19 settembre 2009

África en la mira

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 19 de septiembre de 2009
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En el entorno de las protestas que se están desatando a raíz del anuncio de la construcción de siete bases militares estadunidenses en Colombia vale la pena mencionar el ya añejo caso de la ampliación de la base militar de Estados Unidos en Vicenza, ciudad del norte italiano. Aunque el caso ya ha sido expuesto en estas páginas (La Jornada, 17 de febrero de 2007), merece ser mencionado nuevamente por las evoluciones que ha sufrido en el último año.

Estamos hablando de los planes de ampliación de la base militar que Estados Unidos mantiene en tierras italianas desde hace unas décadas. El plan –aprobado por la entonces gestión de derecha, ratificado por la de centro-izquierda y promovido por el actual gobierno italiano– prevé la ampliación de las infraestructuras del viejo aeropuerto Dal Molin para que en él se pueda hospedar a las fuerzas militares de la 173 brigada aerotransportada del ejército estadunidense. Si en un primer momento la decisión respondía a las necesidades impuestas por el renovado escenario estratégico en el área del Mediterráneo –es decir: una reducida amenaza desde el este y un renovado interés hacia el Medio Oriente–, hoy la estrategia asume formas más definitivas.

En diciembre de 2008, lo que era el Comando Setaf (Southern European Task Force, Fuerza de Tarea del Sur de Europa), con sede en Vicenza, se ha transformado en el US Army Africa (ejército de EU en África). Esta mutación estratégica en las funciones de la presencia militar de Estados Unidos en Italia responde a la decisión tomada apenas dos meses antes de crear el Africom; es decir, el comando estratégico de todas las operaciones estadunidenses en el continente africano. Y si bien el Africom conservará su sede principal en la ciudad alemana de Stuttgart, su componente terrestre estará dislocado en Vicenza. De ser poco lo anterior, cabe destacar que las funciones del US Army en Vicenza, además de participar –como ya lo hace desde hace más de un año– en misiones de entrenamiento y asesoría militar en el continente africano, será sede del principal centro de formación estratégica de los ejércitos africanos. Lo que parece ser una reproducción de la temida Escuela de las Américas se llama Center of Excellence for Stability Police Units (CESPU, Centro de Excelencia para Unidades de Policía de Estabilidad) y se dedicará a la formación de 75 mil peacekeepers (custodios de la paz) internacionales dentro de 2010, 7 mil 500 de los cuales formarán parte de operaciones especiales de gestión de la transición de situaciones de crisis a situaciones de estabilidad, tomando como modelo las Unidades Multinacionales Especializadas utilizadas por la OTAN en Bosnia, Kosovo, Afganistán e Irak. Hasta ahora, declaró recientemente el comandante del Africom, William Ward, los miembros del US Army Africa han colaborado e intervenido en Ruanda, Liberia, Uganda, además de participar en las mayores operaciones tanto en las costas occidentales como en las orientales del continente.

Estas informaciones modifican el escenario para las reales funciones del proyecto Dal Molin. La población local, que desde hace más de tres años se organiza y protesta en contra de las nuevas infraestructuras militares, hoy cae en cuenta de la importancia estratégica de la base que quieren construir. Aun logrando hasta ahora impedir el avance de los trabajos de las nuevas instalaciones, la gente de Vicenza sabe que la batalla es aún muy larga y tendrá, tarde o temprano, que confrontar intereses militares y económicos de enorme magnitud.

Siquiera la esperanza provocada por la llegada de un presidente demócrata y afroestadunidense a la Casa Blanca pudo durar por mucho tiempo. En este sentido, las palabras de Loretta Sanchez, diputada demócrata y hoy exponente de la Comisión del Congreso para las Estrategias Militares, son esclarecedoras: Queremos consolidar nuestra presencia militar en el mundo, para estar listos para intervenir en África, Medio Oriente y las repúblicas ex soviéticas. Creemos que para estar más cerca de los lugares de conflictos es indispensable consolidar nuestras tropas en Italia, por esto la decisión con respecto de Vicenza. Y, por si las dudas, añade: No habrá vuelta atrás. Todas las decisiones están ya tomadas por ambos gobiernos (EU e Italia). Por eso el presidente Obama ha confirmado al anterior secretario de Defensa, Robert Gates..., la estrategia es la misma.

