20 ottobre 2007

Salud y migración en la Unión Europea

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 20 de octubre de 2007
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La organización no gubernamental Médicos del Mundo publicó en junio pasado un reporte del llamado Observatorio Europeo sobre el Acceso a los Servicios de Salud, el cual, en palabras de la ONG, “no tiene vocación de ser un organismo de investigación”. Surgió en 2005 como un instrumento que “debe permitirnos manifestar las dificultades de acceso a los servicios de salud de las personas que viven en condiciones precarias en territorio europeo”.

El reporte mencionado, titulado Es preciso forjar el respeto y no el miedo, se refiere a un sector de la amplia población precaria y desprotegida que vive hoy en la Unión Europea (UE): los migrantes irregulares.

Partiendo de la premisa, necesaria cuanto deseable, que la Corte de los Derechos Humanos de la UE reconoció en su Carta Social que el derecho a la salud, a la gratuidad de la misma y a la salvaguarda de la exclusión social son derechos inalienables de los que deben gozar todos, incluidos ciudadanos extranjeros con estancia irregular, el reporte plantea una situación precaria y deficiente en esta materia.

El documento expone que se realizaron casi mil entrevistas en siete países de la UE para conocer la situación familiar y de vivienda, de empleo e ingresos económicos, lo que reveló una extrema fragilidad, tanto desde el punto de vista económico como social: personas que viven amontonados en casas, con trabajos temporales e ingresos por debajo del promedio continental y discontinuos.

Es preciso forjar el respeto, no el miedo, frente a la cruda realidad de los migrantes en el acceso a la salud. Si bien es cierto, según señala el documento, que cada país tiene su propia legislación en la materia, lo cual dificulta homogeneizar criterios y parámetros de intervención, el acceso a los servicios de salud para los migrantes irregulares es imposible por distintas razones: ignorancia del derecho, costo de algunos servicios, dificultades administrativas, barreras lingüísticas y culturales, discriminación y miedo a ser denunciados a la autoridad. Si bien estas son situaciones conocidas por muchos, subraya la ONG, no han sido objeto de estudio, pues entre dificultades objetivas y voluntades encontradas, ningún gobierno de la UE se ha empeñado, hasta ahora, en diseñar el mapa del estado de la exclusión y de la falta de derechos en el vasto mundo de la migración irregular.

Lo interesante del documento es que revela qué enfermedades presentan los entrevistados. Si la primera puede sonar folclórica, porque está ligada a cuestiones digestivas, la segunda es impactante: hasta 15 por ciento han confesado haber sido diagnosticados por enfermedades sicológicas. Dicho en otras palabras, la permanencia irregular en Europa, y quizás en todo el mundo, afecta la salud.

Finalmente, el reporte proporciona algunas recomendaciones. La organización internacional pide a la UE que se haga efectivo el derecho a la salud a través del libre acceso a los servicios sanitarios, así como de prevención; pide la gratuidad del servicio en casos específicos y de comprobada pobreza de los sujetos; demanda que se otorgue un permiso de estancia especial a todo ciudadano extranjero irregular que esté afectado por una enfermedad grave; pide que todos los derechos antes mencionados sean garantizados a todos los recluidos en los CPT (centros de permanencia temporal) y que se permita a las ONG la visita a éstos.

El trabajo que realiza Médicos del Mundo es digno de encomio, porque es el primero en su género, naturalmente, pero también por la sensibilidad demostrada hacia una parte de la población que numéricamente aún es difícil de cuantificar, pero que seguramente es muy amplia. Esa misma parte de la población que, como demuestra la ausencia de otras encuestas del tipo de la realizada por la ONG internacional, desaparece en la invisibilidad a la cual obliga la ausencia de un permiso legal de estancia, que resulta difícil de conseguir o imposible de renovar. Lo que revela también la encuesta citada es que al menos la mitad de los entrevistados son extranjeros irregulares que han perdido su estancia legal después de haberla tenido.

