Estados Unidos: confidencias de un mercenario

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 30 de julio de 2010.
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La empresa estadunidense Blackwater, la primera contratista de Washington en la guerra en Afganistán y en Irak, también realizaría operaciones encubiertas en Pakistán.

La empresa fundada por el exmarine Erick Prince y cuyas ganancias, según el excongresista demócrata Henry Waxman, dependerían en un 90% por los contratos otorgados por el Departamento de Defensa (DD) y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, se encuentra operando a lado de las tropas de la OTAN y protegiendo a funcionarios de Estados Unidos desde 2002.

Aunque tanto Prince como el gobierno de Estados Unidos desmintieron la versión de la presencia de la empresa privada en Pakistán, fuentes anónimas de inteligencia estadunidense revelaron el año pasado al rotativo The Nation que Blackwater estaría presente en Pakistán en “operaciones especiales dirigidas por el Comando de Operaciones Especiales (JSOC)”.

Según la fuente, dichas operaciones utilizarían a “aviones no tripulados (drones)” en misiones secretas para eliminar miembros de Al-Qaeda en Pakistán. Lo anterior, revela la fuente, “porque (los contratistas) no son sujetos a la supervisión del Congreso” de Estados Unidos.

Dicha versión fue confirmada por el mismo Erick Prince, quien el pasado 14 de enero, en una ponencia ofrecida a “cadetes, comandantes militares, gente de negocios y veteranos (de guerra)”, cuyo título fue Superando las adversidades: el liderazgo en la punta de lanza, describió en detalle las actividades de Blackwater en los países del centro de Asia.

En la conversación reservada, cuya grabación consiguió el periodista de The Nation --el estadunidense Jeremy Scahill--, el dueño de Blackwater comentó que quien le pregunta si está consciente de que sus empleados, “están exentos (de ser sancionados) por las leyes internacionales, como la Convención de Ginebra, en sus operaciones en Irak, Afganistán y Pakistán”, él siempre contesta que sabe de ello y que “ellos (los enemigos) son gente que se arrastró desde las cloacas y tienen una mentalidad medieval”.

Añadió: “Son bárbaros, no saben siquiera dónde está Ginebra. Dejemos en paz esa convención que se hizo allá.”

Scahill refirió que Prince, “con tono confiado y conocedor”, ofreció un largo análisis de la situación en Irán y propuso que “soldados privados”, como los de Blackwater, sean empleados en países en donde Irán tiene cierta influencia: Yemen, Somalia y Arabia Saudí.

“No vas a resolver el problema metiendo ahí (en dichos países) soldados regulares, es una pista demasiado sensible políticamente”. En su lugar, afirma, “el sector privado puede operar con una muy, muy pequeña y muy baja huella”.

El dueño y fundador de la mayor compañía de soldados privados del mundo añadió en su ponencia que muchas tropas de la OTAN, cuyas nacionalidades no mencionó, “no tienen ganas de pelear (…) Muchos hacen (su trabajo), otros no. Es como un mosaico de distintos comitentes internacionales de los cuales algunos pueden hacer su parte y otros no”.

Sostuvo: “Muchos de ellos (fuerzas de los países de la OTAN) deberían empacar sus cosas e irse a su casa.”

Más adelante, en el mismo discurso, Prince se ufanó del entrenamiento que su empresa realiza todas las semanas con “mil 300 afganos”.

“Los agarras (a los ciudadanos afganos) y descubres que para ellos es la primera vez que se encuentran en algo de primera clase, algo que funciona”, detalló. “Los primeros días tenemos que darle clase de ‘introducción al uso del toilette’, pues –explica-- muchos de estos jóvenes nunca han visto un escusado antes”.

Prince señaló el “elevado número” de “líderes mundiales” que han sido objeto de atentados. En particular, se refirió al ataque contra el Papa Benedicto XVI realizado por una mujer durante la misa navideña el año pasado, así como el ataque al primer ministro italiano Silvio Berculsconi.

En este contexto, describió la protección que su empresa otorga a altos funcionarios estadunidenses en Afganistán, entre los cuales se encuentra el embajador de Estados Unidos, Karl Eikenberry. Acerca de estos eventos, Prince narró el episodio acontecido en Bagdad en diciembre de 2008 cuando un periodista iraquí lanzó un zapato al entonces presidente George W. Bush.