O casi, podríamos decir nosotros, puesto que la administración de George W. Bush había en más de una ocasión menospreciado al continente africano: No es para nosotros de importancia estratégica. El cambio es evidente y apunta hacia una nueva política que mira a África como el nuevo continente de conquista para los recursos del mañana. Y como suele suceder, los planes se llevan a cabo primero implementando y organizando la máquina militar y luego recurriendo a la diplomacia. Así las cosas, y con extremo retraso respecto del otro competidor/conquistador en África, es decir China –ya el segundo socio comercial del continente entero–, el pasado mes de agosto Hillary Clinton, la plenipotenciaria secretaria de Estado estadunidense, viajó a África en visita oficial. A esta altura de las cosas, poco importan los compromisos conseguidos por la diplomacia, puesto que, según las palabras de la ex subsecretaria para las relaciones con África, Theresa Whalen, la base de Vicenza será el instrumento más visible para promover nuestras relaciones con ese continente. Más claro, sólo el agua.

12 settembre 2009

Hipocresía europea en América Latina

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El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 11 de septiembre de 2009.
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La Unión Europea (UE) tiene una actitud hipócrita en las negociaciones de los llamados Acuerdos de Asociación con los países de América Latina. Si por un lado dice promover los derechos humanos, la integración regional y la promoción del desarrollo, la realidad de los hechos demuestra lo contrario: el único interés es la liberalización de los mercados y los servicios, y el acceso a los recursos naturales.

Así lo afirma el estudio titulado La Unión Europea: ¿Promotora de la integración en América Latina?, editado por el Transnational Institute (TNI) y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (REMALC), y realizado por los investigadores Alberto Arroyo Picard, Graciela Rodríguez y Norma Castañeda Bustamante.

La investigación detalla la historia reciente de la intervención económica y política de la UE en el continente latinoamericano. Señala, por ejemplo, que aunque las relaciones entre ambos continentes sean "ancestrales", desde la mitad de los años 90 se instrumenta una nueva etapa que culmina con la realización de un documento estratégico de la UE en 2006: "Europa Global: competir en el mundo".

En el estudio de la TNI destacan dos importantes razones por las que la UE instrumenta y, en los últimos años, acelera las negociaciones en América Latina: la primera, la importante penetración comercial que ha tenido Estados Unidos con la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con algunos países de la región, tras el fracaso, en 2005, de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); la segunda, el fracaso de las negociaciones en la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Cancún en 2003, evento durante el cual no sólo se deshicieron los temas de "inversiones, políticas de competencia y compras gubernamentales", sino que se hizo patente "la conformación de una coalición de países del sur" que se opone a las negociaciones de ciertos temas económicos.

A pesar de lo anterior, el documento recuerda que las negociaciones llevaron a firmar un Acuerdo con México en el 2000 y otro con Chile en 2003. A partir de 1995 comenzaron también las pláticas con el Mercosur, mientras que con otras importantes regiones, Centroamérica (CA) y Comunidad Andina de Naciones (CAN), las pláticas iniciaron formalmente en 2007.

Pese a estos "logros" en las relaciones entre los dos continentes, apunta el documento, "con el inicio del nuevo milenio se experimentan profundos cambios políticos en el Continente Americano" con la llegada de gobiernos de origen en la izquierda.

Añade: "Evidentemente estos nuevos gobiernos no tienen posturas y políticas homogéneas, pero tienen tres cosas en común: una fuerte base social popular, diversos grados de distanciamiento frente a la hegemonía estadounidense y el neoliberalismo, y un nuevo afán integracionista".

Por esta razón, afirma la investigación, la UE está obligada "a presentarse con un nuevo discurso", que pone "por delante su interés en los derechos humanos, la cooperación, el apoyo para la superación de la pobreza y la integración de las subregiones". Sin embargo, denuncian los autores de la investigación, aunque "la UE trata de convencer que es diferente de Estados Unidos en la relación que busca con AL [...] incluyendo a la cooperación para la integración", en los documentos oficiales europeos "se dice explícitamente que todo ello es buscando facilitar la firma de los Acuerdos de Asociación (AdA)".

En entrevista, Alberto Arroyo Picard, coordinador de la investigación y actualmente investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, advierte las dificultades que hay para explicar a la opinión pública acerca de los peligros de los AdA con la UE:

"Frente a Estados Unidos hay una actitud casi visceral, pues se dice: 'en donde está metido EU no hay nada bueno' [...] Con la UE es distinto, pues aún logran convencer a la opinión pública de su buena disposición".

Según Arroyo, los efectos de los tratados con la UE aún no se ven con claridad, "debido a que la inversión europea aún es menor que la estadounidense". Sin embargo, en el caso mexicano, "los resultados son más evidentes: el grupo financiero BBVA en 2008 tuvo, en términos absolutos, mayores ganancias en México que en España", lo cual "habla claro de las facilitaciones que han tenido en el país".