El reporte de Médicos del Mundo saca a flote y denuncia una situación grave que la UE tiene que resolver. En diciembre próximo, en Lisboa, se llevará a cabo una conferencia europea más acerca de migración. Ahí se reunirán jefes de Estado, secretarios y ministros del Interior del civilizado viejo continente. La duda es si a dichos personajes les interesará más resolver el problema por la vía policiaca, como han hecho hasta ahora, o si se ocuparán de encontrar la manera de contestar las preguntas que Médicos de Mundo les pone: “¿Será capaz la UE de asumir el desafío de garantizar que en su territorio nadie sea excluido (del acceso al derecho a la salud) por culpa de un papel administrativo, de una situación cambiante según las legislaciones, de las elecciones? ¿Hay alguna patología capaz de ser leída en un permiso de residencia?”

06 ottobre 2007

Flexibilidad laboral y precariado*

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 6 de octubre de 2007
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Con precariado queremos señalar que la precariedad laboral, definitivamente asentada por la temporalidad contractual en puestos que hasta hace poco contaban con contrato por tiempo indeterminado, se asocia cada vez más con la precariedad de los derechos laborales y sociales. Si aceptamos que la afirmación de los derechos sociales, en la materialidad de los servicios ofrecidos por el Estado (en la trayectoria formación, trabajo, descanso), en época fordista por medio de las medidas de corte keynesiano, estaba íntimamente ligada a la existencia de contrataciones y relaciones laborales estables, entonces podemos afirmar que la temporalidad en las condiciones arriba descritas se traslada a la sociedad convirtiéndola en sociedad temporal. Lo que algunos sociólogos llaman “sociedad de lo fugaz” no es entonces sólo la sociedad de los deseos fugaces, intermitentes, saltuarios. Sino que es también la sociedad de los derechos fugaces, intermitentes y saltuarios. En esta sociedad nosotros ubicamos al precariado como aquel sujeto transversal y multifacético que comprende ya no sólo al trabajador sino a cada individuo que entra en algún momento al mundo del mercado laboral: una multitud molecularizada que trabaja y vive de forma precaria, sin garantías laborales, pero tampoco sociales. [...]

No es casual, según nosotros, que a la flexibilidad haya quienes le llamen precariedad. La flexibilidad laboral ha sido a lo largo de estos años demasiadas veces sinónimo de precariedad laboral, desbaratamiento del trabajo, ataque a los derechos de los trabajadores, abuso empresarial. La misma unidad sindical se ha visto gravemente cuestionada por la nueva forma del trabajo: ya no existe, o tiende a desaparecer, la figura del trabajador masificado, que se podía fácilmente organizar y sindicalizar. Hoy existe un universo de trabajadores, de todas edades y extracciones sociales, que se encuentra solo frente al enorme poderío empresarial y del capital, en general. Las anunciadas reformas laborales que el actual gobierno quiere realizar pueden prefigurase como una, no la única, ocasión para generar el debate necesario para resolver la actual situación. El debate en el mundo sindical más democrático y auténtico resulta interesante, porque las posturas que ahí se plantean –cada quien por su lado– tienen temas de interés colectivo. Las dos posturas, la más conservadora, que busca dejar inalterada la actual legislación laboral mexicana, y la más abierta, que propone aprovechar la coyuntura para aportar modificaciones ventajosas para el trabajador, resultan interesantes. La primera porque se pone de forma resistencial frente a reformas que casi seguramente apuntarán a aventajar, una vez más, al capital frente al trabajo. La segunda porque busca aprovechar un debate (que se irá dando conforme avancen las propuestas por parte de la clase política mexicana), para introducir propuestas hechas por y para los trabajadores. Sin embargo, ambas sufren limitaciones importantes. La primera por correr el riesgo de no ver las radicales modificaciones que el mundo del trabajo ha sufrido, por la vía de los hechos, en sus formas. La segunda por el riesgo, posible y quizá muy probable, de llegar a concertaciones y mediaciones que permitan ciertas modificaciones dañinas para el trabajador a cambios de otras más benéficas. En suma, por un lado corremos el riesgo de no querer ver los cambio sucedidos en el mundo del trabajo, por el otro arriesgamos de aceptar que tales modificaciones se queden tal cual con todo y sus consecuencias nefastas.

