CPT: ¿qué son y qué futuro tienen?

En 1998, el entonces gobierno italiano de centro-izquierda promulgó la ley 40, cuyo articulo 12 instituía los Centros de Permanencia Temporánea (CPT). Estos lugares se transformaron a lo largo de estos años en el icona del control migrante en el territorio italiano, así como el objeto del escándalo de cualquier discurso que apunte a un justo y digno tratamiento del tema migratorio y de sus protagonistas, las miles de personas que cada año buscan mejor vida en Italia y, más en general, en los países de la Unión Europea.
Decretada su existencia, en las mayores ciudades de frontera aparecieron estructuras aptas a la función de encarcelar migrantes ilegales, bajo el nuevo formato de “detención administrativa”[1]: la ley prevé la detención de todos los extranjeros que se encuentren en territorio nacional sin los papeles para la regular estancia. La ley asegura que la detención puede durar un máximo de 60 días y luego el migrante tiene que recibir la definición de su situación: el permiso de legal estancia o algún tipo de procedimiento de expulsión, que puede variar desde la intimación a dejar el territorio nacional dentro de un determinado tiempo o la deportación forzada al país de origen. Actualmente se cuentan 26 entre CPTs propiamente dichos y estructuras similares (en muchas ocasiones parte del mismo CPT) aptas a recibir, identificar y, eventualmente, canalizar la petición de asilo.
Hasta la fecha nadie ha podido entrar en un CPT que no fuera policía, miembro del gobierno, diputado nacional o migrante detenido. Aunque los CPTs no son formalmente cárceles no existiendo el delito de clandestinidad, los migrantes no pueden salir, son detenidos, y nadie puede entrar. De esta manera, la información es tan escasa que hace gritar al escándalo, pues ya son más de ocho años que los CPTs regulan la migración en Italia y sin embargo el gobierno (de los tres que hubo hasta ahora, los tres de diferentes mayorías) sigue negando el acceso a las estructuras.

El dato económico

Los CPTs son estructuras públicas cuyo funcionamiento depende del Ministerio de Interiores. La información acerca de la gestión y los gastos relativos deberían ser pública. Sin embargo, el gobierno se niega a proporcionar información certera y coherente. Nadie explica por qué un migrante detenido en el CPT de Milán cuesta 75 euros al día, mientras que en Roma 34 euros o en Lampedusa, al extremo opuesto, el costo es de 37 euros. Sólo recurriendo a la Corte dei Conti[2] se puede aproximar una cifra que varía de lugar en lugar, sin ahondar nunca en la precisión: ¿es falta de competencia, en un secreto de Estado o hay algo que esconder? La duda surge en los últimos meses, durante los cuales se están descubriendo algunas irregularidades en la gestión de los CPTs. A este respeto, tampoco la información es mucha. Fruto de licitación pública, la gestión de los CPTs es encargada a empresas privadas en convención con el gobierno. Sin embargo, resulta extraño que son muy pocas las empresas que se reparten la gestión del elevado número de CPTs. Entre éstas, encontramos la Cruz Roja Italiana y la Caritas Italiana, pero más sorprendente aún es la presencia de alguna curia, sobre todo en el sur del país, y de la empresa Misericordie di Italia, cuyo director es el hermano del ex Ministro por las Relaciones con el Parlamento, Carlo Giovanardi. La licitación debería ser pública, pero como en el caso de Milán, documentado por Report[3], a la licitación sólo fueron convocadas tres empresas, entre las cuales Misericordie di Italia.
Lo que se sabe es que un CPT cuesta en el orden de 3,000,000 de euro al año en Lecce, en el sur de Italia, la mitad en Bologna, poco más de 2,000,000 de euro en Roma, sin contar los servicios de vigilancia privada, limpieza, manutención de los edificios y, en el caso de Modena, renta del espacio.

¿Hoteles o cárceles?