Muntadhar al-Zaidi, el atacante que Prince describe como a un “bombardero de zapatos”, fue inmovilizado por personal de Blackwater. Según el exmarine estadunidense, aunque su empresa no está nunca a cargo de la protección del presidente, tarea exclusiva del Servicio Secreto de Estados Unidos, sus hombres “respondieron inmediatamente y mucho más rápido” que los agentes asignados a la tarea.

En la misma grabación, el dueño de Blackwater detalló la presencia de la empresa en Afganistán, nación en la que se encuentra desde abril de 2002. Actualmente los soldados privados de Prince tienen en sus manos el control de cuatro Bases de Operaciones Avanzadas (FOB, por sus siglas en inglés) ubicadas en los cuatro puntos cardinales de Afganistán.

En particular, Blackwater tendría bajo su mando una FOB en la localidad de Boldak, en el sur del país, en un territorio que “es la mayor área de tráfico de droga”. Otra base estaría ubicada en las cercanías de Herat, a “sólo 15 millas de la frontera con Pakistán”.

A propósito de tráfico de sustancias ilícitas, Prince describió la llamada Unidad de Interdicción Antinarcóticos (NIU) de su empresa que habría comenzado a operar en Afganistán hace cinco años. Compuesta por al menos 200 elementos, dicha unidad, según dijo, habría “eliminado el equivalente de 3.5 mil millones de dólares de heroína” gracias a múltiples operaciones “no en contra de los campesinos, sino de los traficantes”.

En una de estas operaciones realizadas en julio de 2009, detalló Prince, “hicimos el más grande decomiso de hachís en la historia del país (Afganistán)”.

Afirmó que cuando los miembros de NIU encontraron el depósito de la sustancia ilícita “no tenían suficiente equipo para destruirlo”, de tal manera que mandaron a llamar a los soldados de la OTAN.

Naturalmente, subrayó Prince, “ya saben, cada país de la OTAN que intervino se quiso llevar el crédito por la destrucción de la droga”.

Finalmente, el dueño de Blackwater reveló la presencia de sus soldados en Nueva Orleans en 2005 durante las operaciones de rescate por el paso del huracán Katrina. Tras esa experiencia que Prince definió como “exitosa”, Blackwater estaría pensando en crear un “reparto de ayuda humanitaria masiva”.

“Si los militares somos tan buenos en mover equipo y hombres en el combate, ¿por qué no podemos hacerlo por el lado humanitario también?”, preguntó a los asistentes.Según Prince, con la ayuda generosa de algunas corporaciones privadas, se puede conseguir un barco de al menos 250 metros, que pueda llevar mil 700 contenedores y más de 250 vehículos.

El trabajo os hace libres

El presente artículo fue publicado en el periodico mexicano La Jornada el día 18 de julio de 2010
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El 30 de junio pasado, el ejército del coronel Kadafi, en Libia, tomó por asalto el centro de detención para migrantes de Misratah, localidad cercana a la capital del país africano, Trípoli. La razón: castigar a los cerca de 250 migrantes, ciudadanos de Eritrea, culpables de haberse negado a ofrecer sus datos a las autoridades locales. El rechazo a proporcionar sus nombres y apellidos no es casual ni caprichoso. Temían –y siguen temiendo– que Libia trasmitiera la información al gobierno de Asmara y que éste no sólo los boletinara por haber abandonado el país, sino que, en su caso, tomara venganza con las familias que se habían quedado.

Tal postura se desprende del testimonio de un protagonista, quien pudo comunicarse vía telefónica con la prensa: El 29 de junio funcionarios libios nos pidieron nuestros datos generales para comunicarlos a la embajada de Eritrea. Nos rehusamos, pues el régimen de Asmara se habría vengado con nuestras familias. Y más adelante: El presidente Issyas Afeworki es implacable y no tolera la disidencia. Así, los libios nos acusaron de insubordinación y rebelión. Como castigo, los migrantes fueron deportados al campo de Al Brak, en la zona fronteriza sur de Libia, en medio del desierto del Sáhara.