Intereses estratégicos


"La UE se ha planteado como objetivo central el de la cooperación para la integración de las subregiones en América Latina", explica el documento. Además, "esta integración está orientada a que dichas subregiones logren una unión aduanera y, a futuro, un mercado común", con apoyo de los AdA. Sin embargo, "dadas las asimetrías entre la UE y cualquiera de la regiones de América Latina, quienes se aprovecharían de esta unión aduanera serán principalmente las grandes empresas europeas".

En efecto, explica Arroyo, "hay que recordar que los AdA incluyen el principio de nación más favorecida, que significa que los socios del acuerdo deben ser tratados como el más privilegiado de los socios de cada parte".

El investigador mexicano aporta un ejemplo: "Si Venezuela firmara un Acuerdo con la UE, debería de venderle el petróleo con las mismas condiciones que sus socios del ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe)". Por esta razón, añade la investigación, la UE tiene especial interés en la integración regional, pues "el mercado interno de cada país es demasiado pequeño". Además, al "centrar su mandato de negociar AdA de región a región y no bilaterales con cada país", la UE "fortalecería su imagen de colaborador en la integración de cada una de las subregiones de América Latina".

Sin embargo, el estudio La Unión Europea: ¿Promotora de la integración en América Latina?, apunta que "este mandato es violado" cuando se presenta "la resistencia de algunos países a las propuestas del tipo de integración que promueve la UE". Ante ello, "la UE ha demostrado que si bien prefiere los AdA, está dispuesta a avanzar con 'quienes tengan la voluntad'". Así lo muestra, por ejemplo, "la negociación bilateral que se está planteando con Perú y Colombia", luego que Bolivia y Ecuador se opusieron a este tipo de acuerdos.

Por lo que tiene que ver con el capítulo de "cooperación", que estaría orientada a la integración regional, el documento explica que "ello es un instrumento para apoyar la negociación de los AdA que buscan, ante todo, una amplia liberalización del comercio e inversiones".

Abunda: "En el caso de México, la condicionalidad de la cooperación y el diálogo político a la apertura comercial se hace explícito". En lo específico, el artículo 60 del Acuerdo Global (entre México y la UE) "condiciona la cooperación a las concesiones en materia de liberalización, ya que se suspende la aplicación del Diálogo Político y la Cooperación hasta que se cumplan las decisiones previstas en los artículos 5 (comercio y bienes), 6 (comercio de servicios), 9 (movimiento de capital), 11 (competencia) y 12 (propiedad intelectual)".

Arroyo Picard es tajante al respecto: "El asunto de la cooperación es parte de un chantaje, porque de ahora en adelante, si no le entras se acaba la cooperación".


Cláusula democrática


La UE habla explícitamente de "participación de la sociedad civil en las negociaciones". Sin embargo, Arroyo sostiene que el contenido de los AdA "se mantiene en secreto".

Y pone como ejemplo el acuerdo firmado entre la UE y México en 2000. Apunta que "el principio de estos acuerdos es precioso: su fundamento es el respeto a los derechos humanos. Pero justo cuando las dos partes negociaban en Guadalajara, en 2004, en las calles de la ciudad se desataba la más feroz represión en contra de esa sociedad civil llamada a participar en las negociaciones".

El investigador define la llamada "cláusula democrática" como "una farsa". Luego abunda en la explicación: "Hay muchas contradicciones. Una de ellas: después de los hechos de Guadalajara, lo único que pudo decir la UE fue que la cláusula aplica para 'casos graves'".

Además, "hay una contradicción de fondo: los TLC no significan sólo la apertura de las fronteras a las mercancías, sino también la imposición de un modelo: el del libre mercado".

Según la citada investigación, la exclusión de la intervención gubernamental en el sector de los servicios --"como los del agua, la salud y la educación, que son también derechos humanos ineludibles--, equivale a privar de sus derechos básicos a la población de un país".

Según el investigador, "lo único que el libre mercado puede garantizar es eficiencia productiva y competitividad, seguramente no los derechos.

"La cláusula democrática no se puede aplicar, pues no están contemplados los instrumentos concretos para hacer efectiva tal cláusulas", añade Arroyo.

La investigación es aún más clara: "Es hipócrita afirmar que los derechos son el principio y fundamento de estos acuerdos, cuando sus contenidos violan los más elementales derechos económicos y sociales".

Un ejemplo acerca del capítulo de la propiedad intelectual: "Las patentes sobreprotegidas de medicamentos ponen las ganancias por encima del derecho a la salud".