El gobierno que antecedió el actual, por la voz del Ministro por las Relaciones con el Parlamento, decía del CPT de Modena: “Es mejor que los hospitales. Ojala las casas de hospedajes para ancianos en este país tuvieran tantos servicios como el CPT de Modena”. Del CPT de Lampedusa, el Ministro de Interiores, obligado a visitar el lugar luego de algunas indiscreciones acerca de abusos cometidos, declaraba: “Es un hotel de cinco estrellas”.
El actual gobierno, que ganó una dura campaña electoral también con el tema de los CPTs y su “humanización”, habla de rebasar el concepto de CPT. Parte de la mayoría parlamentaria que hoy apoya el gobierno habla de cerrarlos de una vez por todas, por ser lugares inhumanos, comparables con las cárceles.
¿Quién tiene la razón? Difícil saberlo, pues los CPTs, ya lo dijimos, son áreas restringidas.
Sin embargo alguna información (en forma de voces, rumores y denuncias) logra salir del interior de los altos muros, alambres de púas y cordones de policías que rodean estas estructuras y nos habla de abusos, de maltratos, de vejaciones. En 1998, una nutrita marcha de organizaciones sociales solidarias con los migrantes, tuvo que enfrentarse a la policía para que el gobierno dejara entrar una delegación de manifestantes, diputados y periodistas al CPT de Trieste[4]. Tres días después, denunciadas las horripilantes condiciones en que se encontraban los migrantes ahí detenidos, el CPT fue cerrado. En otras dos ocasiones, en el 2005, sólo la valentía de un periodista, Fabrizio Gatti, pudo develar el abuso. Gatti se disfrazó de migrante rumano y se hizo detener. Pudo atestiguar abusos, golpizas, discriminaciones y arbitrariedades, todo a completa discreción de la autoridad de policía, pues no hay oficinas de tribunales en los CPTs[5].
Evidentemente, pero, los casos más importantes derivan de los testimonios directos de los detenidos que en su viva voz pueden contar lo que sucede en el interior de los CPTs. No son muchos los testimonios en este sentido, pues los migrantes viven bajo el constante riesgo de represalias.
A pesar de las difíciles condiciones para que los migrantes hablen y atestigüen, hay casos en los cuales, la exigencia de justicia ganó el miedo. El primero es el caso del CPTs de Lecce[6], en el cual, el 22 de noviembre de 2005, 17 migrantes tras intentar la huida del centro fueron agredidos, golpeados y torturados por el Director, junto a cuatro carabineros y algunos trabajadores del CPTs. Los migrantes en ese entonces tuvieron el valor de declarar y acusar al Director de maltrato. Según los testigos, el Director, auxiliado por los carabineros, pateaba y regalaba puños a los que intentaron la huida hasta llegar al extremo de obligar los migrantes, de origen árabe, a comer carne de puerco.
Otro caso es él del CPT de Bologna, en donde los carabineros tuvieron que intervenir tras una denuncia anónima vía radio según la cual en el interior de la estructura, la empresa gestora suministraba psicofármacos a los detenidos, con el fin de mantenerlos tranquilos. En Milán, como en otros casos, distintos enfermeros de los hospitales locales, han atestiguado casos de autolesionismo que llevó los migrantes hasta el quirófano.
Más reciente es el caso del CPT de Caltanissetta, en Sicilia. El 21 de octubre pasado un reportaje periodístico, otra vez, reveló las condiciones internas de las estructuras. Algunos migrantes africanos han denunciado discriminaciones y abusos por parte de los miembros de la Cooperativa Albatross 1973, la empresa gestora del Centro. Supérstites del naufragio del navío que los llevaba a Italia el pasado 20 de agosto, este grupo de migrantes ha conseguido el asilo político. Sin embargo, la exigencia de justicia los llevó con el periodista Giovanni Maria Bellu de La Repubblica. “No creía ver lo que vi, no creía verlo en Italia: los operadores del Centro, muchos norteafricanos, nos discriminaban por el color de la piel[7], nos cobraban todo, las tarjetas de teléfono, los cigarros, la comida. Si íbamos con el doctor teníamos que formarnos, mientras los norteafricanos nos rebasaban [...]. Nos proporcionaban las mismas pastillas para cualquier dolor denunciáramos, eran somníferos”, dice Mihretab Malik, de Eritrea. Las versiones coinciden, y más aún cuando se habla de las huidas: “He visto escapar 30 personas, luego otras cinco. Cortaron las rejas con una podadera, los operadores estaban ahí [...]. Pagaban para irse, y cuando se iban, ahí afuera estaba la policía y no hacía nada”, denuncia Mekonem Kribrome, de 24 años de edad. Es la primera vez que un grupo de migrantes decide denunciar los abusos de forma tan abierta. El día que esto sucede, el grupo de migrantes, ya con el asilo político en el bolsillo y libres de circular en el territorio italiano, son interceptados por dos patrullas: los agentes lo interrogan, los presionan y los amenazan. “Agradecemos a Italia que nos hospede, sabemos que estos actos son sólo de unas personas. Pero sí, tenemos miedo”.
Ahora habrá que esperar las investigaciones, una de la Procuraduría de Caltanissetta y una por el Ministerio de Interiores.

