiosas. ¿Por qué? “Porque conviene”, contestan los comerciantes italianos. Conviene hacer acuerdos con la mafia cuando ésta controla las licitaciones de las obras públicas, las maquiladoras del área de Nápoles que fabrican ropa para las grandes firmas italianas, cuando la mafia controla la distribución al menudeo, cuando la mafia controla el procesamiento de la basura y los desechos, cuando la organización controla los medios de transporte, cuando “O’ sistema” –como le dicen en Nápoles– controla las mercancías que se importan en Italia.
¿Y la política? ¿Las instituciones públicas? Ausentes. O, mejor dicho, tratando de taponar las heridas y los daños. Muestra de esto es la acción disciplinaria hacia el juez De Magistris, promovida por el ministro de Justicia Mastella, ex democristiano, involucrado, junto al primer ministro Romano Prodi, en la investigación del magistrado mencionado acerca de un fraude sobre el uso de fondos públicos europeos en Calabria, tierra de la ‘Ndrangheta, otra sigla de la mafia italiana.
Todo lo anterior es un panorama definitivamente deprimente.

 
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