Quien intentó escaparse o rebelarse a la decisión de que fueran deportados, mil kilómetros más al sur, fue golpeado y torturado, según el testimonio. Los migrantes se encontraron de un día a otro en medio del desierto, incomunicados, muchos de ellos heridos, sin asistencia médica, a merced de las autoridades de Kadafi, mismas que no prestan oídos a los reclamos del Alto Comicionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La oficina de Naciones Unidas en Trípoli fue cerrada a principios de junio sin explicación alguna. El pretexto fue sencillo: Libia no ha firmado nunca los tratados internacionales sobre refugio.

Los migrantes de Eritrea, que a la luz de la situación bien se suman a la larga lista de potenciales refugiados, vivieron varios días desprotegidos en el sur de Libia. Estamos desesperados, expresó otra voz antes de que las autoridades le encontraran el teléfono celular que llevaba escondido. Si no obedecemos nos llevan a Eritrea, lo que para nosotros significa la muerte. Si obedecemos serán nuestras familias, pues se vengarán con ellas porque nosotros escapamos.

Conocida la noticia, en Italia se desató el clamor mediático. ¿Por qué Italia? Porque, acusaron inmediatamente los movimientos de solidaridad con los migrantes, esos potenciales refugiados son los mismos que el gobierno italiano expulsó en hace meses. Es decir, esos seres humanos son parte de los migrantes que la armada italiana detiene ilegalmente en alta mar y regresa a Libia. Tal hipótesis, rechazada por el ministro de Interiores italiano, Roberto Maroni, encontró aval en la petición formal que el comisario para los Derecho Humanos del Consejo Europeo, Thomas Hammarberg, hizo al gobierno de Roma el 2 de julio: Intervengan.

El gobierno italiano, aun evadiendo cualquier implicación en el caso, echó a andar la maquinaria diplomática para que Kadafi desistiera de su política represiva. Y tras pocos días de intensas pláticas entre las dos orillas del Mediterráneo –cercanas por la muy buena amistad entre el coronel Kadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, más lejanas para los migrantes–, el 6 de julio se alcanzó el acuerdo de liberación y residencia en cambio de trabajo. En otras palabras, los refugiados de Eritrea podrán salir de su encierro y residir en Libia mientras acepten realizar “trabajo socialmente útil en distintas shabias (comunas) de Libia”. El convenio de liberación fue aceptado sólo por 140 refugiados del grupo.

El gobierno italiano nunca se echó para atrás (...) en la cuestión de los derechos humanos, se apresuró a declarar el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. Y tras responsabilizar a la Unión Europea, porque no toda la carga puede caer sobre los hombros italianos, añadió que no hay ninguna prueba de que los ciudadanos de Eritrea víctimas de esa persecución hayan sido deportados por la parte italiana. Una semana después, el periódico italiano Il Manifesto difundió un video, realizado el primero de julio de 2009 desde un barco de migrantes, en el cual se ve no sólo cómo la armada italiana rechaza a potenciales refugiados, sino sobre todo que 11 migrantes que aparecen en las imágenes son 11 personas incluidas en las listas de detenidos en Al Brak. Una casualidad.

Libertad en Libia, entonces. Pero, ¿cuál libertad? libertad de ser esclavos por tiempo indeterminado en un campo de trabajo libio sin que nadie, absolutamente nadie, se ocupe primero de investigar los abusos de estos días por las autoridades de Kadafi; segundo, que esos abusos no se repitan, y, tercero y más importante aún, que se otorgue el debido estatus de refugiado.

Ninguna libertad de circulación, ninguna garantía, ninguna protección, se encuentra en el acuerdo firmado por las autoridades de Libia tras la presión italiana. No hablemos de quienes no aceptaron el acuerdo, pues nunca conoceremos su destino. Al contrario, la suerte de quienes aceptaron el convenio quizás se pueda vislumbrar pensando al título mismo del acuerdo: libertad a cambio de trabajo, o sea, el trabajo os hace libres.

Canadá: Rivera, el refugiado político mexicano

El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 16 de julio de 2010.
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Desde el pasado 27 de abril, el abogado mexicano Enrique Rivera Sierra es un “refugiado” en Canadá conforme a la Convención internacional de Ginebra.