Sin embargo, quizá hablar de estas posturas puede resultar estéril, puesto que, según datos oficiales de la Secretaría de Economía, tan sólo 19 por ciento de los trabajadores formales mexicanos (cerca de 18 millones) están sindicalizados.

Es para nosotros importante entonces mirar a ese sujeto que llamamos precariado que comprende a los trabajadores sindicalizados, pero también a los no sindicalizados y a los que entran a la llamada economía informal. Con este sujeto dejamos de hablar sólo de derechos laborales y probamos a hablar de derechos sociales o derechos de ciudadanía. Para hacer esto, hay que romper ese vínculo keynesiano entre trabajo y derecho, entre contrato de trabajo y acceso a la esfera del derecho social. Y comenzar a pensar que todo ciudadano tiene que gozar de derechos sociales cuales la formación, el trabajo (o más bien el rédito), el descanso (o más bien el rédito de descanso), pero también la salud, la vivienda digna, etcétera.

Por lo anterior, creemos posible “darle la vuelta a la tortilla” y probar a observar la flexibilidad laboral no como un problema, sino como una posible vía de fuga de la esclavitud del trabajo asalariado. Quizá podamos probar a mirar la flexibilidad que se traduce en tiempos parciales de trabajo, en movilidad, en adquisición de saberes y valorización de los mismos, en explotación de la cooperación social, como ocasión para acercarse al libre goce de la vida, asociando al concepto mismo de flexibilidad el de seguridad social. Un nuevo concepto que no niega la flexibilidad, que no busca conservar lo existente, sino que aprovecha la flexibilidad para alcanzar una nueva seguridad social desligada del trabajo y ligada íntimamente a la vida productiva de cada individuo.

* Fragmento de la ponencia que el autor presentará en el segundo seminario de Economía del Trabajo y Nuevas Tecnologías a realizarse del 13 al 15 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

01 ottobre 2007

Yasuní, la respuesta de Ecuador al cambio climático

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 1 de octubre de 2007
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El pasado 24 de septiembre, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, una singular propuesta para contrarrestar el cambio climático que implicaría que su país dejara de percibir 760 millones de dólares al año.

Correa participó en la reunión de alto nivel convocada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, titulada “El futuro está en nuestras manos: la función del liderazgo en el cambio climático”. Al encuentro, que trazó los ejes de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en diciembre de este año en Bali, participaron 80 entre jefes de Estado y primeros ministros, además de secretarios de gobierno de casi todo el mundo, con la única “clamorosa excepción” de George Bush.

“Ecuador está dispuesto a grandes sacrificios, con justicia y creatividad, para contrarrestar el calentamiento global”, anticipó Correa ante lo que sería su propuesta que provocó estupor entre la concurrencia: mantener el petróleo en el subsuelo del campo petrolero ITT, reserva que se encuentra en una zona ecológica altamente sensible llamada Yasuní, declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera en 1989.

“La iniciativa significa el compromiso de no explotar cerca de 920 millones de barriles de petróleo anuales y, por tanto, conservar una de las regiones más biodiversas del mundo”, planteó el presidente ecuatoriano.

A cambio de tal “sacrificio”, Correa exigió la “corresponsabilidad de la comunidad internacional y una mínima compensación económica por los bienes ambientales” que se generarán con la medida, y de los cuales, dijo, “se beneficia todo el planeta”.

Ante la necesidad de adaptación que demanda el cambio climático, Correa reflexionó: “No necesitamos créditos para la adaptación, los cuales aumentarían el peso de la deuda externa. Lo que se requiere es la compensación por los daños causados debido a la desproporcionada cantidad de emisiones, tanto histórica como actual, de los países industrializados.”