¿Cerrarlos o humanizarlos?

Definidos “lageres” por las organizaciones sociales que defienden los derechos de los migrantes, los CPTs se presentan como verdaderas estructuras de control, represión y anulación del derecho.
“No lo definiría lager, pues el lager nazi estaba pensando para aniquilar la persona hasta su eliminación física. En el CPT no se llega a tanto”, dice en entrevista Fabrizio Gatti. “Me gustaría que si mañana se escribiera una historia de la migración, estos lugares se llamaran con su brutal, fría y orwelliana sigla: CPT. Esa sigla que lo contiene todo. El problema real es que el gobierno está empezando a externalizar el problema, construyendo los CPTs en otros países, como Libia, por ejemplo, en los cuales lo derechos humanos no son respetados”.
Frente a los escándalos periodísticos y, cada vez más, las denuncias por parte de los migrantes que los CPTs producen, hay un fuerte movimiento social que gana terreno. La pasada campaña electoral tocó el tema en más de una ocasión. La derecha ofrecía endurecer aún más la política migratoria, la izquierda ganó proponiendo “cerrar”, “rebasar” y “humanizar” los CPTs. En la espera de la nueva ley migratoria prometida, el nuevo gobierno investiga y modifica algunas pequeñas reglas. Sin embargo ya no más se habla de humanizar estos centros de detención. Y mientras el gobierno sigue escondiendo información certera acerca de las reales condiciones en las cuales se vive adentro de los CPTs, acerca de los reales costos de estas estructuras, las calles cada vez más se llenan de personas y migrantes que no quieren ya más maltratos, que quieren libertad de circulación, libertad de soñar una vida mejor. Mientras en el palacio los políticos hablan de qué hacer con esta papa caliente en sus manos, el clamor de la calle es otro: “No se humanizan, hay que cerrarlos”.
[1] La Ley 40/1998 – y siguientes modificaciones - nunca habla del delito de clandestinidad, por ende la detención del extranjero por no tener los regulares documentos de estancia viola abiertamente el Art. 13 de la Constitución italiana.
[2] Organismo constitucional encargado de vigilar la administración del Estado.
[3] Transmisión televisiva del canal RAI 3, centrada en el periodismo de investigación.
[4] En el norte de Italia, a la frontera con la Ex Yugoslavia.
[5] Véase: http://espresso.repubblica.it/dettaglio-archivio/1129502
[6] Ciudad en el sur de la península italiana.
[7] La empresa gestora puso a trabajar algunos interpretes norteafricanos que, por su origen, tienen una tez más clara.