12 gennaio 2007

Asilo político y refugio, cancelados de facto por la Unión Europea

El presente articulo fue publicado en el periódico mexicano La Jornada el día 28 de enerode 2007.
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Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la joven Organización de las Nacionaes Unidas (ONU) se estableció la Convención sobre el Estatus de Refugiados (1951) y su Protocolo (1967) que definían el estatus de refugiado como el estatus de toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. Dicho en otras palabras, la ONU ofrecía un marco jurídico para todos aquellos que de una forma u otra eran perseguidos en su propio país de nacionalidad, obligando los países adherentes – en el 2006 suman a 70 países en todo el planeta – a ofrecer protección. La Convención de Ginebra, por la ciudad suiza que hospedó la firma del tratado, sirvió cual extremo instrumento político y jurídico para ofrecer protección y ayuda a los que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX escapaban de su país por ser perseguidos. Sin embargo con la caída del Muro de Berlín tal instrumento comenzó a sufrir su primera importante crisis en la joven Comunidad Europea. La guerra en la ex-Yugoslavia dio la primera muestra de cuan poco adecuada fuera la Convención frente a los nuevos equilibrios globales: casi 300,000 personas llegaron a Italia y a Europa sólo en 1992. ¿Cómo ofrecer refugio a tal cantidad de personas? Ese fue sólo el primer caso de un largo proceso de crisis del instituto del refugio en la Unión Europea.
A esta situación objetiva, en los últimos años ha vendió añadiéndose más claras y explicitas prácticas políticas con huella xenófoba. El crecer de las desigualdades económicas (y democráticas) a partir de los años 90 entre países europeos y sus periferias lleva a la obsesión de un eficaz control migratorio sobre el temor de crecientes flujos migratorios hacia Europa. Si a esto le añadimos el redondo fracaso de las políticas de acogidas e integración, nos encontramos frente a un escenario en el cual la UE en su conjunto y separadamente cada país de la unión han buscado la manera de ir borrando el derecho de asilo y refugio consagrado en 1951. El tratado de Ámsterdam de 1997 pone en primer plano el derecho de asilo, sin embargo pronto el instrumento legal e ideológico va haciendo del derecho fundamental a la seguridad y protección una quimera que desaparece del orden práctico de la política migratoria europea. Primero difundiendo el infundado temor de una invasión, por la cual la situación en las fronteras se vuelve insostenible; luego contestando de forma siempre menos sutil el derecho al asilo; en fin desplazando el problema lejos de los ojos de la opinión pública, con la delocalización espacial, internando migrantes y refugiados en los CPTs o frenando su llegada en los países periféricos. Primero con el argumento de las demandas de refugio “fraudulentas”, luego con el instituto de los “países seguros”, la UE ha ido eludiendo el problema de los refugiados, para finalmente encontrar la solución de la manera más sencilla: la delocalización de la demanda.
Con los acuerdos que la UE está firmando y llevando a cabo con los países periféricos – norte de África y este europeo – sobre el tema migratorio, Europa está desplazando el control de los elevados flujos migratorios, delegando al mismo tiempo la recepción de las demandas de protección, siendo el refugiado obligado a pedir protección en el primer país adherente que encuentre en su camino de huida, según la misma Convección de 1951. Dicho en otras palabras, los migrantes que hoy escapan de conflictos y/o persecuciones, procedentes de países africanos (léase Darfhur, Chad, Congo, etc.) hoy se encuentran sin la posibilidad de llegar a Europa y pedir asilo, puesto que son detenidos antes en norte África. Para reírse, sino fuera que cuesta lagrimas y vidas, es el hecho que muchos de los países norteafricanos que “cooperan” con la UE en el control de los flujos migratorios siquiera adhieren a la Convección de Ginebra. De tal manera que no sólo él que escapa tiene mucho más escasas posibilidades de encontrar protección, sino que en algunos casos – Libia, por ejemplo, uno de los principales referentes europeos en África – no tiene siquiera la oportunidad de pedirla.
Una paradoja toda europea. La Unión Europea, que busca erigirse cual alternativa democrática a la prepotencia y arrogancia estadounidense y al mismo tiempo promotor más o menos conciente de las desigualdades e injusticias que provocan sus propias políticas económicas, se niega a recibir el resultado más concreto y vivo de su propia política: los profugos de guerras, carestias y políticas económicas neoliberales.

 
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