Presión social

A pocos días de la jornada electoral que definirá el próximo Constituyente en Ecuador, Correa jugó su “carta ITT” (Ishpingo-Tambococha-Tiputini, la zona amazónica que conserva el extenso yacimiento de petróleo) en la máxima tribuna mundial.

Sin embargo, la propuesta de renunciar al petróleo del ITT no es una iniciativa del presidente Correa; responde a presiones de organizaciones civiles que en los últimos años han defendido activamente el territorio ecuatoriano de la salvaje explotación petrolera de las décadas pasadas.

Con la propuesta presentada, Correa retomó la iniciativa de los grupos ecologistas ecuatorianos que lanzaron la campaña “Lo Yasuní depende de ti”, en abril de este año.

En entrevista telefónica, Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, organización líder de la campaña, explica las razones del proyecto:

“Las organizaciones que hemos venido empujando la campaña, hemos trabajado por muchos años en la denuncia de la actividad petrolera. Como Oil Watch (red internacional de organizaciones ecologistas), habíamos promovido desde hace diez años la idea de la moratoria a la expansión de la frontera petrolera. Contemporáneamente, hemos ido demandando que a las comunidades locales que resisten a la explotación no hay que reprimirlas, sino premiarlas, porque son las únicas que con su resistencia impiden que se siga extrayendo petróleo y que con eso se siga contribuyendo al calentamiento global.”

En este contexto, explica, “propusimos al gobierno que se busquen otras opciones a lo que es el proyecto petrolero más importante en Ecuador, el del ITT”.

Comenta que Ecuador es un país que ya ha vivido todo el desastre petrolero: “No gratuitamente es aquí en donde se lleva a cabo el llamado ‘juicio del siglo’, contra Texaco (empresa petrolera estadunidense enjuiciada por desastre ecológico)”.

Por esta razón, prosigue la exponente de Acción Ecológica, “Ecuador sabe mucho de petróleo: los impactos y de todo el cuento acerca de que con el petróleo salimos de la pobreza”. Comenta que todo esto permitió tener un terreno fértil para la reflexión hacia alternativas. Sin embargo, admite, “no es fácil convencer al país de un proyecto de tal naturaleza”.

El mismo Correa, en su discurso a la ONU, explicó que el proyecto “significa el compromiso de no explotar cerca de 920 millones de barriles de petróleo (...) Esto implicará dejar de recibir enormes inversiones y cerca de 720 millones de dólares anuales, cantidad muy significativa para un pequeño país de 13 millones de habitantes y alrededor de 6 millones de pobres”.

Esperanza Martínez narra que al principio el gobierno rechazó el proyecto en nombre de esos enormes aportes económicos que el petróleo del Yasuní podría generar.

“Discutiendo con el gobierno, creamos un mecanismo de compensación internacional que nos parece legítimo, porque evidentemente no sacar ese petróleo implica reducir las emisiones de carbonos y, por ende, beneficiar al planeta entero”, explica.

Tal opción, sin embargo, no recibió el consenso inmediato al interior del equipo de gobierno: “La propuesta la venimos trabajando desde hace mucho. Ya con la instalación del actual gobierno, el entonces ministro de la Energía, Alberto Acosta, hizo suya la propuesta. El pasado ecologista del ministro pesó mucho y convenció a Correa.”

El presidente ecuatoriano hizo públicas sus intenciones el 5 de junio pasado. Dijo que “que con respecto al ITT hay dos opciones: la explotación petrolera y la conservación con compensación”.

La presidenta de Acción Ecológica aclara: “Correa declaró en ese entonces que la primera opción para el gobierno era la conservación del petróleo en el subsuelo, aunque esto haya creado conflictos en el gobierno.”

Según Esperanza Martínez, “en la reunión del Consejo de Administración de Petroecuador del 30 de marzo se armó la bronca. Correa quiso participar y planteó la opción que proponía Acosta. El presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, se opuso con todas sus fuerzas. Lo único que obtuvo fue que Acosta dimitiera y asumiera la gestión de los candidatos asambleístas de Patria Nueva, el partido de Rafael Correa.