Así lo señala la sentencia emitida por la División de Protección a los Refugiados de la Oficina de Inmigración y Refugiados (IRB, por su sigla en inglés) del gobierno de Canadá, la cual fue firmada por el juez de ese país, Michel Byczak.

Rivera, originario de San Luis Potosí y exrepresentante legal del Frente Amplio Opositor (FAO), llegó a la ciudad de Montreal el 24 de mayo de 2007 y pidió refugio después de que durante meses él y sus compañeros del FAO sufrieron hostigamiento y actos violentos. La razón: su rechazo a las actividades de la empresa Minera San Xavier (MSX), subsidiaria de la empresa canadiense New Gold Inc.

De hecho, el activista mexicano decidió pedir refugio a Canadá tras la emisión por parte de las autoridades de San Luis Potosí de una orden de aprensión en su contra, en la que, afirma, le imputaron “delitos falsos”.

Sin embargo, para que las autoridades canadienses le otorgaran el status de refugiado tuvieron que pasar casi tres años. Él y su abogado, el canadiense Jared Will, proporcionaron todo tipo de pruebas que, según la sentencia, demostraron que “hay la razonable posibilidad” de que será perseguido si regresa a México.

En la sentencia de cinco páginas, el juez Michel Byczak hace una cronología de hechos, en la que destaca una golpiza que Rivera recibió el 14 de abril de 2006 “por parte de empleados de MSX” y la “persecución” de la que fue objeto en mayo de 2007 por parte del gobierno de Jesús Marcelo de los Santos, quien utilizó “su autoridad para perseguir a los activistas a lo largo del estado de San Luis Potosí”.

Aunado a lo anterior, el documento señala que una “marcha pacífica realizada en diciembre de 2006 fue atacada por golpeadores a las órdenes de la gente de MSX”.

En el documento, el juez canadiense advierte que el Estado (mexicano) “podría utilizar la ley de manera discriminatoria”. El solicitante, sigue el documento, “ha tratado de hacer todo lo que quedaba en sus posibilidades”.

Añade que “como el solicitante es requerido por las autoridades (...) éste podría correr el riesgo de ser detenido sin tener la oportunidad de ver sus derechos legales oportunamente representados”.

Más adelante, el texto afirma que “en las circunstancias particulares de este caso, el tribunal piensa que el solicitante ha probado con suficiencia que hay la razonable posibilidad para creer que, en caso de volver a México, será perseguido ahora como en el futuro”.

Además, “no tendría la posibilidad de tener la protección del Estado, pues éste, tanto a nivel estatal como federal, ha sido su perseguidor”.

Un expediente “bien fraguado”

Rivera Sierra, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sal Luis Potosí (UASLP), fue el abogado del FAO y por lo tanto “una de las caras visibles del movimiento” en contra de las actividades de la MSX en el Cerro de San Pedro, en el valle de San Luis Potosí.

En entrevista telefónica con Apro, Rivera recuerda que “la represión se puso muy fuerte, sobre todo por parte de la empresa, amparada por el gobierno panista de Marcelo de los Santos”.

Cuenta que el 14 de abril de 2006 guardias blancas de MSX, encabezadas por Ramón Márquez, lo atacaron a él y a su compañera Lorena Gil Barba. Recuerda que lo dejaron bañado en sangre.

Un año después, el 1 de mayo de 2007, Rivera y los integrantes del FAO participaron en una marcha por el Día del Trabajo. “Estaban también unos estudiantes universitarios que tras ser provocados por la policía fueron detenidos”, recuerda.

Dice que cuando fue a pedir la liberación de los cinco arrestados en su calidad de representante legal del FAO, “pude platicar con ellos y me enteré que las autoridades querían que los muchachos, a cambio de su libertad, firmaran unos papeles en los que me acusaban de haberles entrenado, pagado y proporcionado estupefacientes para que hicieran desmanes en el desfile de ese 1 de mayo”.

Tras ese episodio, los integrantes del FAO realizaron una investigación y se dieron cuenta que “había un plan por parte del gobierno del estado” para detener al activista.