03 settembre 2009

Dudas sobre los objetivos de 'la guerra al narco'

El presente artículo fue publicado en el periodico español Diagonal el día 3 de septiembre de 2009
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En la actual ofensiva militar del Gobierno mexicano en contra de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, la llamada “guerra al narco”, aparecen cada vez más sombras. Y muchas dudas. Las sombras pertenecen sobre todo al ámbito de los derechos de los ciudadanos que son puestos en entredicho no solamente por la presencia de más de 70.000 soldados en las calles del país, sino también por las modificaciones legislativas que han ido cambiando el contexto del conflicto entre el Estado y los carteles de la droga. Es importante mencionar el debate que se ha desatado en la sociedad mexicana alrededor del llamado “fuero militar”, es decir la posibilidad por parte de las tropas y sus mandos de ser juzgados siempre y de todas formas por los órganos de justicia militar. El debate se desata evidentemente por los ya incontables episodios de abusos por parte castrense hacia la ciudadanía: irrupciones en casas particulares, detenciones arbitrarias, violaciones a los más básicos derechos, pero también algunos homicidios, “errores” o “legítimas respuestas” que quizás un día, terminada esta absurda guerra (que solamente en el primer semestre de este año produjo 4.000 muertos), nos describirán como “efectos colaterales”. El último episodio de este debate es el rechazo, el 10 de agosto, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la posibilidad de juicio por parte de la justicia civil de los atropellos cometidos por los militares. La SCJN, llamada a resolver el dilema, ratifica la actual situación y no resuelve la contradicción creada por el uso del Ejército para funciones de policía. Por el otro lado, al recrudecerse la situación que conlleva cada día más muertos y violencia en el país, así como la evolución de la confrontación misma que orilla a la criminalidad a buscar cada vez más y nuevos instrumentos de supervivencia, obliga –por así decirlo– al Estado a adecuar la actual legislación, acotando libertades, irrumpiendo en la privacidad ciudadana, otorgando más poderes a sus fuerzas policíacas. Todo lo anterior sin meter mano alguna en los problemas reales: corrupción e impunidad.

En este escenario, surgen las dudas acerca de la real efectividad de la “guerra al narcotráfico” y también acerca de los intereses reales que puedan esconderse tras tanta campaña mediática. Es urgente recordar cómo la decisión inicial de promover un choque frontal entre las fuerzas del Estado y las organizaciones criminales haya respondido a la urgencia por parte de Felipe Calderón de legitimarse frente a una sociedad que aún hoy duda de la legalidad de las elecciones que le entregaron la Presidencia. Una decisión entonces que se puede leer a la luz de la prisa, de la necesidad apremiante de ofrecer un elemento fuerte y definitivamente cautivante para todos: el de la seguridad y de la guerra contra quienes la ponen en peligro. Por otro lado es preciso también subrayar la inutilidad de la estrategia actual del Gobierno mexicano. Una estrategia que parece trasmutada de la guerra al narco en Colombia, que busca nada más descabezar a los carteles, haciendo absoluto caso omiso no solamente de la naturaleza de estas organizaciones –parecidas a una hidra por su capacidad de sustitución de líderes–, sino sobre todo del entorno social que permiten la existencia de estas organizaciones y el cada vez mayor consenso social que consiguen.

2010, año delicado
Así, es necesario tratar de contestar las dudas. La creciente militarización de la sociedad mexicana evidentemente responde también a otras necesidades. Si el objetivo primario de vencer al narco no se estaría cumpliendo, ¿es posible pensar en objetivos secundarios? Por ejemplo, un 2010 que se perfila cada día más como un año delicado, debido no solamente a las consecuencias sociales que está comenzando a tener la crisis económica global en México, sino también al Bicentenario de la Lucha de Independencia de México y al Centenario de la Revolución (interrumpida). Ambos aniversarios, con un fuerte tinte simbólico, llamarán sin duda a la sociedad mexicana a confrontarse con una pregunta esencial: ¿se han cumplido cabalmente los anhelos de justicia, libertad, independencia y democracia reivindicados en esos dos momentos históricos? Responder, en el contexto de un empobrecimiento generalizado y en el medio del acotamiento de ciertos derechos –por el Estado de excepción que impone la guerra al narcotráfico–, es hoy quizás el mayor reto, tanto para la sociedad mexicana, cuanto para el Gobierno de Calderón. Mientras, el Gobierno parece adelantar posibles respuestas. Así la presencia militar asume nuevas características. Por un lado, el control territorial; por otro, ofrecer una señal inequívoca a aquellos que podrían estar pensando en soluciones más radicales que las protestas callejeras: estamos listos. En un escenario en el que el narcotráfico sigue sobreviviendo y la sociedad podría sublevarse, el Gobierno –de querer seguir existiendo– tendría solamente una vía de fuga: pactar con la delincuencia organizada y aniquilar a los revoltosos.

 
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