A partir de ese momento, dice, Correa hizo suyo el proyecto y comenzó a reforzarlo: “Ya las últimas semanas ha dado instrucciones a la cancillería de implementar los instrumentos para ir ubicando los fondos internacionales de apoyo al proyecto.

“El gobierno puso una fecha límite para la viabilidad del proyecto, que es el 1 de julio de 2008. Hasta ahora hay serios compromisos por parte del gobierno de España, de Alemania y de Italia”, explica.

Los aspectos económicos son el punto de mayor discusión: “El presidente ha dicho ‘yo quiero la mitad de lo que ganaría sacando el petróleo’.”

En su discurso del 24 de septiembre Correa dejó claro el precio del sacrificio ecuatoriano: “El costo de oportunidad para el Ecuador de no explotar el crudo es, por los menos, de 10 a 15 dólares por barril. Sin embargo, Ecuador pide al resto de la humanidad una contribución de solamente 5 dólares por barril, para conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan y evitar las emisiones de dióxido de carbono. El total de la compensación solicitada al resto del mundo es de aproximadamente 4,600 millones de dólares.”

Con la propuesta que el presidente ecuatoriano explicó en Nueva York, según Esperanza, “se ganó terreno”, aunque lo cierto es que el debate sigue en píe en el país ecuatoriano.

“Hemos trabajado y conversado con candidatos de diversos sectores para que en la agenda de la Constituyente entre con fuerza a las áreas de exclusión de la explotación petrolera”. Y, sin embargo, comenta Martínez, “también es necesaria una reforma del modelo económico del país.

La propuesta es pasar de un modelo de extracción a un modelo de producción, transformación, en el que el tema ambiental sea central. Y si es que este gobierno habla del socialismo del siglo XXI, el riesgo es que como el socialismo del siglo pasado, nos olvidemos del ambiente”.

Según la ambientalista ecuatoriana, en el próximo Constituyente “deberán de reconocerse algunos principios: el de precaución que frena, de alguna manera, el despojo sin control de la naturaleza; el de prevalencia (sic) que dice que cuando hay dos intereses prevalezca el de los más vulnerables; y el de la soberanía, con énfasis en el ramo alimentario”.

Además, según la presidenta de Acción Ecológica, “Ecuador está en el medio de un cuadrilátero: de un lado está Brasil, que tiene una visión cercana a Estados Unidos, que quiere seguir teniendo a estos países como exportadores de energía, con los agrocombustibles; por el otro lado está Venezuela, que quiere seguir manteniéndose como país petrolero.

“Brasil, por ejemplo, es el más interesado en el ITT. Ya hizo propuestas al gobierno de Ecuador; pero Venezuela también propuso que hubiera una explotación compartida”.

“En este contexto nosotros proponemos que Ecuador podría ser promotor de una tercera vía, como lo es el proyecto de salvaguarda del Yasuní”, explica.

Lo dicho el 24 de septiembre pasado por Rafael Correa en conclusión a su participación a la reunión convocada por la ONU, parece confirmar esta línea de tendencia:

“La propuesta ecuatoriana busca transformar las viejas concepciones de la economía y el concepto del valor. En el sistema de mercado el único valor posible es el valor de cambio, el precio.

“El proyecto Yasuní-ITT se basa, sobre todo, en el reconocimiento de los valores de uso y servicio, de los valores no crematísticos de la seguridad ambiental y en el mantenimiento de la diversidad planetaria.

Se trata de inaugurar una nueva lógica económica para el siglo XXI, donde se compense la generación de valor, no solamente la generación de mercancías.

“Por primera vez un país petrolero, Ecuador --donde un tercio de los recursos del Estado depende de la explotación de dicho recurso--, renuncia a estos ingresos por el bienestar de toda la humanidad e invita al mundo a sumarse a este esfuerzo a través de una justa compensación, para que juntos sentemos las bases de una civilización más humana y más justa”, concluye.

 
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