“El 5 de mayo, llegando a mi casa de una reunión que tuvimos en San Pedro, encuentro mi hogar rodeado por unas diez patrullas de policía”, cuenta. “Desde ese día no duermo en mi casa”. Se escondió en “una casa de seguridad del movimiento” en la capital del estado.

Desde su “escondite”, el abogado solicitó un amparo que el Juzgado Tercero de Distrito de San Luis Potosí le otorgó cuatro días después. Gracias a ese recurso legal pudo percatarse de las acusaciones en su contra: motín, asociación delictuosa y faltas contra la salud. Dichas acusaciones fueron realizadas por la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, cuya directora era María Luisa Paulín.

“Todo el expediente fue muy bien fraguado tanto por la empresa New Gold como por el gobierno estatal y la Procuraduría General de la República (PGR)”, afirma.

Después de recibir el amparo, las autoridades judiciales citaron al activista a una “audiencia constitucional” para el día 10 de mayo. Tras considerar la situación, Rivera decidió no presentarse y optó por ir primero a la ciudad de Querétaro y luego a la Ciudad de México.

“Ya en la capital, decidimos que saliera del país e irme a Montreal a pedir refugio”, pues en la ciudad canadiense “teníamos compañeros trabajando para el FAO”.

La espera

“El 24 de mayo de 2007 llegué al aeropuerto de Montreal, donde inmediatamente pedí refugio al gobierno canadiense”, relata. “Me apartaron de la fila (de personas) y comenzó así el tortuoso procedimiento burocrático”.

El abogado mexicano dice que en Montreal existe un grupo de estudiantes de la Universidad McGill que desde hace seis años colaboran con el FAO en “la denuncia de la compañía New Gold” por sus actividades en Cerro de San Pedro.

Explica que con la ayuda del abogado Jared Will, el proceso de recopilación de documentos y pruebas para sostener la petición de refugio tardó “unos ocho meses”. Una vez entregados los papeles a las oficinas del IRB, el mexicano quedó a la espera.

“El proceso se extendió demasiado –comenta--. Duró casi tres años”.

El 17 de diciembre de 2009, las autoridades canadienses concedieron a Rivera la primera audiencia. En ella, el juez Michel Byczak escuchó al solicitante y a su abogado y decidió posponer la decisión para una fecha posterior no especificada.

En febrero pasado, por correo, llegó la notificación de la nueva audiencia: 27 de abril pasado. Rivera comenta que en esta ocasión él y su abogado pudieron aportar “más pruebas relativas a la situación en México, a la condición de los luchadores sociales, a los abusos que sigue realizando la empresa Minera San Xavier”.

Entre “los abusos”, incluyó el caso de amenazas recibidas por otro activista del FAO, Juan Carlos Ruiz Guadalajara.

Consultado al respecto, Ruiz Guadalajara refiere que el pasado 13 de marzo por la noche, en pleno Festival Cultural Cerro de San Pedro (acto organizado cada año por el FAO) el empleado de la MSX, Ramón Márquez, autor de la golpiza a Enrique Rivera en 2006, lo abordó en plena plaza del pueblo, frente a policías estatales y el secretario del ayuntamiento de Cerro de San Pedro.

--¿Sabes quién golpeó a Enrique Rivera? --preguntó Márquez a Ruiz.

--Sí, fuiste tú --respondió este último.

--Sí, fui yo, y sigues tú --amenazó Márquez.

El 27 de abril, fecha de la nueva audiencia, Rivera y su abogado contaron con el testimonio del exdiputado por el Partido Convergencia, Jesús González Schmal, lo que “fue pieza clave” para aclarar al juez canadiense los pormenores y “el contexto jurídico de mi caso y las diferencias entre los ordenamientos” canadiense y mexicano.

También durante la audiencia el juez preguntó a Rivera cuánta gente participaría en el movimiento de oposición a la MSX. “Le dije la verdad: somos cerca de 70 personas que participan de manera activa y permanente, pero que el 22 y 23 de octubre de 2006, en una consulta pública que organizamos en el valle de San Luis Potosí, en donde convergen los municipios de San Pedro, La Soledad y la capital del estado, hubo la participación de 20 mil personas, de las que 97% estaba en favor del movimiento social”, cuenta.

Satisfecho, el juez “pronunció la sentencia favorable”.